El parlamentarismo español ha consagrado la dictadura de las minorías. El 4 de octubre el Congreso apoyó derogar la prisión permanente revisable con el voto en contra del PP. Era una proposición no de ley del PNV –sí, ese que prefiere pactar con EH Bildu y el PSE-, que contó con la abstención de Ciudadanos. Se trataba de una reforma del Código Penal incluida por el gobierno de Rajoy, y que la oposición tenía recurrida ante el Tribunal Constitucional. La presentaron en la legislatura anterior, pero ahora los nacionalistas vascos, y el resto, han visto la debilidad numérica del Ejecutivo y han decidido recuperarla. A esa iniciativa el PSOE había sumado otra para introducir una reforma que contemplara la “reeducación y reinserción social”.
Ahí no acaba la cosa. La mayoría del Congreso aprobó paralizar las “reválidas” y derogar la LOMCE, también con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos. La iniciativa partió del “Partit Demòcrata Català” (en el grupo mixto), la antigua Convergencia. La independentista Miriam Nogueras fue la encargada de defender la propuesta. A pesar de esto, el grupo de Albert Rivera, que había presentado una enmienda a favor de un pacto educativo, se abstuvo.
El resultado de ambas votaciones ha sido una muestra de lo que puede ser una legislatura con un gobierno parlamentario tan débil
El resultado de ambas votaciones ha sido una muestra de lo que puede ser una legislatura con un gobierno parlamentario tan débil
El resultado de ambas votaciones ha sido una muestra de lo que puede ser una legislatura con un gobierno parlamentario tan débil: 175 síes a favor de las proposiciones contra la labor del gobierno, 133 noes del PP, y 34 abstenciones. Así sería la vida política si gobernara Rajoy con su exiguo grupo, con un apoyo de investidura de Ciudadanos, y una abstención técnica o completa del PSOE. Los de la formación naranja, a quienes espanta el fantasma de unas nuevas elecciones, como a los socialistas, se convertirían en el verdadero factótum del Congreso. Ciudadanos sería un socio semileal e insuficiente; es decir, además de votar a veces con el gobierno y otras con la oposición –como en la Asamblea de la Comunidad de Madrid-, haría falta otro socio. La política quedaría en manos de la decisión e interés de pequeños grupos.
El PSOE, por otro lado, no será un aliado fiable porque estará inmerso en dos batallas: una interna para decidir el liderazgo, la costura o la ruptura, y otra con Podemos por la hegemonía política en la izquierda. En ambos casos, sus decisiones estarán al dictado del interés personal del jefe socialista de turno, o de la táctica ante los populistas.
Este es el verdadero bloqueo, no la falta de parlamentarios para una investidura circunstancial. Hemos conseguido así reunir todos los defectos de un régimen de convención, con este parlamentarismo filibustero que genera inseguridad e ingobernabilidad. Pero ahí no acaba el mal. Estas prácticas y discurso encanallan la política, convirtiendo la participación en lo que queda de democracia en una empresa de derribo sin proyecto. Nuestro parlamentarismo solo funcionaba cuando el Ejecutivo y el Legislativo respondían al mismo partido, o había un pacto de legislatura sólido. Es lógico, en consecuencia, que el PP pida ahora a la gestora del PSOE que no solo se abstenga en la investidura de Rajoy, sino que se comprometa a aceptar los presupuestos. La desconfianza en este caso no sobra: Pedro Sánchez anunció en su día que al “no” sumarían la oposición a la Ley de Presupuestos.
no es aconsejable que en una democracia parlamentaria –y ésta dice serlo, aunque su encaje no es el adecuado- las minorías bloqueen el funcionamiento institucional
Es cierto que el bien común no existe, por la sencilla razón de que ha de significar cosas distintas para individuos y grupos diferentes. Y que la “voluntad general” es la coartada para imponer una verdad, un pensamiento o un proyecto de ingeniería social. Del mismo modo, no es aconsejable que en una democracia parlamentaria –y ésta dice serlo, aunque su encaje no es el adecuado- las minorías bloqueen el funcionamiento institucional. El problema se agrava cuando la Jefatura del Estado tiene un poder supuestamente arbitral que no puede ni debe usar.
La abstención técnica del PSOE es la opción más probable; quizá con condiciones. Tendremos entonces un gobierno débil, dependiente de minorías, que se asegurará la aprobación de la Ley de Presupuestos a cambio de que socialdemócratas, populistas y nacionalistas nos inunden de legislación destinada a la ingeniería social. Son justamente esas minorías las que no quieren la repetición de las elecciones, una tercera convocatoria, porque ven peligrar su posición predominante. Ya escribió James Madison, uno de los Padres Fundadores de Estados Unidos, que es importante que una república resguarde a la minoría de la opresión de una mayoría, pero más importante es que se preserve a la sociedad de la injusticia de la otra parte.
