En plena gestación de la futura Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, el debate sobre qué organizaciones además de las Administraciones Públicas deberían someterse a los mecanismos de control se ha ampliado desde que se planteara poner bajo la lupa a partidos políticos, sindicatos, patronal y hasta Casa Real. El difuso proyecto de ley no hace referencia a medios de comunicación, ONG y empresas diversas, pero sí se ha empezado a cuestionar la necesidad de incluir en dicha ley a toda organización receptor de fondos públicos.
Sin embargo, las ONG españolas dedicadas a cooperación internacional se han anticipado y, mediante la aplicación de una herramienta pionera en este sector en Europa, han adquirido por sí mismas un firme compromiso con la transparencia y la autorregulación. Una iniciativa que se suma a los controles a los que ya se someten estas organizaciones y que ha sido considerada por países como Alemania como demasiado estricta, como apunta Olivier Longué, vocal de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (ONGD).
"No existe nada similar a nivel europeo", afirma Longué al hablar de la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno presentada esta semana en España. Puede que por eso mismo, su presentación en el seno europeo despertase cierto recelo. En contra de la buena acogida por parte de países como Bélgica, dispuesta a estudiar la aplicación de este mecanismo, otros como Alemania, tan obstinada en el seguimiento de las cuentas, no se plantean una vigilancia "tan estricta" a sus ONG. Longué explica que en el resto de Europa este sector es muy diferente y se trata de organizaciones o bien muy políticas o muy religiosas, por lo que la comparación con España no resulta fácil.
En Europa no existe ningún mecanismo de supervisión interna de este tipo
La iniciativa es fruto del trabajo que desde 2006 lleva realizando la Coordinadora, paraguas bajo el que se agrupan el 90% de las organizaciones de este sector contando con las de la plataforma estatal y las autonómicas, un total de entre 450 y 500, las cuales manejan un presupuesto conjunto de 750 millones de euros al año. Si bien estos colectivos se nutren de una financiación muy diversificada, la aportación pública supone una parte fundamental de su sustento. Según cuentan desde la Coordinadora, es la responsabilidad a la hora de gestionar tanto los fondos públicos como privados lo que les ha llevado a dar forma a esta iniciativa.
Generar confianza y apostar por la automejora
Las grandes ONG ya se someten al control de las auditoras, pero éstas en concreto lo que pretenden es reforzar su compromiso con la transparencia y colaborar con la mejora del sector. Tomando como objetivo esa automejora se ha diseñado esta herramienta, adaptada expresamente al sector del desarrollo. Según explica Olivier Longué, lo novedoso es que sea un mecanismo con rendición de cuentas al público y por otro lado a todos aquellos que apoyan a las organizaciones, ya sean colectivos o ciudadanos individuales. "Los recortes han afectado mucho a las ONG y ahora se refuerza la percepción social de que la cooperación internacional solo es posible en tiempos de bonanza, que ahora no nos lo podemos permitir".
De ahí que el compromiso con la transparencia adquiera más sentido en la situación económica actual. De esta manera, las ONGD pretenden dar confianza no solo mostrando sus cuentas, sino dando a conocer pública y abiertamente el engranaje de la organización, desde su funcionamiento y su dinámica de trabajo a sus procesos internos y resultados. Este mecanismo de supervisión está basado en dos pilares: Transparencia y Buen Gobierno. Cada uno de estos apartados lo conforman varios bloques compuestos a su vez de indicadores que miden diversos parámetros. Además, el proceso que han de seguir todas las ONGD evaluadas incluye la contratación de una firma auditora externa que, tras su trabajo, emitirá un informe que deberá ser revisado y sellado posteriormente por la Coordinadora acreditando sus resultados antes de ser analizados y publicados.
Más del 80% de las ONG evaluadas superaron el proceso
Aunque es de aplicación obligatoria, durante el primer año de aplicación no todas las ONGD se han sometido a este proceso, puesto que aquellas que se han incorporado a la Coordinadora durante el último año disponen de dos años de adaptación y, en otros casos, el proceso se realizará a lo largo de este año. Otras, sostiene Longué, "están heridas de muerte". Así, las organizaciones evaluadas suponen 2/3 del total y equivalen al 81% de los fondos totales de la Coordinadora, o lo que es lo mismo, 600 millones de euros. De ellas, más del 80% han superado todos los niveles de supervisión y la previsión es que el próximo año sea el 100% de las organizaciones las que se sometan al proceso de control.
