El juez Elpidio José Silva Pacheco, del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid y que ha mandado a la cárcel a Miguel Blesa, tiene la particularidad de que fue desahuciado de su vivienda. Según el diario 'El País', fue condenado en 2009 por una colega a pagar 7.115 euros por las rentas que debía —más intereses y costas procesales— a la inmobiliaria familiar que le alquilaba el piso. El proceso, de desahucio por falta de pago, terminó con el juez desalojado de su casa y declarado en rebeldía.
La dueña de Administraciones Inmobiliarias Madrileñas -la empresa familiar de gestión de inmuebles que le arrendó la vivienda-, María Patrocinio Vinaras, "no nos pagó ni un mes de alquiler. Es un escándalo". La vivienda era "una perita en dulce" situada en la Gran Vía de Madrid.
No se sabe por qué el juez no pagó el alquiler, ya que "no nos dijo que existiera ningún problema", asegura la anciana afectada. El titular de un juzgado de instrucción de Madrid cobra alrededor de 70.700 euros al año sin contar antigüedad u otros complementos salariales: un sueldo más que suficiente en apariencia para pagar una vivienda, aunque sea en el centro de la capital.
"Fui a advertirle y me amenazó"
María Patrocinio Vinaras asegura que intentó negociar con el juez y su pareja para solventar el problema: “Fui varias veces a verla a ella a su trabajo para hablar de la deuda que mantenían con nosotros y amenazó con demandarme”, asegura, refiriéndose a la mujer con la que el juez compartía la vivienda, también demandada. El juez ha rechazado hablar de esta circunstancia.
No obstante, la sentencia del Juzgado de primera instancia número 70 de Madrid del 25 de septiembre de 2009 condena al juez por “constar acreditado el impago de las rentas y la existencia de la deuda”. En octubre de 2008 la pareja ya había desalojado el piso de la Gran Vía, pero el proceso judicial continuó su camino por la persistencia de la deuda. El proceso tuvo que seguir adelante, eso sí, con Elpidio José declarado en rebeldía. Ni el juez ni la persona demandada junto a él ni siquiera se presentó al juicio en su contra". De igual modo, el pleno del Consejo General del Poder Judicial le multó en septiembre de 2010 con 6.000 euros por falta grave, concretamente por "el incumplimiento o desatención reiterada a los requerimientos que en el ejercicio de sus legítimas competencias realizasen el Consejo General del Poder Judicial, el Presidente del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia o Salas de Gobierno, o la obstaculización de sus funciones inspectoras”.
Más de tres años después del atípico desahucio, María Patrocinio sostiene que aún no ha recibido el dinero que se le debe.
