Los funcionarios, el personal laboral fijo y el medio millar largo de asesores contratados por los partidos políticos del Congreso y el Senado se han convertido en los únicos empleados públicos que tienen, además de sus sueldos, una asignación para financiar sus planes de pensiones privadas. Para esta función, se ha habilitado en los presupuestos en vigor, prorrogados del año anterior, cerca de tres millones de euros, pendientes aún de posibles modificaciones ante la proximidad de la ejecución anual.
Aunque todos los empleados del conjunto de las Administraciones e instituciones se rigen por una misma norma de rango superior, como es el la Ley Básica del Empleado Público, que se supone debería afectar de igual forma a todos los trabajadores públicos, las Cortes (el poder legislativo) han configurado este complemento a favor de sus empleados e incluso han creado un Estatuto de Personal propio. De esta forma, no sólo se les aplica las subidas salariales a estos colectivos, que figuran en los Presupuestos Generales del Estado, sino que además han fijado su propio proceso de negociación colectiva, estableciendo esta contribución que no dispone en la actualidad el resto del personal público. Se trata de una asignación de difícil justificación política y propia de una bonanza económica que precisamente no se vislumbra en el horizonte próximo, y menos cuando Bruselas está dispuesta a apretar en los objetivos de déficit o de deuda pública y cuando los ingresos han comenzado su desescalada con la amenaza de un nuevo ‘subidón’ fiscal.
Llama la atención también que en las partidas estipuladas para pagar las nóminas de los 266 senadores (electos y designados por los parlamentos autonómicos) figuren ya las casillas correspondientes a los planes de pensiones. Pero, de momento, la contribución de la Cámara se mantiene en “cero euros”. Esta anotación, aunque no consta aún en las rúbricas presupuestarias correspondientes a los diputados, da a entender que sus señorías están preparando el terreno para instaurarse de nuevo la dádiva que se creó en 2004 para todos los representantes políticos (también para todas las nóminas públicas). Fue suprimida por decreto por Mariano Rajoy en 2012, ante la crisis económica y también por el cerco al Parlamento del movimiento del 15-M cuyos cargos guardan ahora silencio.
En aquel momento, el plan privado de los representantes políticos incluía varios elementos, que podrían restaurarse, como un seguro de vida, otro de invalidez y un concepto denominado “prestación de supervivencia” que se sustanciaba mediante un pago indemnizatorio al llegar a la edad de jubilación. Sólo los parlamentarios de IU, UPyD e Iniciativa per Catalunya renunciaron por escrito a partir de 2011 a todo este paquete de protección. En cualquier caso, se mantiene aún en el capítulo presupuestario de transferencias corrientes otra partida de más de tres millones de euros para complementar, hasta alcanzar la pensión máxima, las prestaciones públicas de la Seguridad Social o de Clases Pasivas de los parlamentarios que causaron derecho antes de 2012 y que no habían cubierto sus carreras de cotización de forma suficiente o que no habían realizado cotización alguna al sistema público ya que estaban adscritos por ejemplo al Colegio de Abogados.
Contribución a los planes
En realidad, estas instituciones habían retomado las contribuciones de las cámaras a los planes privados casi a hurtadillas a partir de 2021, es decir, en el segundo año de la pandemia. Curiosamente, a pesar de la supresión, el Senado ha mantenido de forma testimonial esta partida que ha ido incrementando a lo largo de los años. Por ejemplo, a partir de 2012 los fondos destinados por esta Cámara a planes de pensiones privados eran de 19.500 euros para llegar a los 31.000 en 2020 y repuntar de forma sostenida a partir de 2021: de los 49.000 euros en ese año se pasó a 264.000 en 2022 y ahora es de casi 400.000 euros.
Por su parte, el Congreso ha dispuesto a partir de 2022 de más de 350.000 euros para funcionarios y asesores, cantidad que se ha duplicado en los últimos años. En todo caso, el grueso de las aportaciones a los planes privados figura en el presupuesto de las Cortes Generales, dónde se centralizan las partidas más importantes del gasto de personal de ambas cámaras. Aquí aparece un crédito inicial de casi 1,8 millones para el personal funcionario. Es idéntico al de 2023 al tratarse de un presupuesto prorrogado, pero es un 90% superior al gasto habilitado en 2022 y un 340% más que el de 2021. Se desconoce el criterio del reparto de estas asignaciones.
Lo que más llama la atención es la inclusión en este complemento salarial del personal de confianza de los grupos políticos, ya que se trata de personal eventual ajeno a la función pública, cuya relación laboral ni siquiera tiene la consideración de fija ya que este colectivo debe cesar cuando concluya el mandato de quienes les han contratado. De momento, su gasto inicial en pensiones privadas se acerca a los 650.000 euros y se financia con los impuestos de todos, así como los 21 millones correspondientes a sus nóminas (incluidas las cotizaciones sociales del empleador) que también corren a cargo del contribuyente ya que no se abonan con las subvenciones que también reciben los partidos políticos por su representación parlamentaria.
Ejército de asesores
Se trata de un ejército de asesores elegidos a dedo que en el Congreso superan ya la media de más de uno por cada diputado (sale 1,6 por representante político), mientras que en el Senado la media es de 0,5% por cargo electo o nombrado por las autonomías. Serán posiblemente los parlamentos autonómicos los siguientes en sumarse a la restauración presupuestaria de esta partida aunque, por ejemplo, el País Vasco no ha llegado a suprimir esta aportación en momento alguno a pesar del decreto de Rajoy que se supone que debería haber aplicado.
Pese a la interrupción de esta financiación en 2012, muchos políticos y empleados públicos han mantenido desde entonces sus planes con aportaciones personales aunque las promotoras (las propias Administraciones, organismos públicos, así como diputaciones, museos, Guardia Civil o Casa Real) no hayan habilitado la financiación pública. Según la información oficial, el patrimonio total de los planes privados del sector público, que gestiona el BBVA, se sitúa en el entorno de los 600 millones de euros con la presencia de medio millón de partícipes.
