El Tribunal de Cuentas ha detectado "importantes desviaciones" en el proyecto principal de la Fundación Residencia de Estudiantes: la Memoria de la Edad de Plata, una iniciativa de recuperación documental, que, según informó ayer la Agencia Efe, no contó con un presupuesto específico a pesar del elevado volumen de recursos que tuvo. Dichas afirmaciones estarían contenidas en un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas referido a los ejercicios de 2005 a 2009, en el que señala también que la Residencia de Estudiantes distribuyó en esos años más de 1,7 millones de euros entre sus trabajadores en concepto de retribuciones y gratificaciones fuera de convenio y sin que constara su aprobación ni sus criterios de cuantificación.
Respecto a la Memoria de la Edad de Plata, proyecto plurianual que se inició en 2005 para la recuperación y tratamiento de los documentos de la época comprendida entre 1868 a 1936 a través de un portal de internet, el informe recuerda que la Fundación dedicó al mismo un importante volumen de recursos económicos y humanos. Sin embargo, dice, la falta de delimitación temporal de cada uno de los capítulos del proyecto "y su carácter abierto en cuanto a la realización de nuevas actuaciones, han causado importantes desviaciones en su desarrollo, que representaron en su conjunto un 54,4 por ciento".
Además, agrega el Tribunal de Cuentas, diversas facturas de prestación de servicios como digitalización y catalogación se emitieron "por conceptos genéricos". También se refiere a las contrataciones, con el objeto de elaborar un portal en su página web sobre la Edad de Plata, de una empresa cuya administradora única era la directora de I+D de la Residencia. Sostiene que se formalizaron 9 expedientes con esa empresa por importe de 806.267 euros, todos ellos por adjudicación directa, dice el tribunal.
Otros de los aspectos destacados sobre este proyecto es que la memoria de actividades detallaba las actuaciones previstas y desarrolladas en el ejercicio correspondiente "sin incluir datos económicos relativos al coste de las mismas ni tampoco a la financiación obtenida para su ejecución". Indica también que los convenios suscritos entre la Residencia de Estudiantes y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) durante ese período contenían "escasas o nulas previsiones relativas al control y supervisión de las actuaciones desarrolladas".
La Fundación tampoco poseía los derechos de propiedad intelectual de sus publicaciones (más de un centenar), que eran ejercidos por la Asociación Amigos de la Residencia de Estudiantes sin que se hubiese formalizado acuerdo alguno para ello. Esta asociación, de carácter privado, forma parte del Patronato de la Fundación y compartía con ésta directivos, circunstancias que "exigían absoluta transparencia en la gestión de los fondos públicos entre ambas entidades, que no siempre se produjo", advierte el informe.
Respecto a las retribuciones del personal, el informe destaca las cantidades recibidas en concepto de "varios calidad cantidad", que se percibían de forma permanente y generalizada sin que constara aprobación ni criterios de cuantificación.Durante esos ejercicios parte del personal recibió también una gratificación anual, que era aprobaba por la directora de la Residencia, Alicia Gómez-Navarro, "sin que conste la existencia de procedimientos o criterios para establecer las cuantías y personas que las percibieron". No obstante, el tribunal señala que las cuentas anuales de la fundación correspondientes a esos años "reflejan, en sus aspectos significativos, la imagen fiel de su situación financiera".
De momento, la Residencia de Estudiantes no se ha pronunciado sobre el tema.
