"Banco zombie". Aquella descripción que Luis de Guindos hizo en el Congreso de los Diputados acaparó titulares. Se refería al Banco Popular en sus últimos días, poco antes del 7 de junio de 2017, cuando la Junta Única de Resolución (JUR) acordara su disolución y posterior venta por un euro al Santander. El próximo 2 abril el exministro de Economía deberá aclarar ante el juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional en qué se basó para atribuir aquel adjetivo a la entidad.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 investiga las presuntas irregularidades que llevaron a la quiebra al Popular. En concreto, dirige pesquisas contra el equipo de Ángel Ron por la ampliación de capital de 2016 que acometió la entidad por un importe de 2.500 millones, y contra su sucesor -Emilio Saracho- por un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.
En el marco de esta instrucción también tendrá que ayudar a esclarecer los hechos sobre los que se investiga al exgobernador del Banco de España Luis María Linde, quien llegó a admitir en la Cámara baja que si el Popular no hubiese sido comprado por un banco potente el resultado hubiera sido "catastrófico". Asimismo, deberá acudir al juzgado la expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Elvira Rodríguez, quien firmó una sanción contra la entidad financiera por un millón de euros.
Todos ellos han sido citados a comparecer como testigos en el llamado caso Popular para presentar la versión del organismo regulador y supervisor sobre cuál era la situación de la entidad en los años anteriores a su resolución. No es la primera vez que son requeridos en sede judicial para exponer motivos: los tres prestaron testimonio en el juicio del caso Bankia.
Luis de Guindos
El que fuera ministro de Economía entre 2016 y 2018 se pronunció sobre la situación del Popular antes, durante y después de su disolución en 2017, más allá de la citada frase sobre el banco "zombie".
Dos meses antes de que Santander comprara el banco por un euro, De Guindos llegó a decir que la entidad no tenía ningún problema. "Popular es un banco privado. Lo que nos indica el Banco de España es que es un grupo solvente y sin problemas de liquidez. El Gobierno no tiene nada que decir. El futuro del banco lo tendrán que decidir sus accionistas. El Ejecutivo sólo vigilará que se cumplen las normas de competencia", señaló el exministro en abril de 2017 en un encuentro financiero.
El exministro aseguró en el Congreso que "la alternativa habría sido no abrir el banco y declarar concurso de acreedores"
Un año después de la 'tormenta', defendió en varias ocasiones la resolución del Popular. Según dijo en el Congreso, "la alternativa habría sido no abrir el banco y declarar concurso de acreedores". Este año, durante la celebración del décimo aniversario del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el exdirigente del PP aseguró que la liquidación del banco se decidió ante el "potencial impacto desfavorable" que tendría sobre el sistema financiero y que la decisión final "permitió preservar los intereses de los depositantes y la estabilidad financiera".
Luis María Linde
El que estuviera al frente del Banco de España entre 2012 y 2018 coincide con De Guindos. Según dijo, todo iba bien. Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso -celebrada un año después de la resolución- aseguró que el Popular cumplía con todos los ratios de solvencia y de liquidez a principios de 2017.
El exgobernador del Banco de España insistió en que el Popular cumplía con todos los ratios de solvencia y de liquidez a principios de 2017
El juez intenta determinar qué sucedió entre dichos "principios de 2017" y abril de ese mismo año cuando se disolvió el banco. Según la hipótesis de la Fiscalía anticorrupción, ya en la ampliación de 2016 la entidad había proporcionado a sus potenciales inversores "folletos de inversión e información de sus estados contables y financieros que no reflejaban la verdadera situación económica de la entidad".
La versión de los peritos del órgano supervisor difiere de las declaraciones públicas de su exgobernador. En uno de los informes que obran en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional se concluye que el Popular fue "muy optimista" en las hipótesis para calcular las estimaciones a diciembre de 2016 reflejadas en el folleto de la ampliación de capital. Los peritos Santiago Ruíz-Clavijo y Pablo Hernández han sido llamados a declarar en marzo.
Elvira Rodríguez
En la causa que instruye el juez Calama también consta un informe de la CNMV en el que se concluye que "la información financiera consolidada del ejercicio 2016 no representaba la imagen fiel de su situación financiero patrimonial".
El organismo abrió un expediente sancionador en octubre de 2018 -cuya tramitación está suspendida al haber un proceso penal abierto- a los exdirectivos "por haber suministrado a la CNMV información financiera regulada con datos inexactos o no veraces, o de información engañosa o que omite aspectos o datos relevantes".
La CNMV concluyó que "la información financiera consolidada del ejercicio 2016 no representaba la imagen fiel" del banco
La expresidenta de la CNMV Elvira Rodríguez, quien estuvo al frente del organismo entre 2012 y 2016, deberá responder a las preguntas del fiscal Antonio Romeral y del juez Calama para ayudar a esclarecer las presuntas irregularidades cometidas por la cúpula del Banco Popular en los meses previos a su resolución. También tendrá que acudir a declarar como testigo su sucesor, Sebastián Albella, quien recién llegó a la CNMV cuando se disolvió el banco pero que, según ha adelantado EFE, ya había ejercido antes de asesor legal del Popular a través del despacho Linklaters, del que era socio.
