Es una de las causas de que el déficit público se haya disparado en 2019 hasta el 2,7% del PIB (33.000 millones). Después de varios años de contención, gracias a la falta de reposición de los pasivos (jubilados) por nuevos activos, el gasto de las Administraciones Públicas se ha vuelto a acelerar coincidiendo con la doble convocatoria de elecciones generales (en abril y diciembre). Según los datos de la cuenta de explotación de la Contabilidad Nacional, el Estado, las Autonomías y los ayuntamientos se gastaron el año pasado en pagar nóminas 134.063 millones de euros a pesar de la escasez de efectivos en colectivos tan importantes como el sanitario. Este ingente gasto público estructural, que sigue aumentando como si de una bola de nieve se tratara pese a las advertencias de Bruselas, demuestra la ineficiencia política en la gestión de este capítulo presupuestario. Equivale a la recaudación total por IRPF de los 20 millones de contribuyentes y a dos tercios (66%) de los ingresos obtenidos por IVA. Su ritmo de crecimiento es del 5,1% anual (casi 7.000 millones de golpe) frente al 4,7% del conjunto de la economía (16.000 millones). Se debe al crecimiento permanente del número de efectivos así como a los incrementos de las remuneraciones de los últimos ejercicios (en 2018 el alza fue del 1,75% y del 2,5% en 2019 a pesar de la baja evolución de la inflación y de los sueldos del sector privado).
Es la primera vez que se alcanza esa cifra y representa casi uno de cada cuatro euros de la masa salarial del conjunto de la economía española (570.433 millones). Esta masa recoge los sueldos brutos en efectivo y en especie así como las cotizaciones a cargo del empleador de todos los empleados público, incluidas las nóminas de los políticos y asesores nombrados a dedo, así como el generoso aumento de organismos públicos (ministerios, consejerías o diversos entes) de los partidos que han necesitado coaligase para gobernar. Este gasto se ha duplicado en menos de 20 años (2000) cuando se creó el Estado de las autonomías, mientras que la masa salarial de las sociedades no financieras ha crecido en este periodo 20 puntos menos.
El sector público, con empleo estable, ha ido siempre a contracorriente de la realidad económica, que se ha cebado en el sector privado
El sector público, con empleo estable, ha ido siempre a contracorriente de la realidad económica, que se ha cebado en el sector privado. Cuando empezó la crisis financiera e inmobiliaria en 2007, el coste del personal público era de 107.361 millones para 2,9 de empleados, según los datos de la EPA. Crecía a un ritmo del 9,5% anual, y llegó al 10% en 2008. Mientras tanto, en el sector privado el coste era de 333.321 millones (sociedades no financieras) para unos 14 millones de asalariados y crecía a un ritmo del 8,1%. A partir de 2009 fue cuando se notaron los efectos de la crisis en las empresas privadas con contracciones consecutivas de la masa salarial hasta 2014 (durante cinco años consecutivos) como consecuencia del descenso en vertical del empleo y de la devaluación salarial. El gasto descendió paulatinamente hasta los 292.616 millones en 2013 mientras que se volatizaban más de 3 millones de asalariados privados. Sin embargo, en el sector público, como consecuencia de la sobrecontratación por la llegada de la crisis (los partidos políticos colocaron a todos los suyos que pudieron en las Administraciones, sobre todo en las Comunidades Autónomas), la masa salarial superó los 125.000 millones en 2009 mientras aumentaba el empleo hasta casi 3,2 millones de personas. El récord en número se llegó en 2011 con más de 3,3 millones de empleados públicos, aunque la masa salarial se moderó por el recorte practicado por el Gobierno de Zapatero el año anterior. Hasta 2014 no empezó a recuperarse levemente esa masa de los empleados privados mientras que en el sector público comenzó en 2013, un año antes, aún en plena segunda recesión. Desde que comenzó la crisis, los gastos en personal público ha aumentado un 25% con 238.400 contratados más, mientras que los del sector privado han crecido sólo un 11%, menos de la mitad, con casi 600.000 trabajadores menos ahora respecto a los que había hace 12 años.
La situación es muy dispar en ambos sectores ya que en 2007 la masa salarial de las empresas no financieras privadas representaban el 66% del conjunto de la economía nacional mientras que el gasto de personal de las Administraciones llegaba al 21% (el resto se lo repartían las instituciones financieras, los hogares e instituciones sin ánimo de lucro y el resto del mundo). Sin embargo, ahora, según los datos oficiales de 2019, las empresas privadas representan el 64% de esa masa salarial de la economía mientras que el sector público acapara casi el 25% porque sigue creciendo el número de empleos, pese al importante esfuerzo inversor en equipos informáticos y a que las relaciones del contribuyente con las Administraciones son online, y al alza de los sueldos, incluidos los de los políticos. Por tanto, el coste salarial privado sigue por debajo del que se registraba al inicio de la crisis, y seguirá descendiendo por el efecto que va está ya teniendo el coronavirus en el empleo y en los sueldos, mientras que el del sector privado está por encima y sigue creciendo. El alza en 2019 del 5,1% de esta masa salarial de los funcionarios es la más importante desde 2009 (6,2%).
