Desde 2012, el Gobierno tiene sobre la mesa un detallado informe elaborado por la extinta CNC, con la ayuda de la CNE (organismos ahora integrados en el superregulador CNMC) que enumera, uno por uno, los principales problemas que provocan que España sea de los países de la UE con los precios más altos de los carburantes.
El informe destacaba este tipo de prácticas: Concentración en el mercado de refino y en el logístico; vínculos entre los operadores principales e imposición de los precios a sus redes de estaciones; problemas de integración vertical (los mismos operadores y mayoristas dominan las redes minoristas); y grandes trabas para que los operadores independientes puedan abrir nuevos puntos de venta y expandirse, entre otras prácticas abusivas.
Sin embargo, han pasado más de dos años y el Gobierno ni ha intervenido ni ha tomado medidas ni mucho menos ha cambiado la legislación para subsanar esos abusos. No lo hizo cuando las gasolinas subían muy por encima y a más velocidad de lo que marcaban los precios del crudo y las cotizaciones internacionales de los carburantes.
Y tampoco lo ha hecho cuando se ha producido el efecto inverso, la lentitud con la que las compañías han trasladado a sus estaciones de servicio las fuertes bajadas del petróleo y de los carburantes internacionales que se han venido produciendo desde junio pasado.
Competencia insuficiente, concentración de mercado, vínculos entre operadores principales, imposición de precios, problemas de integración vertical y otros tantos abusos destacaba el informe de 2012
Es lo que en su día la CNC definió como el efecto cohete-pluma: las gasolinas suben como un cohete y bajan a la velocidad que cae una pluma.
Pese al duro informe del antiguo regulador de la Competencia, el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, se ha limitado en diferentes ocasiones a criticar las prácticas de las compañías, amenazando con una posible intervención regulatoria si no corregían sus abusos, algo que jamás ha ocurrido. Además, el ministro canario se ha escudado en que el encargado de supervisar el mercado es la CNMC, a la que ha instado a actuar.
Esta misma semana ha aparecido el informe de precios de octubre del superregulador, en el que se constata que mientras el petróleo se ha hundido hasta los 80 dólares (llegando a 70 dólares en noviembre) y la cotización internacional de la gasolina ha caído un 9,1% y del diésel, un 6,9%, los precios en España sólo han bajado un 3,4% y un 3%, respectivamente.
Situación que, además, contrasta con que los márgenes de las petroleras, una vez más, se han disparado, un 5,1% en la gasolina, y un 3,4% en el gasóleo A.
Las petroleras suben la gasolina a la velocidad de un cohete y la bajan a la de la caída de una pluma, una situación que se ha constatado mes a mes durante 2014
Pese a esta situación, Soria ha salido en defensa de las petroleras al afirmar que hay “auténtica competencia”, pero que se seguirá de cerca la evolución de los precios desde el Gobierno.
Su compañero de Gabinete, Luis de Guindos, desde la cartera de Economía pidió este miércoles a las petroleras que trasladen el desplome del crudo a los consumidores y no lo destinen a “engrosar sus márgenes”.
Poco más ha hecho el Gobierno para actuar contra las reiteradas prácticas de las compañías, pese a los informes que tiene sobre la mesa. Y eso que, según las fuentes cercanas al Ejecutivo consultadas por Vozpópuli, este mismo jueves, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, estudió la nueva Ley de Hidrocarburos, que introducirá cambios para regular el fracking, pero no tocará la normativa relacionada con el mercado de combustibles.
La Comisión Delegada ha estudiado este jueves las modificaciones de la Ley de Hidrocarburos, pero ninguna de ellas atañe al mercado de las gasolinas ni a las prácticas abusivas de las grandes
A la desidia del Gobierno hay que unir la lentitud con la que avanzan los expedientes abiertos por la CNMC. La excesiva burocracia y los largos procesos de instrucción merman la capacidad de intervención del regulador que preside José María Marín Quemada en el mercado.
Actualmente hay dos expedientes en marcha. El primero, abierto en julio de 2013, debería estar en fase de resolución a finales de este año o a principios del que viene.
Son 18 meses de máximo los que tiene de vida este expediente, que investiga las prácticas contra la competencia de las cuatro grandes (Cepsa, Repsol, BP y Galp), así como “la coordinación entre operadores petrolíferos en materia de precios, clientes y condiciones comerciales”.
No ha trascendido si los servicios técnicos de la CNMC han sido capaces de constatar estas prácticas y si el expediente acabará en multa o sanción a las compañías.
El segundo expediente en marcha extiende la investigación también a las gasolineras abanderadas por supuestas prácticas restrictivas a la competencia y coordinación entre las grandes y los gasolineros independientes que operan sus respectivas redes de distribución.
Tampoco este expediente está aún en fase concluyente.
