Alejandro Altisent es un español residente en Holanda. Como otras parejas, él y su mujer (con la que tiene un hijo, Marcelo, nacido en Guadalajara) están en trámites de divorcio. La separación ha sido de todo menos amistosa, y ahora Marcelo, que acaba de cumplir seis meses, se encuentra a miles de kilómetros de distancia de su padre, porque hace dos semanas su madre decidió llevárselo con ella a Kenia, su país natal. Hasta diez días después, Alejandro no volvió a saber nada de su mujer, y fue a través de un correo electrónico que ni siquiera mencionaba al bebé.
Este caso es un ejemplo más de la llamada sustracción internacional de menores. Lamentablemente, es una tendencia en alza: los casos denunciados en España en los últimos cinco años ya suman 1.166, casi tantos como en los diez años anteriores, según datos del Ministerio del Interior.
La Fundación Child Care asesora en nuestro país a los padres y madres que sufren situaciones como la de Alejandro. Según ha explicado su presidenta, María José Coll, a Vozpópuli, prestan "asesoramiento psicológico, legal y social", además de dar formación a profesionales.
"Generalizar es muy complicado pero sí hay un perfil de secuestrador"
Coll apunta, además, que en los últimos años se ha dado un aumento de estos casos en España, consecuencia del cambio social que ha vivido el país con el aumento de los flujos migratorios. Aunque "generalizar es muy complicado", sí que reconoce que "hay un perfil de secuestrador". En los casos que llegan a la fundación se aprecia que la sustracción de menores "se da más en mujeres procedentes de países latinoamericanos y hombres de países del Este y el Magreb", en el caso de ellos, tras una sentencia de custodia favorable a la mujer.
Esta institución tiene su origen en un grupo de madres, en la misma situación que ahora sufre Alejandro, que crearon la Asociación para la Recuperación de Niños Sacados de su País. Su logro más importante fue conseguir que se cambiara la legislación española y que la sustracción de menores pasara de ser una falta a ser un delito, con lo cual estas situaciones pasaban a la Interpol.
Reducir los riesgos
Con la intención de "evitar que otros padres y madres puedan perder el contacto con sus hijos", Alejandro ha iniciado una campaña a través de la plataforma Change.org. Con su petición, dirigida a la Comisión Europea, quiere que la normativa comunitaria se actualice para impedir que uno de los padres pueda sacar a sus hijos de Europa sin el consentimiento del otro.
Países como Bulgaria y Rumania requieren la autorización de ambos para viajar al extranjero con los hijos menores de edad, pero otros, como España y Holanda, no. "Para eso tenemos las instituciones europeas, para igualar", opina Alejandro. "No tiene ningún sentido que este tipo de medidas sí se apliquen en Bulgaria pero no en Holanda". Fuera de la Unión Europea, pone también el ejemplo de Argentina, donde vive su hermana, quien "no puede viajar fuera del país con su hija sin hacer papeleos".
"Poco se puede hacer para prevenir, pero debería haber una medida previa", señala la presidenta de Child Care, "por eso recomendamos a los padres que los niños tengan su propio pasaporte desde pequeños".
Alejandro ha iniciado una campaña en Change.org para prevenir este tipo de situaciones
Marcelo, que tiene doble nacionalidad española y keniata, salió de Holanda con pasaporte español. Su madre lo hizo con su pasaporte expedido en Kenia. En el aeropuerto no pusieron ninguna traba a que una mujer keniana abandonara el país con un menor español, a pesar de que Alejandro advirtió a la policía holandesa hasta en tres ocasiones de que su mujer tenía intención de fugarse con el bebé.
Para Coll, "esto es un caso de ineptitud funcionaria" por el que se deberían exigir responsabilidades. "En los medios sale la persona que se ha llevado al niño, pero no el funcionario que la ha dejado salir", apunta, y agrega que "en España se han llegado a pagar indemnizaciones de tres millones de pesetas, cuando todavía estaban las pesetas, por este tipo de errores".
La policía también tuvo que acudir en una ocasión al domicilio, después de haber iniciado el proceso de divorcio, porque la mujer de Alejandro no le dejaba pasar con Marcelo el tiempo que habían acordado. Ella sostenía que él quería llevarse al niño a España, discurso que repitió en más ocasiones. Después de este episodio, ella se marchó de la vivienda que compartían. Dos días después, fue el marido de su suegra, de nacionalidad holandesa, quien "totalmente derrumbado" alertó a Alejandro de que el pequeño se encontraba en Kenia.
Un conflicto entre Holanda y Kenia
Así, hay tres países implicados: España, Holanda y Kenia. Para el abogado de familia Adolfo Alonso, expresidente de la Fundación Child Care, no cabe duda de que "la responsabilidad en este caso es de Holanda", que es el país del que se sustrajo al menor y donde Alejandro puso la denuncia, que después presentó en España. "Veo muy dudoso que esa denuncia en España tenga éxito" al no ser el país en el que se cometieron los hechos, y matiza que se trata de "un conflicto entre Holanda y Kenia" en el que las autoridades judiciales españolas no tendrían ninguna competencia.
La legislación que se aplica en estos casos es el convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, de 1980, que ampara a Marcelo igual que "a todo menor que tuviera su residencia en un Estado contratante", en este caso Holanda. El objetivo del convenio es "establecer los procedimientos que permitan garantizar la restitución inmediata del menor a un Estado en que tenga su residencia habitual" y asegurar los "derechos de custodia y de visita".
El texto apela a los "efectos perjudiciales que podría ocasionarle (al menor) un traslado o una retención ilícitos". "Los estudios que hacemos en niños recuperados muestran el proceso mental que han tenido que elaborar para subsistir", indica la presidenta de Child Care. "En muchos casos sufren el síndrome de Estocolmo y a veces se les miente y se les dice que el otro ya no los quiere, los ha abandonado o incluso que ha muerto", agrega.
"El tiempo que pasan fuera juega en contra del menor", señala, y advierte de que "el segundo proceso de adaptación, una vez recuperados, es más difícil que el primero". "Viven con miedo de que les pueda volver a ocurrir lo mismo", un miedo con cierta base dado que "en muchos casos, el secuestrador vuelve otra vez, e incluso la justicia les concede un régimen de visitas".
Sin más opciones
Es muy difícil, si no imposible, que Alejandro pueda recuperar a su hijo por la vía judicial. Su intención es pedir el divorcio y la custodia de Marcelo pero, incluso con una sentencia favorable en Holanda, Kenia no tiene porqué acatar la decisión, al no formar parte de la Convención Internacional de La Haya ni haber suscrito el convenio sobre la sustracción internacional de menores. Si el caso hubiera sido el contrario y Alejandro se hubiera llevado a Marcelo a España, su conducta sí que estaría penada, ya que Holanda y España sí forman parte del convenio.
"No hay mayor problema cuando el menor está en un país que ha firmado el convenio de La Haya", explica Coll. En algunos casos, es aún más complicado y las sentencias que se dictan en Espña no tienen ninguna validez. "En los países del Magreb, las madres no tienen ni derecho de visitas. Tenemos casos en Tánger y Libia en esta situación, incluso uno en Angola en el que la madre, con la custodia en España, sólo puede traer a los niños de vacaciones de uno en uno, nunca a los dos a la vez".
Este padre ya ha agotado todas las vías, incluso la diplomática. "Mi padre trabajó como diplomático, así que también lo hemos intentado a través de sus contactos". La familia ha hablado incluso con el embajador español en Kenia "y no hay nada que hacer". También acudió a la asociación Kinderontvoering, que presta atención jurídica a los casos de sustracción de menores que se producen en Holanda. Allí informaron a Alejandro de que el procedimiento cuando el país de destino no pertenece al convenio, como es el caso de Kenia, es emprender acciones legales allí.
"La mayoría de las veces hay que emprender un procedimiento legal en el país al que han llevado al menor", señala Coll. En estos casos, los padres y madres se enfrentan primero a dos obstáculos: los costes económicos y el sistema judicial. A veces se suma un tercer problema, que es el idioma. Una vez superadas estas barreras, es posible encontrarse con dos sentencias en dos países, cada una dando la custodia a uno de los progenitores. "Es muy complicado, porque el sistema judicial protege a los nativos en los casos en los que no hay convenio". En el caso concreto de Alejandro, "podría tener alguna ventaja en Kenia por ser hombre, pero ella es de allí".
"La mayoría de las veces hay que emprender un procedimiento legal en el país al que han llevado al menor"
A juicio de Alonso, quedaría como último recurso "intentar probar si el niño se encuentra en situación de peligro". También cree que Alejandro debe denunciar a las autoridades holandesas por ignorar sus advertencias. Según Alonso, podría de acogerse al artículo 8 de la Declaración Europea de Derechos Humanos (derecho al respeto a la vida privada y familiar) ante el Tribunal de Estrasburgo, pero esto sería "una vez agotadas todas las instancias de la justicia holandesa", será un proceso "sobre todo largo de tiempo" y "sólo serviría para conseguir, en el mejor de los casos, una indemnización al cabo de cuatro o cinco años".
Alejandro ya da su caso por perdido y asume con resignación que quizá no volverá a ver a Marcelo en mucho tiempo. Sabe que "en Kenia no van a respetar la sentencia" y sólo espera "que la familia o el entorno de ella se den cuenta de que esto ha sido una locura". "Pueden pasar años hasta que vuelva a ver a mi hijo. A lo mejor es dentro de tres o cuatro años o cuando tenga 16 ó 18".
Quizá Marcelo, cuando sea mayor de edad y sea consciente de la experiencia que vivió hace dos semanas, decida regresar con su padre. "En el momento que estos niños cumplen la mayoría de edad, si conocen la historia, acaban volviendo", señala Coll.
Hasta que llegue ese reencuentro, Alejandro le escribe "cartas todos los días" y también va a crear "una cuenta de correo electrónico para que le escriban mis familiares, para que sepa que tiene una familia a la que no conoce".
