El mercado del automóvil en Europa, y en España, lleva apostando desde hace una década por el coche eléctrico, una apuesta obligada en el caso de los fabricantes ante la cada vez más exigente normativa europea de emisiones que aprietan cada vez más, y que en este 2025 va a suponer todo un reto, o un problema en muchos casos, pues la nueva normativa que entra en vigor reduce sensiblemente los niveles medios de CO2 en las ventas globales de cada fabricante.
En concreto, la nueva normativa establece que desde este mes de enero se deben reducir las emisiones de 116 gramos de CO2 por kilómetro a sólo 94 en los vehículos nuevos, y en caso de excederlo supone multas de 95 euros por cada gramo de exceso multiplicado por el número de vehículos vendidos.
Y para lograr esa reducción de emisiones, se hace imprescindible aumentar notablemente la venta de modelos eléctricos para equilibrar las matriculaciones todavía mayoritarias de los modelos de combustión y seguir con el crecimiento del mercado.
Pero si el crecimiento de ventas de coches eléctricos ha sido notable en el último lustro y todo apuntaba a que iba a seguir así permitiendo a los fabricantes no superar esos límites de emisiones, el frenazo vivido el pasado 2024 ha puesto en alerta a las automovilísticas, que viendo la dificultad de cumplir los objetivos de emisiones, han tratado desde hace meses de que la Unión Europea revisara la normativa y retrasara su entrada en vigor, algo que de momento se ha rechazado.
Y es que la gran inquietud para los fabricantes son los plazos fijados por la Unión Europea para 2025 y 2030, en los que tendrán que presentar una rebaja muy sustancial de emisiones de dióxido de carbono (CO2) en los vehículos vendidos que sólo es posible con un fuerte tirón de las matriculaciones de eléctricos, bajo la amenaza de miles de millones de euros en sanciones en caso de incumplimiento.
En concreto, la patronal europea del automóvil señala que, si se mantiene la tendencia del mercado con unas ventas de eléctricos estancadas, los fabricantes tendrían que hacer frente a unas multas que podrían llegar a los 10.000 millones de euros. Eso, o dejar de producir en las fábricas miles de turismos de combustión.
¿Permitirá Europa un frenazo en la industria del automóvil para evitar esas multas? Ese es sin duda un dilema al que se va a enfrentar poniendo el peligro miles de empleos si no mejoran considerablemente los niveles actuales de ventas de vehículos eléctricos, y que supondría que los fabricantes tendrían que abandonar la producción de 2,5 millones de coches de combustión, el equivalente a cerrar varias fábricas europeas.
Triplicar los eléctricos en España
En el caso de España, después de superar en 2024 por primera vez desde hace cinco años el millón de nuevas matriculaciones, las previsiones para este año señalan que el mercado automovilístico interno podría volver a superar esa cifra con un crecimiento del 4,5% respecto a este año.
Sin embargo, para cumplir con los nuevos límites de CO2 por kilómetro, sería necesario que los vehículos de cero emisiones representaran aproximadamente el 25% de las matriculaciones, es decir, casi 240.000 unidades. Una cifra que está muy lejos de las 65.000 matriculaciones de coches eléctricos registradas en 2024.
Si la venta de eléctricos no logra despegar este 2025 al ritmo necesario, no se podrían vender los mismos vehículos de combustión que en 2024 para evitar las multas, y se calcula que España se vería obligada a reducir la matriculación de unas 175.000 unidades de esta tecnología.
Una medida que tendría consecuencias directas, frenando la actividad económica derivada del mercado, debilitando la competitividad del sector y no pudiendo democratizar el acceso a la movilidad.
Por ello, Faconauto, la patronal de los concesionarios, subraya que el objetivo clave para este 2025 debe ser alcanzar un mercado de 1,2 millones de matriculaciones, impulsando necesariamente una mayor cuota de vehículos eléctricos.
