El transporte escolar, conocido también como ‘ruta’, consiste en una o varias líneas de autobús fletadas ex profeso por un centro educativo para que los alumnos, antes de iniciar o una vez acabada la jornada, puedan realizar el trayecto más conveniente y optimizado entre sus casas y su colegio. Ahora van a tener que estar muy pendientes de esta forma de proceder en las empresas españolas, ya que antes de que entre el año 2025 se prevé que Gobierno ponga en marcha la nueva Ley de Movilidad Sostenible.
Será en ese momento cuando el reloj eche a correr de forma regresiva hasta llegar a cero. La norma se hará obligatoria primero —entre 18 y 24 meses— para aquellas que superen los 500 trabajadores o los 250 por turno, que deberán facilitarles el transporte con alternativas como los autobuses colectivos o, al menos, contar con un plan que fomente el uso del vehículo compartido o de emisión cero. Volviendo al símil de los colegios, habrá casos de empresas a las que les baste con fletar un único autobús para todos los "alumnos", mientras que en otros, necesitarán decenas de autocares y minibuses que partan de diferentes puntos de las localidades próximas para, después, llegar de forma ordenada al mismo punto de meta.
El reto, como se puede comprobar, es mayúsculo y debe planificarse con cautela. Habrá algunas que requieran de una única línea lanzadera entre el centro de la ciudad y el emplazamiento geográfico del lugar de trabajo, mientras que en los grandes polígonos industriales podrán ser varias empresas las que lleguen a acuerdos para crear rutas de transporte personalizadas y optimizadas para hacer llegar a su puesto a, por ejemplo, mil empleados. Este segundo supuesto será uno de los más frecuentes, ya que la nueva Ley va a afectar a todas las empresas ubicadas en parques empresariales, polígonos industriales y parques tecnológicos, por lo que si las administraciones públicas aún no han puesto en marcha un plan específico para este transporte, tendrán que ser las propias compañías las que monten este complejo operativo. Tienen para ello 18 meses en caso de los grandes centros empresariales y 24 para el resto de empresas.
"Sólo en polígonos industriales hay más de 90.000 empresas", apuntan desde Celering, la empresa española especializada en soluciones dinámicas de movilidad inteligente y sostenible. "Tenemos muchas consultas de empresas ubicadas en polígonos. Allí hay saturación en el acceso y poco transporte público", asegura. Además, los polígonos son puntos en los que se concentran muchas PYMES, por lo que se prevé que comiencen a coordinarse entre ellas para que sus trabajadores lleguen al trabajo. Para ello, se proveerán autocares, autobuses, minibuses o incluso vehículos VTC. "Esperamos que la nueva ley facilite y racionalice el uso del transporte de sus trabajadores.”, explica a Vozpópuli su CEO, José María Campos.
Casos de éxito
En Valladolid se encuentra uno de los más claros ejemplos de éxito de cómo en transporte colectivo privado ha sustituido la función tradicionalmene asociada al público o al vehículo individual privado. Se trata del caso de Renault, que con la implantación del transporte colectivo para sus trabajadores ha ahorrado al ayuntamiento el equivalente a 700.000 euros en impuestos municipales con la puesta en marcha de sus propias lanzaderas.
En Tenerife, de la misma manera, se ha desarrollado un sistema para los trabajadores de 14 hoteles de Costa Adeje, uno de los tres principales destinos de la isla. "Los hoteleros llevaban más de 7 años queriendo montar un sistema de guaguas y les faltaba una herramienta informática que se lo facilitase", explica el CEO de la compañía que ha ayudado a gestionar 3 líneas, cada una de ellas con un recorrido y coste distintos que la apliación ayuda a calcular.
El número de coches se redujo un 25% en los resorts de Costa Adeje y, con ello, los atascos en la zona. La startup española calcula que con la solución que diseñó su empresa se evitó la emisión de 11 toneladas de CO2 en un año, ya que la inteligencia artificial recalculaba autómatamente los trayectos que debían realizarse cada uno de los días según el número de trabajadores que reservaban o cancelaban trayectos para ir a sus puestos en los hoteles.
En concreto, la española Celering, que ya está presente en Madrid, Barcelona, País Vasco, Extremadura, Canarias y País Vasco, espera duplicar su volumen de actividad en el primer año gracias a esta nueva ley. Además, estima un ahorro del 30% para las empresas que contraten estos servicios y para sus trabajadores, así como que recorten casi el 40% del tiempo que tardan de camino al trabajo aquellos que hacen uso actualmente del transporte público tradicional. En cuanto a emisiones del CO2 se refiere, se calcula que se reducirán un 80%.
Objetivo: ahorrar 8.000 millones de dinero público
El Consejo de Ministros aprobó en febrero —un año pasado de lo previsto— el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que debe aprobarse de forma definitiva antes del 30 de diciembre, fecha límite para la entrega de los fondos europeos. "Se pretende que nuestro país, que ya es un referente en materia de infraestructuras, tenga una movilidad a la altura, donde el transporte garantice el acceso a derechos como el trabajo, el ocio o la salud, respetando las competencias del resto de administraciones", aseguraba entonces el ministro de Transportes, Óscar Puente. Con este texto, el Gobierno pretende que las empresas pongan en marcha sus propias líneas de autobús y ahorrar en los próximos diez años más de 8.000 millones de dinero público, paliando así el agujero que deja en las cuentas del Estado todos los años las infraestructuras y transportes.
