Los fraudes, a finales de los noventa, se medían en pesetas, en centenares de millones de pesetas. Así, en la antigua moneda, ha tenido que operar la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Valencia para calcular cuánto estafaron las empresas involucradas en la construcción de Terra Mítica, y cuánto defraudaron a la Hacienda pública con facturas relacionadas con el parque temático de Benidorm.
El resultado final de las cuentas de la Fiscalía, según el escrito de calificaciones al que ha tenido acceso Vozpópuli, es el siguiente: los 28 acusados y 23 empresas presuntamente responsables defraudaron al fisco el equivalente a unos 10,5 millones de euros actuales (7,3 millones de euros en precios de la época). Lo hicieron al no pagar ni IVA ni Impuesto de Sociedades en los años 2000 y 2001. Además, estafaron de forma continuada, emitiendo facturas por trabajos no realizados, unos 2,5 millones de euros de euros actuales (1,8 millones de la época). Todo según cálculos realizados por Vozpópuli en base a las cantidades estimadas por el Ministerio Fiscal.
El presunto cabecilla y máximo responsable es el empresario Vicente Conesa Fernández-Vitoria. Para él se pide un total de 22 años de prisión por un delito continuado de estafa y seis delitos contra la Hacienda Pública.
Un caso de gran corrupción que se ha ido desinflando
Todo comenzó el 27 de julio del año 2000. El Príncipe de Asturias y el presidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, inauguraban el Terra Mítica en Benidorm. Con él se trataba de elevar aún más el perfil de esta localidad como destino turístico. Era uno de los sueños de Zaplana, que ya en 1992, como alcalde de la ciudad, intentaba negociar la construcción de un parque temático. En 1998 se colocaba la primera piedra.
“Si los trabajos realizados valían 50, los empresarios cobraban 30 y facturaban 90... La diferencia se la entregaban a Vicente Conesa”.
Al olor del dinero acudieron decenas de empresarios, entre ellos Vicente Conesa, cercano a Eduardo Zaplana. Conesa era, según la Fiscalía, el “administrador de hecho” de las empresas que presuntamente se llevaron dinero de Terra Mítica por obras no realizadas (C3, Depimsa y Delta Agrícola, entre otras) y defraudaron a Hacienda, todo en grandes cantidades.
Pero Conesa no era el único: para Antonio Moreno Carpio y José Luis Rubio la Fiscalía ha pedido penas superiores a los 10 años y la retirada del pasaporte para evitar su fuga.
En 2005, el diputado de los socialistas valencianos José Camarasa denunció el caso. Grabó a dos de los empresarios contratistas confesando las comisiones. “Si los trabajos realizados valían 50, los empresarios cobraban 30 y facturaban 90: era la condición para trabajar en Terra Mítica”, ha asegurado durante el juicio oral que ha terminado esta semana. “La diferencia se la entregaban a Vicente Conesa”.
La instrucción del caso ha sido tremendamente accidentada, y ha incluido denuncias de Zaplana contra los que afirmaban que Vicente Conesa le daba parte de las mordidas.
El juez Francisco Silla realizó la instrucción y abrió en 2014 juicio oral contra los acusados. Este jueves terminó esa fase y las fiscales Carmen García Cerdá y Mª Ángeles Martínez Marzal presentaron el escrito de calificación. Esta semana se ha sabido también que se retiraba de las acusaciones a seis de los imputados.
Con todo esto está a punto de terminar una de las mayores macro-causas valencianas. Lo que comenzó con nombres de importantes políticos implicados, casi 100 tomos y 40.000 folios de documentos, parece que va a terminar con dos docenas de personas, en su mayoría empresarios, en la cárcel.
Ya sólo queda la emisión de los alegatos finales (los informes) y la sentencia. El tribunal del juzgado nº 3 de Valencia se ha retirado a deliberar. Fuentes judiciales apuntan a que, casi con toda seguridad, la sentencia se conocerá antes de que termine 2016, y es posible que incluso durante este año.
