Contra todo pronóstico, incluso contra lo anunciado en un principio por el PP, la dación en pago entró el pasado martes, de mano de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), en el Congreso para ser debatida. Sin embargo, que el PP, que tiene la mayoría absoluta en la cámara, votara a favor de la tramitación de la ILP no significa que sus diputados tengan en mente aceptar las medidas propuestas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). De hecho, el grupo parlamentario popular ya está trabajando en un sucedáneo de la dación en pago que defiende la PAH que apenas modifique la que ya impulsó el Gobierno en el fallido Código de Buenas Prácticas y que no perturbe el funcionamiento del sistema hipotecario actual. No en vano, expertos del sector señalan las graves consecuencias que la dación en pago podría tener para el sistema actual.
La bancada popular, teniendo en cuenta las críticas surgidas al Código de Buenas Prácticas, propone hacer más flexible el umbral de exclusión de aquellos que puedan optar a entregar su casa y de ese modo cancelar el crédito. Algunos de los requisitos que se manejan para que una familia acceda a dicho código son que los ingresos de la unidad familiar no sean superiores a una cifra que se sitúa en torno a los 19.000 euros, que la cuota hipotecaria represente más del 50% de los ingresos neto, que en los últimos cuatro años haya visto “alterada significativamente” sus circunstancias económicas, que no posea otros bienes y que el crédito que se quiere cancelar sea sobre la única vivienda que tiene. La dación en pago sería además la opción que se bajare tras haber negociado con el banco una reestructuración del crédito.
El grupo popular estudia también elevar los límites de los préstamos hipotecarios a los que se podrán aplicar el Código, otro de los puntos más criticados por la PAH, que considera que la medida lanzada la pasada primavera por el Gobierno no ha conseguido parar desahucios y sí entorpecer la labor de negociación que la plataforma realiza con las entidades financieras. Las cifras que manejan en el PP abarcarían desde los 250.000 euros para viviendas en ciudades de más de un millón de habitantes hasta los 150.000 euros para aquellas construidas en localidades de menos de 100.000. A estas cantidades habría que sumar otras adicionales en función del número de personas que habiten en el inmueble.
Futuro ILP
La idea que baraja el partido del Gobierno es aunar la ILP, que llegó al Congreso respaldada por casi un millón y medio de firmas, con la reforma de la ley hipotecaria que ya estaba debatiendo la cámara. De llevarse a cabo, sería la primera vez que pasara en la breve historia del Parlamento español, según fuentes populares. Esta es una opción con la que ya se han mostrado tajantemente en contra la PAH, de hecho, uno de sus portavoces, Adrià Alemany, asegura que la plataforma no va a consentir “que ningún partido se apropie de la ILP” y que por ello van a seguir con las acciones de movilización como las celebradas ayer en ciudades de toda España. En dichas movilizaciones seguirán pidiendo que se cumpla con las “medidas de mínimos” recogidas en la ILP, que contempla la dación en pago retroactiva, la paralización inmediata de los desahucios de la vivienda habitual y la creación de un parque de vivienda social al que puedan acceder aquellos que han entregado sus casas para saldar su deuda.
Unas medidas que teniendo en cuenta las opciones que maneja el Partido Popular quedarán mermadas una vez que termine el trámite parlamentario, que se prevé pueda darse por acabado en las primeras semanas de marzo, ya que PP y PSOE acordaron esta semana que se tramitara como medida urgente, lo que acorta los plazos.
La explicación del grupo popular, en palabras del diputado Teodoro García Egea, a la modificación de las propuestas de la ILP es que tienen que gobernar “para el 100% de la población, y no solo para ese 3% que no puede pagar sus hipotecas”. “No podemos permitir que el 97% de la gente que hace frente a sus deudas se vea afectada por la pequeña minoría que no puede hacerlo”, añade García.
Consecuencias
Y eso es precisamente lo que pasaría, según los expertos, de aprobarse la dación en pago retroactiva tal y como pide la PAH. “Una de las primeras consecuencias es que se endurecería el acceso al crédito para todos porque a los bancos se les exigiría más cuando salieran a pedir prestado dinero a los mercados internacionales y luego ellos van a exigir más a sus clientes a los que quizá solo darían hipotecas que cubrirían el 50 o el 60% del valor de la vivienda”, asegura Fernando P. Méndez, registrador la propiedad. Méndez apuesta por impulsar políticas sociales que resuelvan la situación de los afectados pero no legislar con medidas ad hoc que perjudiquen al sistema.
Otra de las consecuencias negativas la expone Juan Fernando Robles, profesor de banca y finanzas. “Habría personas que en cuanto pensaran que su crédito hipotecario es mayor que el valor real de su vivienda dejarían de pagarlo, ya que no les compensa. Sería más fácil entregar el inmueble e irse a otro libre de cargas. En una situación como la actual, con la Sareb intentando vender sus activos inmobiliarios, esto sería un factor depresor en el mercado”, asegura.
