Se agotan los plazos que se ha marcado CiU para sacar adelante los cambios legislativos necesarios para poner en marcha el proyecto BCN World, el ‘Eurovegas’ catalán, mientras crece el nerviosismo de sus promotores y de los inversores que se han comprometido a acompañarles.
El próximo 26 de marzo se celebrará un debate en el Parlament catalán que será crucial y en el que el partido de Artur Mas se topará frontalmente con la oposición de ERC, que finalmente no dará su brazo a torcer. Se tratará la modificación de la Ley de Centros Recreativos y Turísticos (CRT), para adaptarla a las exigencias de los impulsores del complejo.
El socio de Gobierno de Mas se opone a la rebaja fiscal para la tasa del juego del 55% al 10%, así como al juego a crédito y a los planes para ampliar la recalificación de la zona donde se desarrollará el complejo, al lado de Port Aventura, en Tarragona. Son estas medidas las que defiende el Gobierno catalán para hacer posible el complejo de hoteles, casinos y centros comerciales que lidera Veremonte, el grupo inversor del polémico promotor inmobiliario Enrique Bañuelos.
Esquerra se opone a la rebaja fiscal en la tasa del juego del 55% al 10% propuesta por CiU y a un modelo de turismo y casinos que, según ellos, no conviene a Cataluña
Pero ERC no solo se opone a todas estas medidas, sino también al propio modelo de proyecto, centrado en el turismo y el juego, algo que no conviene a Cataluña, según defiende el grupo republicano, que además duda de la credibilidad de las cifras que han presentado la Generalitat y el promotor del proyecto.
La negativa de Esquerra parece irrevocable, como demuestran sus enmiendas presentadas hasta ahora, así que el Ejecutivo catalán se está moviendo estos días para tratar de camelar al PSC y granjearse su apoyo, no solo de cara el pleno del Parlament del próximo miércoles, sino para la crucial votación definitiva de la norma, prevista inicialmente para el 24 de abril.
El PSC se hace el duro y no aceptaría una rebaja fiscal superior al 25%, que además estaría supeditada a la reinversión del 10% de los beneficios generados
El grupo liderado por Pere Navarro no se ha mostrado tan inflexible como ERC, pero no está dispuesto a aceptar una rebaja fiscal superior al 25%, que además estaría supeditada a que el 10% de los beneficios obtenidos por el complejo se reinviertan obligatoriamente en la zona.
Tampoco quiere el PSC que se amplíe la zona urbanizable entre Vilaseca y Salou. Si no se cambia la Ley del CRT para permitir que se pueda practicar la actividad del juego en esa área urbanística, cercana a Port Aventura, el proyecto de Bañuelos se vendrá abajo.
El PP, por ahora, mantiene una postura tibia, sin definición, aunque en Madrid apoyó sin fisuras el frustrado proyecto Eurovegas, los cambios en la Ley del Juego y en la norma para permitir fumar en algunos espacios del complejo.
Si CiU consigue al menos la abstención tanto de PSC como de PP, el proyecto saldrá adelante aún con la negativa de ERC
El juego parlamentario permitiría sacar adelante el cambio de la Ley con las abstenciones de PSC y PP, aún con el 'no' de ERC. Pero la negativa de uno de ellos, ya sea PSC o PP, daría al traste con la propuesta y con el macroproyecto.
Prometió en su día Bañuelos una inversión de 4.700 millones de euros para el desarrollo de un macrocomplejo que daría empleo, en su construcción, a 17.000 personas, y ya en pleno funcionamiento a unas 30.000.
El empresario valenciano fundador de Astroc cuenta para la primera fase del proyecto con tres socios: el gigante chino de los casinos Melco Crown, que cotiza en el Nasdaq y sería no sólo el operador del negocio sino también su músculo financiero; el grupo hotelero balear Melía y el promotor de centro comerciales Value Retail.
El holding Veremonte promete una inversión global de 4.700 millones de euros y cuenta para la primera fase con los socios Melco, Meliá y Value Retail
El holding Veremonte, además, tiene un acuerdo con La Caixa, con una opción de compra de los terrenos donde se desarrollará el complejo, que son propiedad de la caja catalana.
No hay más detalles de la inversión ni de qué nuevos socios se incorporarían al proyecto más adelante. Desde el entorno de Bañuelos se confirma que la llegada de nuevos inversores se anunciará cuando todos los cambios normativos estén aplicados y el proyecto sea una realidad.
Es esta la gran arma de Bañuelos, haber dejado en el tejado de la Generalitat la responsabilidad de sentar las bases de un complejo tan importante para la economía catalana, según defienden sus promotores, el empresariado tarraconense y parte del catalán y algunos sindicatos, como UGT.
