El Gobierno contempla un escenario en el que los ingresos de las grandes compañías españolas que gestionan combustiones fósiles quedarán muy mermados. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), remitido recientemente a Bruselas, prevé un descenso de importaciones de estas materias primas de unos 86.750 millones de euros. Esta medida diseñada presentada hace unas semanas coincide con el más que probable fin del impuesto a las energéticas.
Estas proyecciones, según indican fuentes ministeriales, ya han sido cotejadas con la Comisión Europea y las estimaciones de esta cantidad provienen de los cálculos que manejan los diferentes gobiernos e instituciones energéticas en los precios y en la demanda del petróleo y el gas.
El PNIEC es una hoja de ruta trazada con el objetivo de que en 2030, España sea un país más limpio y menos dependiente energéticamente hablando de los combustibles fósiles y apostar decididamente por las energías renovables y la electrificación de la economía. De cumplirse, impactaría de lleno en los ingresos de Repsol, Cepsa, BP o de Naturgy. “Nuestro plan es ambicioso, pero realista. Con la electrificación no se requerirá de los combustibles que son más dañinos para el medio ambiente”, apuntan fuentes del Ministerio de Transición Ecológica. Conviene recordar que en el PNIEC de 2020, la cifra era de 67.300 millones de euros, mientras que en la remitida a Bruselas recientemente el montante asciende a los 86.750 millones de euros.
De acuerdo al documento diseñado por Transición Energética, la reducción de Gases de Efecto Invernadero prevista para 2030 es del 32%, frente al 23% estimado en la versión original del Plan. El objetivo de consumo final de energía renovable sube al 48% –con un 81% de la generación eléctrica–, y el de eficiencia energética al 43%.
El PNIEC incide de “manera positiva en la seguridad energética nacional al disminuir de manera significativa la dependencia de importaciones de combustibles fósiles que suponen una elevada factura económica y que está sometida a factores geopolíticos y a una volatilidad elevada en los precios”, arguye el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
De acuerdo a los números que maneja el Gobierno, con una economía electrificada y un consumo de energía renovable por encima del 81% para 2030, la demanda del petróleo y el gas caerán y, con ella, sus precios. En concreto, la Comisión estima que el barril de Brent tenga un coste de 74 euros a finales de 2030 mientras que el megavatio a la hora se sitúe en torno a los 43 euros. “Esto repercutirá de manera positiva en la balanza de pagos de España cuando se culmine el PNIEC”, afirman desde el Ministerio.
Según los últimos datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), se importaron hasta junio un total de 17,2 millones de toneladas. Una cantidad que procede principalmente de Estados Unidos (5,6 millones), Brasil (4,5 millones), México (4 millones) y Venezuela (1,3 millones).
Repsol es la principal compañía importadora de petróleo en España. De los 1,2 millones de barriles al día que la compañía mueve, 0,7 corresponden a la actividad relacionada con el crudo mientras que 0,5 corresponden a la de productos. Por el contrario, de los 1.200 fletes al año 350 están relacionados con la actividad de crudos y 850 con la actividad de productos.
En este contexto, fuentes energéticas consultadas por Vozpópuli, indican que “el Gobierno se confunde remitiendo a Bruselas unos datos irreales porque la realidad energética es otra completamente diferente”. Como principales razones exponen el lento crecimiento en el coche eléctrico en los hogares españoles o el uso de combustibles fósiles para el Transporte. “El PNIEC indica que habrá 5,5 millones de automóviles eléctricos y los datos hablan por sí solos”, apuntalan. A su vez, recuerdan “que el sector aeronáutico, marítimo o pesado por carretera aún está lejos de estar electrificado”.
Repsol, una de las empresas más afectadas con las estimaciones del Ejecutivo, ha sido la empresa que ha liderado las quejas por arrinconar a los combustibles del futuro energético. “Se equivoca quien piensa que el gas y el petróleo no van a ser relevantes en el futuro”, dijo recientemente el presidente de la compañía Antonio Brufau.
Por ejemplo, la empresa multienergética mantiene unos aprovisionamientos de unos 20.000 millones de euros para acometer compras de crudo. Naturgy, por su parte, realizó un aprovisionamiento de unos 5.000 millones en el primer semestre de 2024 para la adquisición de gas.
No obstante, el recorte de importaciones que plantea el Ejecutivo no solo afectará a las grandes compañías y fuentes del sector remarcan que empresas más pequeñas que se dedican al trading de materias primas o la importación de gas y petróleo también “tendrán un impacto negativo” en sus cuentas.
A vueltas con el impuestazo
El Gobierno, por otra parte, vuelve a estar contra las cuerdas. El Ejecutivo tenía en mente poder hacer permanentes los impuestos a la banca y a las energéticas de forma permanente. El gravamen a los ingresos generados caduca a finales de año y Hacienda y Economía inició negociaciones con el resto de partidos políticos para que así fuera. No obstante, todo hace indicar que finalmente el gravamen a las energéticas va a caer después de que Junts y el PNV hayan ejercido presión para eliminar el tributo que gravaba a los ingresos de las empresas del sector.
Repsol y Cepsa habían lanzado un ultimátum al Gobierno y de salir el impuesto, las dos compañías cancelarán las inversiones previstas en los próximos años en materia de energías renovables. Ambas empresas prevén invertir más de 6.000 millones de euros en España en proyectos de hidrógeno verde y biocombustibles.
