Es muy poco probable que la Comisión Delegada para Asuntos Económicos prevista para este jueves traslade ya al Consejo de Ministros del viernes la reforma energética. Sus prioridades son otras en estos momentos y tienen que ver con el objetivo de evitar el rescate total de España. Ello significa un nuevo retraso en el calendario previsto por el Gobierno para esta reforma, que se había marcado el mes de julio como último plazo para presentarla, según dijo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el pasado día 13.
El texto definitivo del que depende el futuro del sector energético está, según fuentes gubernamentales, “en manos de los abogados del Estado”. Se trata de una regulación muy compleja en la que se están mirando “los puntos y las comas” para blindar el texto contra posibles recursos por parte de las eléctricas. Estos se basarán, previsiblemente, en el carácter confiscatorio que pueden tener los nuevos impuestos a las renovables, el posible trato discriminatorio a las compañías o la imposibilidad de que éstas repercutan los nuevos costes a los clientes. El denominador común de estos recursos será, según teme el Gobierno, la invasión de la normativa comunitaria.
Los recursos que teme el Gobierno guardan relación con el carácter supuestamente confiscatorio de los nuevos impuestos a las renovables
Mientras tanto, el ministro de Industria, José Manuel Soria, lleva a gala su independencia frente a los grupos de presión que se mueven en el sector. El deseo del Gobierno es que la reforma pueda entrar en vigor sin problemas en cuanto sea aprobada por el Consejo de Ministros. Si fuera así, se aprobaría como decreto ley y, tras su convalidación en el Congreso, se tramitaría como un proyecto de ley ya que contendrá la creación de nuevos tributos. Entre los expertos hay dudas de si al incluir nuevos impuestos podría aprobarse en primera instancia como decreto.
El ministro de Industria reconoce en privado que la reforma está varada en Hacienda, pues tiene implicaciones presupuestarias. Según algunas fuentes, Soria habría ofrecido a las eléctricas nuevas deducciones fiscales para calmar su iracunda reacción al borrador que se filtró hace dos semanas. Se trata de cuestiones que no son menores en un momento tan delicado como el que atraviesa España para sus ingresos públicos.
El paquete que ultima el Gobierno contiene una batería de impuestos y tasas a las diferentes tecnologías de generación eléctrica que, en algunos casos (los que afecten al régimen ordinario de generación eléctrica, al gas y el céntimo verde a los hidrocarburos), las propias compañías pueden terminar repercutiendo sobre sus clientes. En el sector hay un notable enfado porque Industria está siendo muy hermética con los detalles de la reforma y Soria va presumiendo de que no admite presiones aunque la nueva regulación, en realidad, lleva meses cocinándose desde la Oficina Económica de La Moncloa.
La presión es enorme. Iberdrola dejó caer ayer una advertencia que hasta ahora las eléctricas sólo dejaban caer en privado o a través de su patronal, Unesa: si la reforma le perjudica, habrá consecuencias para el empleo en España. Su consejero-director general, José Luis San Pedro, señaló que la empresa estudia un nuevo plan de reducción de costes que “obviamente” estará relacionado “con la evolución del margen bruto de los negocios”, una variable que, en España, experimentó fuertes caídas en el primer semestre. La presentación de ese programa de ajuste coincidirá con la próxima actualización del Plan Estratégico de la eléctrica, que se ha aplazado de forma paralela a la reforma. “Hemos hecho una serie de provisiones en los gastos de personal de este año para quedarnos con las manos libres a la hora de dimensionar las plantillas”, dijo San Pedro.
Los recortes de empleo, de hecho, ya se están produciendo. La eléctrica ha presentado a los sindicatos un plan "no traumático" para la salida, vía prejubilaciones, de 400 empleados, como consecuencia del decreto de reducción de costes eléctricos que aprobó el Ejecutivo a finales de marzo, según fuentes de UGT consultadas por EP.
"Si no hay sentido común, veremos", dice Galán, sobre el posible cierre de centrales
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, pidió que la reforma se base en "datos contrastados, fiables y reales" y confió en que Rajoy, “persona prudente, honrada y con gran sentido común”, dijo, actúe con “equidad y sentido de la justicia” y haga “todo lo necesario para acabar con la lacra” del déficit de tarifa (insuficiencia de ingresos regulados del sistema) y establezca “un modelo sostenible”. A Galán le preguntaron por la posibilidad de cierre de centrales en España, vista la infrautilización de muchas de ellas (sus plantas de gas han producido un 67,8% menos hasta junio), desplazadas por las renovables y el carbón. "Si no hay sentido común, veremos", respondió.
Galán, que ha hecho caso omiso de la recomendación del ministro de Economía, Luis de Guindos, para que los directivos del Ibex moderen sus retribuciones (hasta junio, cobró 4,8 millones en metálico, más 305.000 acciones de la eléctrica como parte del bono estratégico 2008-2010), confió en que “la racionalidad económica” se imponga a “las presiones de los lobbies” e insistió en que se frenen las primas a las renovables (en especial, las solares), incluso las que cobran las plantas que ya están en marcha. El salmantino consideró “aberrante” la entrada en funcionamiento de nueva potencia termosolar en los últimos meses.
Al Gobierno no solo le presiona para acelerar la reforma el calendario interno, sino también el internacional. El informe completo de evaluación sobre España del Fondo Monetario Internacional (FMI) adelantó hace un mes sus conclusiones y en ellas se pide una solución “rápida y efectiva” al gigantesco problema del déficit de tarifa, que ya supera los 25.000 millones de euros y que, según advirtió ayer Soria, podría alcanzar los 50.000 millones a medio plazo.
El FMI le pide al Gobierno en su último informe sobre España una solución rápida y efectiva para el déficit de tarifa
Cuando hace tres semanas todo el mundo pensaba que se iba a producir la fumata blanca, el Gobierno dio un paso muy tímido al aprobar, entre otras medidas, la obligación de que los impuestos autonómicos que ya se aplican a las instalaciones de las eléctricas se repercutan en esas regiones y la eliminación de la revisión trimestral de los peajes, decisión con la que evita la fijación de los costes regulados del sector cada tres meses. Esta decisión (que suele acarrear bronca política) podría tomarse así una vez al año (aún está por definir) y sólo se actualizarían las tarifas en función del coste de la energía, que está liberalizado. En este mismo paquete, el Gobierno se comprometió a aplicar criterios de progresividad para incentivar que quien más consuma, más pague.
