El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha afirmado este jueves que se escandalizaría si la Agencia Tributaria (AEAT) no pudiera investigar a personas con relevancia social, "como ocurrió en ocasiones anteriores". Así lo ha asegurado en el debate en el Congreso del real decreto ley por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para luchar contra el fraude en los servicios públicos, para el impulso del funcionamiento de la Administración de Justicia y de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Montoro ha incidido en la autonomía e independencia de la Agencia Tributaria y ha recalcado que el Gobierno sólo interviene para tratar de mejorar sus medios, para apoyarla en su labor, cuando se la ataca desde fuera, y para estimularla en su trabajo en la lucha contra el fraude. En este sentido, el ministro ha señalado que a los funcionarios de la AEAT no debe preocuparles "lo más mínimo" los nombres y apellidos, ni la relevancia social ni la afiliación política de los investigados.
Asimismo, ha defendido el respeto por la ley y por el interés general "por encima de todo", sin importar compañeros y rivales, amigos y enemigos, "y que cada cual responda de sus actos" y que esto es lo que promueve el Gobierno y él mismo y es lo que provoca "tantos éxitos" en la lucha contra el fraude.
Montoro asegura que el Estado pone los medios posibles para sancionar conductas delictivas
A su juicio, el que no lo entienda "cierra los ojos a la realidad", como ya ocurre cuando se analiza la labor económica del Ejecutivo. En su defensa del real decreto, Montoro ha asegurado que el Estado pone los medios posibles para sancionar conductas delictivas, "sean quienes sean las personas o instituciones que las cometan", y trabaja para hacer más eficaz el trabajo de los organismos que luchan contra el delito.
Oferta de empleo público
El ministro ha criticado que durante la crisis aumentara en más de 400.000 personas el sector público y que se descuidaran sectores prioritarios y ha añadido que ahora se evalúan ámbitos en los que es necesario reforzar la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos. Asimismo, ha subrayado que esta oferta de empleo público no abandona la filosofía del control del gasto y flexibiliza la tasa de reposición hasta un máximo del 50% en sectores esenciales.
En el debate, la diputada del PSOE Susana Sumelzo ha asegurado que el real decreto, que tiene un "tufo" electoralista, supone una nueva rectificación del Gobierno de algunas de las políticas más duras que ha tomado hasta ahora. La portavoz de CiU, Carme Sayós, que se abstendrá, ha pedido al Ejecutivo que deje de gobernar con decretos leyes y el diputado de la Izquierda Plural Joan Coscubiela ha criticado a Montoro que ahora que aparece el escándalo de Rodrigo Rato "saque pecho y diga que va a perseguir a todos".
El portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, ha dicho que el Gobierno pretende dar marcha atrás a un estado de las autonomía que no le gusta y el diputado de UPyD Álvaro Anchuelo ha señalado que su grupo se abstendrá y ha añadido que ya alertó del riesgo de que la amnistía fiscal se mezclara con problemas de corrupción política.
