El Ministerio de Transición Ecológica sigue dándole vueltas a las fórmulas para abaratar el recibo eléctrico y la principal alternativa, a la espera de consolidar el impulso de las tecnologías renovables, pasa por la fiscalidad. Lo que sí tiene claro la ministra, Teresa Ribera, es que la reforma del sistema de fijación de precios del mercado mayorista, objeto de debate al inicio de la andadura del presente Gobierno, escapa de las competencias del mismo.
"Hay más alternativas, entre ellas la fiscal", apuntó Ribera durante su intervención en una jornada organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Precisamente, una de las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo con carácter de urgencia ha sido la suspensión temporal del impuesto sobre la generación eléctrica, cuyo efecto se dejó sentir especialmente en el mes de octubre.
No obstante, el recibo continúa en cotas elevadas, hasta el punto de que 2018 se encamina a ser el año con la luz más cara en las últimas dos décadas. Y todo ello pese a que la climatología ha favorecido la producción con tecnología renovable, como prueba el hecho de que más del 40% de la generación de electricidad en lo que va de año proviene de estas fuentes.
En este sentido, Ribera habló en sus primeras semanas como ministra de la conveniencia de dar una vuelta al sistema de fijación de precios, de carácter marginalista, de tal manera que la tecnología más cara era la encargada de establecer el precio de referencia para cada franja horaria. Una idea que, a día de hoy, parece totalmente descartada.
Sin margen para cambiar
“El mercado eléctrico es muy complicado, nosotros estamos en el marco comunitario y, como suelo decir, entre nuestros planes no está salirnos de la Unión Europea”, bromeó Ribera para dejar claro que el margen de maniobra del Gobierno en este punto es prácticamente inexistente, tal y como explicaba de forma reiterada su antecesor en el cargo, Álvaro Nadal.
De esta forma, entre las opciones restantes, Ribera hizo alusión a la fiscal, lo que supone abrir la posibilidad a cambios en la composición del recibo. En la actualidad, el peso del precio mayorista en éste apenas alcanza el 35%. "Hay que hacer un repaso de las medidas que pueden paliar la subida de los precios", señaló, aunque sin especificar ninguna en concreto.
En cualquier caso, la ministra señaló que los esfuerzos del Ejecutivo se han centrado en tratar de minimizar el impacto para el consumidor vulnerable, con la puesta en marcha de un nuevo bono social que, además, tiene como complemento otro referido a la calefacción de los hogares.
Compromiso con la industria
La ministra Ribera también hizo mención a la cuestión de los precios industriales de la energía, asunto que han puesto de actualidad los casos de anuncios de cierre de plantas por parte de multinacionales como Alcoa o Cemex. "Debe haber un cierto compromiso de mejora para las industrias hasta donde se pueda mejorar. Pero nada de subvencionar", apuntó Ribera, quien además recalcó que las empresas deben responder a ese compromiso del Estado con aportaciones en materia de innovación.
Además, Ribera insistió en que 2040 debe ser la fecha que marque el final de las matriculaciones de vehículos que emitan gases contaminantes y mostró una cierta extrañeza por la polémica generada por la medida, que está contemplada en el borrador del anteproyecto de Ley de Cambio Climático. "Es contradictorio asumir los compromisos de París por unanimidad del Congreso y luego considerar que las medidas para hacerlo son precipitadas".
