El Partido Popular Europeo (PPE) ha materializado una de los dos condiciones que puso a la Alianza de Socialistas y Demócratas (S&D) la semana pasada para acceder al nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta verde de la Comisión Europea. De ambas, la más fácil: que la elección del nuevo Ejecutivo comunitario no se desbloqueara hasta que la todavía vicepresidenta tercera compareciera en el Congreso y, así, diera la cara por su actuación en la DANA que arrasó la Huerta Sur de Valencia el pasado 29 de octubre. No obstante, en el documento firmado por populares, socialistas y liberales este miércoles no consta que Ribera tenga que dimitir si es imputada.
Sí en el texto de evaluación con que el PPE dio luz verde a Ribera a última hora de este miércoles. "El Parlamento Europeo pide un compromiso claro e inequívoco por parte de la Sra. Ribera de dimitir inmediatamente del Colegio de Comisarios en caso de que se presenten contra ella cargos o diligencias judiciales, en relación con los trágicos sucesos de la DANA, que pudieran perjudicar o menoscabar la reputación y la integridad del Colegio o como consecuencia de los cuales ya no estuviera en condiciones de cumplir los requisitos para el desempeño de sus funciones, en cumplimiento con los apartados 12 y 13 del Código de Conducta de los Comisarios", se puede leer en la review final de la candidata del PSOE.
Además, un comunicado remitido a los medios de comunicación ayer, el PPE se hizo eco de la exigencia planteada por la diputada popular Ester Muñoz en su interpelación parlamentaria. Una reivindicación capital para Feijóo, amparada por la familia popular europea: que Ribera "se comprometa a dimitir de su posible cargo en la Comisión Europea en caso de resultar imputada por su gestión en las inundaciones que han asolado dos regiones españolas". Eso sí, como ya se ha indicado, la cláusula no se incluyó documento firmado por Manfred Weber, Iratxe García y la macronista Valérie Haye, portavoces del PPE, S&D y Renew, respectivamente, consta tal cláusula.
Sin embargo, fue el eurodiputado, vicepresidente del PPE y vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, quien aseguró que el PP Europeo "no está dispuesto a dejar pasar a Ribera sin una aclaración en el dictamen que diga que si Ribera es investigada deberá dimitir inmediatamente". Un extremo que indicaría el respaldo de la familia popular en la Eurocámara apoya la exigencia de su capítulo español. Además, según aseguró Pons en una entrevista en el programa La Brújula de Onda Cero, "algún primer ministro llamó a Sánchez para pedirle cambiar de candidato y le sorprendió que Sánchez le colgara el teléfono".
"Muchos juzgados implicados"
A falta de un compromiso "tácito o expreso" –como piden en el PP–, será Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quien habrá de atajar el entuerto en el seno de un Colegio de Comisarios que no contará con los votos favorables de los 22 eurodiputados populares la semana que viene en Estrasburgo. "¿Qué hará Ursula si Ribera es imputada? ¿Aplicará el artículo 17 del TUE [Tratado de la Unión Europea]?", se pregunta en conversación un eurodiputado popular sobre un precepto que reza, literalmente, que "un miembro de la Comisión presentará su dimisión si se lo pide el presidente".
Aseguran en el equipo de Feijóo que quieren "ahorrarle ese trámite" a Von der Leyen. E insisten en un compromiso de la futura comisaria de Competencia, sabedores de que su llegada al puesto de mando de la Unión Europea provocará que pierda su aforamiento en España. Es cierto que a partir de ahora disfrutará de una nueva inmunidad en el ejercicio de sus funciones. Pero también lo es que quedaría desprotegida de las posibles acciones judiciales que se activen en los juzgados españoles por su labor en el Gobierno de España. O lo que es lo mismo: Ribera podría quedar a merced de cualquier querella presentada en un juzgado de provincias.
¿Creen entonces en Génova que Ribera pueda ser imputada? "Sí", contestan sin miramientos. "Hay más riesgo que antes: ya tiene tres querellas en el Tribunal Supremo", recuerdan. Sólo hasta el pasado 13 de noviembre, según informaban a Vozpópuli fuentes jurídicas, eran un total de nueve las denuncias y querellas interpuestas por delitos como omisión del deber de socorro u homicidio imprudente sólo contra miembros del Gobierno; es decir, sin contar las que también hay contra la Generalitat Valenciana que preside Carlos Mazón. Los autores de dichas actuaciones son entes como el partido Iustitia Europa (el cual también se ha querellado contra el presidente valenciano), el sindicato Manos Limpias (que ha registrado hasta tres escritos), la formación política Vox, la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, el Movimiento para la Regeneración de España y dos particulares.
"Es probable que Ribera sea investigada, porque con la legislación europea y española en la mano, en el momento en el que deja de ser ministra cualquier juez de España puede imputarla en cualquier momento", ha expuesto Pons en la entrevista radiofónica antes citada. "Habrá muchas acciones judiciales y ella pierde el fuero cuando deje de ser ministra. Hay muchos juzgados implicados y no es improbable que acaben investigándola", ha zanjado.
