Uno de los argumentos de Mariano Rajoy para hacerse valer respecto a las demás opciones políticas han sido sus apelaciones constantes a la responsabilidad, a que en el PP son gente sensata, con experiencia, muy alejada de los cantos de sirena de quienes demandaban, y demandan, una mayor prodigalidad en gasto público para salir de la crisis. A falta de otros alicientes, sobre esta raquítica idea Rajoy ha construido todo su discurso. Que resultara antipático, que careciera de la más elemental capacidad de comunicación y empatía, se entendían, pues, compensados en parte por esa presunta seriedad y competencia, por esa renuncia incondicional a los fastuosos fuegos artificiales con pólvora ajena. Los vicios y carencias más recalcitrantes quedarían perdonados si Rajoy no caía en la tentación de comprar votos ni torcer voluntades tirando de los presupuestos, y ponía en orden las cuentas públicas. Esa era, se suponía, la única gracia de un presidente que, para todo lo demás, se ha mostrado ajeno a sus propios votantes y displicente, incluso soberbio, con sus críticos.
El déficit estructural de España está a la cabeza de Europa, sólo por detrás de Grecia. Un récord cuyo mérito corresponde en gran medida, todo hay que decirlo, a Cristóbal Montoro
Pero ni esto ha sido capaz de cumplir Rajoy. Muy al contrario, a lo largo de la pasada legislatura, no sólo España no ha cumplido los sucesivos compromisos de déficit acordados con Bruselas, sino que, como colofón, en 2015 se ha desviado en 10.000 millones de euros del objetivo, cerrando el año en el 5,26% en vez del 4,2%, y situando nuestro déficit estructural a la cabeza de Europa, sólo por detrás de Grecia. Un récord cuyo mérito corresponde en gran medida, todo hay que decirlo, a Cristóbal Montoro, y al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), esa puerta trasera con la que se ha premiado a los más derrochadores y sostenido artificialmente un modelo, el autonómico, que quebró en 2008 y que, desde entonces, exige una urgente revisión que este gobierno, hoy en funciones, no ha querido acometer.
Lo peor, con todo, es que no hay propósito de enmienda. De hecho, Montoro ha afirmado que si bien instará a las comunidades autónomas a no aumentar el gasto, no les va a exigir que hagan recortes. Es decir, que sí, pero que no. Desde luego que no. Los virreinatos no se tocan, porque es ahí donde los partidos tienen sus graneros, de votos y de lo otro; porque es ahí donde unos y otros, partidos, caciques y grupos de interés tienen su bicoca. Para muestra, un botón: la Comunidad Autónoma de Murcia, campeona nacional del déficit, hará este 2016 la mayor oferta de empleo público de la última década, con los sindicatos dando palmas, por supuesto. Pero no hay que alarmarse, porque el gobierno en funciones ha decidido hoy, ¡31 de marzo de 2016!, aplicar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la misma ley que, desde su promulgación, se pasó por el forro de su mayoría absoluta.
Este Rajoy antipático, pero sensato; autista, pero responsable; soberbio, pero juicioso, no ha sido capaz siquiera de dejar las cuentas públicas encarriladas. Al contrario, siguen en rumbo de colisión y ganando velocidad. Han pesado más las servidumbres del cálculo político y el miedo cerval a meter mano a unos virreyes adictos al gasto, que la supuesta sensatez de la que tanto ha alardeado. El resultado: cuatro años tirados por la borda que hay que sumar a los ocho ya dilapidados por Zapatero. Y a los que se sumarán otros tantos, hasta que el cuerpo aguante o hasta que Bruselas y el FMI lo consientan. Con todo, lo peor es que si el gobierno Rajoy ha sido el de la austeridad y el de los recortes, ¿qué calamidad nos espera si los adalides del gasto social a todo trapo llegan al gobierno?
