La Justicia, entregada de hoz y coz a los designios de la política, sigue entretenida en sus batallas de poder entre la indiferencia de los ciudadanos que la ignoran y el miedo, cuando no el pánico, de aquellos que han tenido la desgracia, como demandantes o demandados, de tener que acudir a ella. El miércoles, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eligió por 12 votos contra 8 al magistrado Luis María Díez-Picazo nuevo presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS). El ganador, de brillante currículum, es gran amigo del presidente del TS, Carlos Lesmes, el mandamás de la cosa, que ha logrado así salirse con la suya. El perdedor, que durante 5 años dirigió satisfactoriamente la Sala y que se presentaba a la reelección, se llama José Manuel Sieira, pero ha tenido la desgracia de haberse enfrentado a Lesmes en el asunto del indulto concedido al kamikaze -remember Gallardón, siempre Gallardón- que en 2003 provocó la muerte de un joven en la autopista AP-7 (un escándalo que Vozpopuli destapó en su día) y desde entonces Lesmes le había puesto la proa. “Se perpetró la injusticia en el seno del órgano de gobierno de los jueces”, resumía Ángela Martialay en este diario.
La misma sección de la Audiencia que lleva un año largo de silencio en el recurso de los 16 del IDEA, tardó apenas 6 meses en resolver el de doña Magdalena
Los escándalos del poder judicial se suceden por las cuatro esquinas del país. Uno muy concreto, que permanece en la sombra a día de hoy, tiene que ver con la imputación que la juez Mercedes Alaya realizó en mayo de 2014 a 16 consejeros -casi todos altos cargos de la Junta de Andalucía (JdA) o directivos de empresas de su órbita- de la Agencia de la Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) durante el período 2001-2008, que actuaba como pagadora de las ayudas del ERE. La juez entendía que “los imputados contribuyeron al falseamiento de las cuentas de IDEA”, afirmando que “ello resultó trascendental para que se produjera el fraude de los ERE”. IDEA (antes IFA), es una Agencia pública a través de la cual se canaliza la participación de la Junta en empresas de interés regional. El 11 de junio de 2014, Braulio Medel, presidente de Unicaja y uno de los más notorios personajes de la lista, recurrió su imputación ante la Audiencia de Sevilla alegando haber formado parte del consejo rector de IDEA “de manera representativa” y sin que fuera un cargo remunerado. “Nunca he llevado una función ejecutiva ni de gestión”, y por tanto “no hay conducta que me sea reprochable”. Como era de prever, el resto de imputados hizo lo propio aduciendo análogos motivos. La resolución de los recursos recayó en la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Sevilla, que, hasta la fecha, no se ha pronunciado.
Desde entonces ha transcurrido un año largo sin que haya noticia de tales recursos. Conviene recordar que Alaya imputó por segunda vez a Magdalena Álvarez en el caso de los ERE a finales de octubre de 2013, imputación que la afectada recurrió ante la Audiencia de Sevilla. El 5 de mayo de 2014, la misma sección 7ª de la Audiencia rechazó el recurso y confirmó el auto de imputación, afirmando que Álvarez era "una persona respecto de la que resultan visos de haber participado en los hechos delictivos que se investigan". A resultas de esta confirmación, la ex consejera de Economía de la Junta tuvo que dimitir de su cargo de Vicepresidenta del BEI en junio de 2014. De donde se infiere que la misma sección de la Audiencia sevillana que lleva un año largo de silencio en el recurso de los 16 del IDEA, tardó 6 meses en resolver el de doña Magdalena, de tanta o mayor enjundia que el que nos ocupa. Incluso el propio Supremo, con mucha más carga de trabajo que esa Audiencia, ha tardado 10 meses en solventar un asunto tan peliagudo como la imputación de los aforados Chaves, Griñán, Zarrías y Viera en el mismo fraude de los ERE. ¿Qué está pasando en la Audiencia de Sevilla con el recurso presentado por los imputados del IDEA?
Fuentes judiciales de toda solvencia en la capital andaluza han asegurado a quien esto suscribe que los magistrados de la sección 7ª de la Audiencia Provincial (integrada por Javier González Fernández, presidente, Juan Romeo Laguna y Carmen Barrero Rodríguez) habrían supuestamente aprobado ya el pasado mes de abril una resolución confirmatoria de la imputación de los 16 “nominados” por la juez Alaya, sin que hasta la fecha la misma haya sido comunicada a las partes. La Audiencia no respondió el viernes a las aclaraciones que se le solicitaron. Y bien, ¿qué fin se persigue demorando más de tres meses la notificación de dicha resolución? Una primera respuesta vendría marcada por la condición de los afectados como personas de la máxima confianza del PSOE-A, como cargos públicos que han sido a propuesta del partido. En la lista se encuentran personajes como Braulio Medel (ex viceconsejero de Hacienda de la JdA y presidente ejecutivo de Unicaja Banco), Felipe Romera (presidente ejecutivo del Parque Tecnológico de Andalucía), Juan Paniagua (ex director de la Agencia del Agua de Andalucía y ex viceconsejero de Agricultura), Manuel López Casero (ex secretario general de Industria y administrador único de Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía), Jesús Nieto (ex director general de Industria, Energía y Minas), Isabel de Haro (ex presidenta de la Agencia Andaluza de la Energía), y así sucesivamente. Todos “pata negra” del socialismo andaluz.
Los imputados del IDEA y el futuro de Braulio Medel
Conviene recordar que, a tenor del pacto suscrito entre PSOE-A y Ciudadanos para la investidura de Susana Díaz, todos ellos deberían cesar en los cargos públicos que actualmente ocupan de confirmarse la imputación. La notificación de la resolución supuestamente ya adoptada por la Sección 7ª de la Audiencia de Sevilla podría ser particularmente relevante en el caso de Medel. ¿Teme el PSOE, que ostenta el control de Unicaja, que pueda correr la suerte de Magdalena Álvarez en caso de confirmarse esa imputación? En efecto, el Consejo de Administración de Unicaja Banco se vería obligado en tal caso a suspender o cesar en su cargo al andaluz, un auténtico superviviente del antiguo sistema de Cajas de Ahorros. Y, en caso de no hacerlo, debería ser el Banco de España, facultado como está para actuar en uso de sus facultades de intervención y sustitución (reglamento de la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito), el mandatado para poner fin a la larga carrera financiera de don Braulio.
En este contexto cobra especial relevancia el papel de Emilio de Llera, consejero de Interior y Justicia de la JdA y fiscal en excedencia (34 años de ejercicio en Sevilla, donde ha llegado a ser fiscal decano de la Fiscalía Provincial). “Busque usted un juez en Sevilla que no sea amigo mío, búsquelo a ver si es capaz de encontrarlo”, respuesta del propio Llera a un periodista el pasado 14 de julio. Se cuenta en Sevilla que Llera habría estado enviando supuestos mensajes (tratándose de jueces, todo es siempre “supuesto”) a sus amigos los magistrados de la Audiencia, a fin de evitar que la confirmación de la imputación de los de IDEA fuera notificada antes de la investidura de Susana. En situación especialmente comprometida podría hallarse el magistrado Javier González, presidente de la Sección, cuya relación de amistad con De Llera es de sobra conocida.
El escándalo de los ERE pone de manifiesto el error que supuso la cesión a las CC.AA. de las competencias de Justicia y de nuevo remite a la necesidad de devolverlas al Estado
Así están las cosas en la Justicia española. Politizada hasta la náusea, como el viernes puso de manifiesto la publicación de un escrito remitido por la juez Alaya al CGPJ, en el que cuestiona con gran dureza la capacidad de su sucesora en el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla -ese almacén nuclear donde se apilan los ERE, los cursos de formación y los avales a empresas-, María Núñez Bolaños, para asumir con “seriedad” y “rigor” esas grandes causas. Tras afirmar que “la nueva titular me genera una gran inquietud” por “sus escasos conocimientos de la jurisdicción penal”, Alaya lanza la bomba: “Me inquieta que la señora Núñez Bolaños mantenga una estrecha amistad con el consejero de Justicia, don Emilio de Llera”.
El escándalo de los ERE andaluces vuelve a poner de manifiesto el error que para muchos supuso la cesión a las CC. AA. de las competencias de Justicia y de nuevo remite a la necesidad de devolverlas al Estado, vía reforma constitucional, si queremos de verdad recuperar calidad democrática y eficiencia económica. Fue Eduardo Torres-Dulce, entonces FGE, quien en 2012 dio la voz de alarma sobre el error en cuestión, abogando por devolver las competencias traspasadas al Estado si ello fuera posible: “Un Estado en el que no hay un núcleo importante en Justicia, Sanidad y Educación, difícilmente podrá funcionar”, advirtió. En parecidos términos se había manifestado la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. No deja de resultar significativo, por eso, que uno de los que con más vigor se opuso entonces al debate suscitado por Torres-Dulce fuera precisamente el consejero de Justicia andaluz, Emilio de Llera, al calificar de “proceso irreversible” la transferencia de competencias a las CC. AA. en materias tales como Educación, Sanidad o Justicia.
El PSOE mató a Montesquieu y el PP lo enterró
Ni una sola de las macrocausas abiertas ahora mismo supera el filtro de la filiación política de los jueces y magistrados llamados a instruirla y/o juzgarla. Ninguna empresa o empresario inicia un periplo judicial de cierta importancia económica sin antes efectuar una cuidadosa evaluación del juzgado en el que puede caer, y de las filias o fobias políticas del potencial juez de turno. El PSOE mató a Montesquieu y el PP lo ha enterrado bien hondo. Ningún particular pide hoy Justicia sin antes invocar a los dioses de la suerte. La suerte de tropezar con un juez honrado, capaz de estudiarse adecuadamente los sumarios y dictar sentencia en conciencia. Pleitear contra un cacique local o provincial en un tribunal autonómico es intento francamente suicida. Justicia que, además, hace gala de un corporativismo atroz cuando a un periodista se le ocurre insinuar siquiera la existencia de prácticas corruptas o irregulares en los tribunales. La Justicia como una más de las anomalías de la democracia española, y no precisamente la menos importante, que reclama con toda urgencia su regeneración.
