La subida salarial media pactada en convenio colectivo hasta febrero fue del 2,89 %, más de tres puntos inferior a la tasa de inflación del 6 % de ese mes, mientras el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC) sigue atascado y el Gobierno aboga por vigilar los márgenes empresariales.
Esta semana CCOO y UGT se han reunido con CEOE y Cepyme para retomar la negociación de un acuerdo marco que sirva de referencia para la renovación de los convenios, con la idea de volver a verse tras la Semana Santa, después de que la patronal no haya presentado aún ninguna propuesta de subida salarial.
La negociación del nuevo AENC lleva atascada desde mayo del año pasado, cuando la patronal se negó a incluir cláusulas de revisión salarial vinculadas a la inflación para garantizar el poder adquisitivo, un mecanismo que los sindicatos siguen defendiendo y ante el que la patronal mantiene su rechazo.
Estas cláusulas estaban presentes en el 13,26 % del total de convenios colectivos con efectos económicos en 2022, un porcentaje que ha subido al 16,58 % en lo que va de 2023.
La pérdida de poder adquisitivo superó los cinco puntos en 2022
La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores ascendió a 5,6 puntos el pasado año, tomando como referencia una inflación anual media del 8,39 %, frente al alza salarial media del 2,78 % pactada en convenio.
Aunque si se tienen en cuenta solo los convenios renovados en 2022 -y no el conjunto de los convenios con efectos económicos ese año- los sindicatos indican que la subida salarial media pactada estaría cerca del 4 %, todavía 4,4 puntos por debajo del IPC medio.
Además, en un informe sobre negociación colectiva, CCOO apunta también que el 48 % de los trabajadores cuyos convenios se firmaron en 2022 están cubiertos por una cláusula de revisión salarial.
La propuesta sindical
En un intento de engrasar el diálogo, CCOO y UGT han planteado cláusulas de garantía basadas no solo en la tasa de inflación, sino también en la marcha de los sectores, de manera que se revaloricen en mayor medida los sueldos en aquellas empresas con mayores beneficios.
Además de este mecanismo de revisión, los sindicatos plantean subidas iniciales del 5 % para 2022, del 4,5 % para 2023 y del 3,75 % para 2024, lo que ha generado el rechazo de la CEOE a aplicar una subida retroactiva para 2022.
El acuerdo parece lejano, a pesar de la voluntad de diálogo expresada por las partes, con lo que los convenios se seguirán negociando sin una referencia que sirva de guía, lo que podría aumentar la conflictividad en algunos sectores.
Vigilar los beneficios empresariales
En paralelo, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económico, Nadia Calviño, ha apostado por seguir "muy de cerca" los márgenes empresariales para asegurar que todos contribuyen a moderar unos precios que en el caso de los alimentos siguen desbocados.
Aunque se refería al impacto de los crecientes márgenes en los precios finales, lo cierto es que la vigilancia de los beneficios de las compañías es uno de los puntos en los que más vienen insistiendo los sindicatos desde que comenzaron las tensiones inflacionistas.
Los sindicatos proponen la creación de un observatorio en el Ministerio de Hacienda que certifique los beneficios y la marcha de las empresas y sectores, para poder determinar "fehacientemente" la situación y calcular una cláusula de garantía acorde.
Dentro del propio Gobierno, la parte de Unidas Podemos insiste en topar el precio de algunos alimentos o en bonificarlos como se hizo con los combustibles el año pasado.
