El enfrentamiento abierto con el Gobierno a cuenta del futuro de la central nuclear de Garoña empieza a abrir fisuras en la posición de sus propietarias, Iberdrola y Endesa. Oficialmente, no hay ninguna diferencia entre ambas empresas. Pero, extraoficialmente, hay matices. En palabras de un alto directivo de Endesa, que pide el anonimato, la posición sobre “el fondo” del asunto está clara y meridiana. De hecho, la semana pasada Endesa auguró el cierre masivo de todo el parque español de energía nuclear (y el de carbón) como consecuencia del impuestazo al que este jueves dio vía libre el Congreso.
Respecto a la amenaza de cierre de Garoña, que sería la primera en caer por el nuevo marco fiscal, en lo que el Ministerio de Industria ha calificado de “chantaje”, el discurso no varía: esta deberá clausurarse porque la aplicación de los nuevos impuestos la deja “fuera de mercado y obliga al cierre anticipado de la planta en 2012”, según recordó este jueves Nuclenor, la sociedad que la explota, participada por ambas al 50%. Iberdrola recuerda, además, que “todas las decisiones en Nuclenor se toman por unanimidad”.
Sin embargo, según el citado alto directivo de la compañía que preside Borja Prado, Endesa discrepa con Iberdrola en “las formas” con las que se ha abordado este asunto y aboga por rebajar la tensión por el Gobierno, que va in crescendo.
Soria amenaza con abrir una investigación por el cierre anticipado de la planta y ultima expedientes contra el resto de nucleares
Este jueves, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, amenazó con la apertura de un procedimiento de investigación para conocer las causas del cierre de la central este mes, “antes de la fecha establecida”, julio del año que viene.
"No estoy hablando de una sanción, pero si la fecha de cierre para un reactor nuclear está establecida en una fecha no se puede, gratuitamente, decir seis meses antes: Esto se ha terminado", señaló Soria, que dijo que no le “consta” malestar alguno de las eléctricas contra él: “Están en su perfecto derecho de defender el interés particular y privado que tienen”, señaló.
Acto seguido, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) anunció que ha solicitado información adicional sobre la parada de Garoña, ante "las diferencias existentes entre la notificación enviada al CSN y el comunicado de prensa emitido por la central al día siguiente". La semana pasada, Nuclenor informó al CSN de que iba a "realizar una parada programada de la central con el fin de descargar todo el combustible a la piscina de almacenamiento de combustible gastado antes de que finalice el año 2012", según se indicaba en la notificación remitida al Consejo.
Posteriormente, la empresa anunció en su web que su consejo de administración había "decidido anticipar el cese definitivo de explotación con anterioridad al 31 de diciembre próximo” y procedería a desconectar la central el pasado domingo.
Nuclenor argumenta que la suma de los nuevos impuestos le suponen 161 millones de euros, lo que equivale a 1,5 veces sus ingresos previstos por la venta de energía en 2013. La mayor partida, 153,2 millones, corresponde a la tasa de 2.190 euros por cada kilogramo de uranio que se extraiga del reactor el año que viene. De ahí su decisión de extraerlo ahora.
Esta semana, el secretario general de Energía de Extremadura, Juan José Cardesa, avanzó que el Ministerio ultima un expediente sancionador por “infracción grave” a la nuclear de Almaraz, que lleva más de un año en situación de ilegalidad por no haber modificado su régimen societario, al igual que el resto de plantas atómicas (salvo Garoña).