En las siete comunidades donde el PSOE accedió al Gobierno tras las elecciones del año pasado se ha disparado el gasto en personal en proporciones nunca conocidas. Algunos datos lo corroboran: Andalucía, que pasó por las autonómicas en marzo, elevó el capítulo uno del presupuesto casi el 4%. Posteriormente, en los comicios de mayo, los socialistas se hicieron con el control de Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, la comunidad valenciana, Baleares y Asturias. En ellas, las partidas aprobadas para costear el empleo público crecieron entre el 2% y el 3,6% dentro del capítulo I, uno de los que más han acabado disparando el déficit.
Salvo en Andalucía, donde Susana Díaz gobierna con el apoyo de Ciudadanos, el resto de estos gobiernos regionales están sostenidos con la muleta de Podemos. Como la formación de Pablo Iglesias no ha querido entrar en los equipos formados por el PSOE, está influyendo en los correspondientes parlamentos para darles estabilidad política. Muchas de las condiciones que han impuesto para apoyar las distintas leyes, incluidas las presupuestarias que ahora están obligados a retocar, han pasado por el aumento de personal y también por el incremento de las retribuciones. Si se compara el último trimestre del año pasado con el de 2014, el crecimiento de las remuneraciones en el conjunto de las comunidades fue del 5,4%, un dispendio salarial que contrasta con el del sector privado en un año que estuvo condicionado todavía por los ajustes.
La Cataluña de Artur Mas, en cabeza
Esta barra libre en el aumento del gasto de personal en las comunidades gobernadas por el PSOE parece en todo caso muy tímida si se compara con la de Cataluña. La administración que gobernó Artur Mas elevó esta partida en más del 7% a lo largo de 2015, porcentaje que contrasta, por ejemplo, con el 0,1% de Galicia, el 0,4% de Castilla y León y el 1% de Madrid.
La lógica apunta que hubiera sido más barato para las arcas públicas autonómicas que Podemos se involucrara de lleno en los gobiernos que sostiene desde fuera, algo que convendría tener en cuenta si, finalmente, prospera el objetivo de Pedro Sánchez de llegar a La Moncloa con la abstención de Pablo Iglesias. De un plumazo, el jefe de Podemos ha reducido de 96.000 a 60.000 millones el aumento de gasto público que propone para toda la legislatura. No ha explicado los logros sociales a los que renuncia ni tampoco el grado de complicidad que alcanzaría con el PSOE cuando el próximo Gobierno tuviera que renegociar con Bruselas los objetivos de déficit, en un momento en el que la Comisión Europea ha vuelto a encender las alarmas sobre la sangría presupuestaria de la España autonómica.
