Más del 50% de los 14.400 millones de euros que ha prometido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para los afectados por la DANA en Valencia saldrán, en realidad, del bolsillo de las entidades financieras. Y ahí retornarán. De momento, 5.000 millones de euros corresponderán a las líneas de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), una fórmula de ayuda pública que consiste en que los propios afectados tendrán que pagar a los bancos las cantidades que les presten. El Estado se limitará a avalarlas.

El total de 14.400 millones proviene de una ampliación de 3.765 millones que Sánchez ha anunciado esta misma semana, que se suman a los 10.600 ya prometidos anteriormente. La partida más importante corresponde a una línea de créditos ICO, como ya sucediera en la época de la pandemia con las empresas. En esta ocasión podrán adherirse también las familias que quieran reparar los destrozos de la gota fría en sus viviendas. La cuestión es que se trata de unas cantidades que, al fin y al cabo, tendrán que devolverse a las entidades financieras privadas a las que sean solicitadas y no, como puede parecer para muchos, un préstamo a fondo perdido por parte del Estado.

De momento, el Gobierno de Sánchez ha habilitado un primer tramo de 1.000 millones, al que se puede acceder bajo distintas modalidades. La primera pretende dar liquidez a hogares o empresas localizadas en los municipios afectados y que vayan a recibir ayudas directas del Estado o indemnizaciones del seguro, adelantando el cobro.

Cuando Pedro Sánchez anuncia que el Ejecutivo va a poner en marcha estas necesarias ayudas, hay que explicar puntillosamente de qué forma se reparten esas cantidades. Además de los 5.000 millones que salen de los bolsillos —y ahí retornarán— de las entidades financieras privadas, otros 3.500 millones corresponderán al Consorcio de Compensación de Seguros, que es el encargado de hacer frente a los pagos en situaciones de catástrofe. El Consorcio, tan mencionado durante las últimas semanas, está configurado para este fin y se mantiene con las cuotas procedentes del resto de productos contratados a las aseguradoras, por lo que no se trata de una partida nueva.

Asimismo, se repartirán otra serie de ayudas ya preparadas para despidos y ceses de actividades, puesto que las empresas ya pagan por ellas en caso de catástrofe, como ha sido esta DANA en Valencia. En el caso de los préstamos a empresas y autónomos que necesiten financiación para restaurar y desarrollar su actividad, el importe máximo es de 12,5 millones de euros por beneficiario. El plazo es de hasta 5 años para operaciones de circulante y de hasta 7 años en operaciones de renovación y otras inversiones de mejora.

También se ha anunciado una línea de avales ICO específica para uno de los sectores más afectados por la DANA, el agrario, con 60 millones de euros para la línea MAPA ICO SAECA. En el Consejo de Ministros de la semana pasada ya se plantearon 160 millones para este fin.

Sin embargo, desde el sector empresarial alertan de que, si bien ese dinero se concederá en condiciones más ventajosas, son préstamos que los afectados tendrán que acabar devolviendo a los bancos. "Las empresas están arruinadas, esto no es el covid", señaló el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

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