El término inglés "chicanery" está estrechamente ligado a la política y se emplea para hacer referencia a los discursos o comportamientos que, aunque a priori resultan atrayentes y seductores, en realidad persiguen manipular y engañar a la opinión pública en beneficio de las necesidades de la élite gobernante.
Los ataques contra el Poder Judicial que se iniciaron tras la toma de posesión del nuevo gobierno no eran casuales, sino que pretendían preparar el camino a una batería de decisiones del ejecutivo que atentan contra la neutralidad institucional y las bases sobre las que se sustenta el Estado de Derecho. Porque el famoso "lawfare" que acuñó la prensa afín al gobierno no era más que eso: una arenga engañosa para defender la voluntad popular frente a ataques de una derecha judicial. Hacer pasar por legítima defensa la corrupción legislativa e institucional que acarrean las nuevas medidas.
El legal chicanery explica, por ejemplo, que hablen de la necesidad de modificar el sistema de acceso a la carrera judicial para garantizar la igualdad de oportunidades, cuando lo que en el fondo pretenden es crear un poder judicial ideologizado e identificado con las políticas del gobierno, dispuesto a dar el visto bueno a cualquier barrabasada legislativa en la medida en que la misma sea considerada progresista. La insistencia en identificar el acceso a un cargo o puesto a través de un procedimiento sustentado en el mérito (oposiciones) con la generación de desigualdades es otro claro ejemplo de manipulación torticera del lenguaje: un sofisma aderezado con "evidence based policies" para justificar el clásico dedazo.
Artimañas para liberar a Junqueras
Exactamente lo mismo sucede con las artimañas para poner en libertad a Junqueras y el resto de presos del procés: el Ejecutivo ha utilizado como coartada discursiva para una eventual modificación del delito de sedición a la justicia europea, al Tribunal Supremo e incluso hasta ha recurrido al derecho comparado. Pero la pura verdad es que no existe ninguna resolución judicial o exigencia legislativa nacional o comunitaria que conmine a liberar a los independentistas encarcelados.
No son más que un miriñaque cubierto de hermosos ropajes cuyo fin es dar cobijo a una modificación del delito de sedición que, retorciendo la legalidad penal, adapte ésta a las necesidades de los políticos independentistas catalanes. Se dará paso así a un derecho penal con nombres y apellidos, en el que la imposición de la pena dependa no de lo que se ha hecho, sino de quién lo haya hecho.
Adivinen a quiénes afectará una reforma que tienda a despenalizar o rebajar sustancialmente la pena prevista para el delito de sedición: a Junqueras y compañía
Efectivamente, el código penal establece en su art. 2.2 que la destipificación de conductas delictivas o la rebaja de las penas aparejadas a las mismas pueda beneficiar a aquellos que ya han sido condenados por sentencia firme. Es una medida que tiene sentido cuando forma parte de una política punitiva global y que puede afectar a una generalidad de reos (por ejemplo, la legalización de determinadas drogas obligaría a destipificar algunas conductas que afectaría a un número significativo de presos).
Lo que sucede es que la declaración de independencia de un territorio es un delito cuya comisión es poco habitual y que, por sus especiales características, no está pensado para su perpetración por el ciudadano de a pie, sino principalmente por políticos y/o militares. Así que adivinen a quiénes afectará una reforma que tienda a despenalizar o rebajar sustancialmente la pena prevista para el delito de sedición: a Junqueras y cía. Y no por razones de política punitiva, sino como contraprestación por el apoyo del independentismo a la investidura. El ius puniendi como moneda de pago, esto es, la prostitución del derecho penal en pos de la investidura y del gobierno de Su Persona.
Por si fuera poco, todo ha sido planeado al milímetro para evitar que los condenados se vean obligados a hacer actos públicos de contrición, así como para eludir la intervención de otros poderes del Estado que puedan poner palos en la rueda: mientras que recurrir al indulto exigiría que el Tribunal Supremo valorase las muestras de arrepentimiento de los políticos presos, la aplicación del principio de retroactividad de la norma penal más favorable sólo requiere la intervención del Ministerio Fiscal, a cuyo frente el gobierno ha oportunamente colocado a la que, hasta hace apenas unos días, era la Ministra de Justicia y diputada del PSOE, Dolores Delgado. No es necesario gozar de dotes adivinatorias para afirmar que, lejos de poner palos en la rueda, Dolores la empujará.
