Desde que el Consejo de Ministros aprobara el pasado martes el real decreto que permite contratar sanitarios con el grado, licenciatura o diplomatura correspondiente pero sin título de especialista reconocido, son varias ya las sociedades médicas y sindicatos que se han posicionado en contra del texto.
El real decreto, que entra este jueves en vigor, permite a las comunidades autónomas contratar médicos extracomunitarios o licenciados que no hayan conseguido plaza en la pasada convocatoria de MIR, lo que supondría unos 10.000 profesionales para aliviar la sobrecarga de la Sanidad Pública, según argumentó el Ejecutivo.
El texto también contempla el traslado de especialistas hospitalarios a Atención Primaria y precisamente los profesionales de este servicio consideran que la solución del Gobierno para reforzar el sistema ante la pandemia de la covid-19 es "apresurada a una falta de previsión denunciada" que desde hace años denuncia el colectivo.
Ni se han previsto tasas de reposición, ni ejecutado mejoras en dotaciones de Salud Pública y tampoco se han tomado medidas para hacer frente a los futuros escenarios epidemiológicos, según el Foro de la Foro de Médicos de Atención Primaria, que también critica en un comunicado que contratar sanitarios sin título de especialista puede transmitir la idea de que "la especialización de nuestros médicos es un instrumento inútil".
"Un riesgo para la salud pública"
A juicio del Foro, esta media supone "un riesgo de salud pública y de garantías de calidad asistencial" que "pone en riesgo a la ciudadanía" pero también al profesional que se expone a "poner en suspenso su futuro profesional".
Por eso, para el Foro, "no todo vale": "No cualquier médico puede realizar la actividad de un médico de familia o pediatra de Atención Primaria, del mismo modo que no cualquier médico puede ser contratado en el hospital como cardiólogo, neumólogo o cirujano", apostilla.
En cuanto a contratar extracomunitarios, considera que "descapitalizar" de médicos a países con un mayor nivel de pobreza, menor esperanza de vida y más patología "es otra línea roja que no deberíamos cruzar".
"Y, como percepción profesional, entendemos que el citado documento supone una respuesta no orientada a la eficiencia y calidad del sistema, sino al titular informativo", asegura el Foro.
También en un comunicado, el Foro Profesional, integrado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cdcom), el Consejo General de Enfermería (CGE), la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato de Enfermería (Satse), muestra al ministro de Sanidad, Salvador Illa, su "gran malestar" por no haber contado con ellos para el decreto.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ya manifestó también su "total oposición" y lamentó "una vez más" que no se haya tenido en cuenta la opinión de los profesionales y no se les haya informado antes de aprobar esta norma.
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha exigido la convocatoria urgente de la Mesa del Ámbito de la Sanidad para que Illa aclare las medidas porque "se han aprobado sin debate previo" y "saltándose el derecho constitucional a la negociación colectiva".
El sindicato CCOO mostró ayer su oposición al texto porque considera que permitirá, entre otras cosas, contratos precarios y mano de obra barata y, además, no se ha negociado en el Ámbito de Negociación del Sistema Nacional de Salud (SNS).
