Una respuesta forense, no una réplica política, ante un referéndum “como la copa de un pino”, según expresión acuñada por Soraya Sáenz de Santamaría. Ésta es la que ha puesto en marcha el Gobierno para anular la convocatoria de la consulta soberanista del 9 de noviembre. El camino legal está exento de enigmas porque llega amparado por la Constitución y por su máximo intérprete. En el lleva trabajando el Gobierno desde hace meses y, por tanto, no se esperan sorpresas. No cabe pensar que un Gabinete tan bien acordonado por abogados del Estado como éste naufrague en las formas. El guion es, pues, predecible: al informe del Consejo de Estado seguirá el Consejo de Ministros que dará traslado de los recursos al Tribunal Constitucional. Su admisión a trámite paralizará el referéndum la semana que viene por lo que si Artur Mas no contraviene la ley, el juego procesal se habrá acabado.
Sin embargo, el político, no. Los últimos exploradores llegados de La Moncloa aseguran que Mariano Rajoy, que hasta ahora tenía su cabeza en las inversiones chinas en España, no quiere mover un dedo hasta ver qué pasa el 9-N. Dos escenarios posibles: que Mas haga un simulacro de consulta para contentar a Oriol Junqueras (ERC) o que se arredre y renuncie a cumplir el compromiso que le ha servido de salvavidas en esta legislatura. El primero le valdría, probablemente, para estirar la tensión soberanista hasta las elecciones de mayo, facilitar a Esquerra la toma de la tesorería de cientos de ayuntamientos y agotar el mandato. En cambio, si opta por acatar la ley, se vería obligado a convocar elecciones anticipadas.
Esta es, en síntesis, la encrucijada que acaba de abrir el desafío secesionista, ante la que el Gobierno parece manejar una única opción, como ha recordado este sábado la vicepresidenta: hacer cumplir la ley. Mejor la ley que los tanques, le han aconsejado con distinto lenguaje a Rajoy tanto Felipe VI, como el nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez, además de empresarios y financieros que conocen bien el paño catalán. Son los mismos que le han recordado también al presidente que hay que darle a Cataluña una solución política, convencidos de que Mas no controla ya la expedición hacia la independencia porque hace tiempo que se le ha ido de las manos.
La impaciencia crece ante la quietud de Rajoy porque se advierte cercano un punto de no retorno. Y nadie, ni siquiera en el Gobierno, responde a la pregunta del millón: ¿Y después del 9-N, qué? Para la mayoría de los catalanes, incluso para los que no aspiran a un Estado propio, la hipotética suspensión de la autonomía sería asimilable al uso de los tanques. Solo pensar en sus consecuencias produce escalofríos.
