El Gobierno lleva seis meses sin detallar la ejecución real de los fondos europeos, es decir, el dinero que verdaderamente ha llegado ya al tejido productivo. El último dato en contabilidad nacional lo publicó la Intervención General del Estado (IGAE) el 30 de septiembre de 2021 y hacía referencia a las transferencias y ayudas concedidas a unidades privadas o públicas no clasificadas en el sector Administraciones Públicas. Entonces, el gasto apenas alcanzaba los 104 millones de un total de 24.198 millones presupuestados el pasado año con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
Tras desvelar aquella cifra, la IGAE no volvió a desglosarla en los siguientes informes mensuales de ejecución presupuestaria y se esperaba que fuera en el de diciembre, publicado este jueves, en el que se detallara la ejecución real del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del año 2021. De hecho, el Gobierno remitía a este informe, previsto como todos los años para finales de marzo, cuando se le preguntaba por los datos de ejecución real. Una información que esperaban otros organismos, por ejemplo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Sin embargo, en el citado informe tampoco se detalla cuánto dinero ha llegado ya a su destinatario final. Únicamente se proporciona la cifra total de pagos realizados, donde se incluyen las transferencias a las comunidades autónomas, que ejercen como intermediarias en el reparto del dinero.
Esta partida es la que el Gobierno ha venido dando desde finales de año y que asciende a 11.000 millones de euros. De hecho, ante las dudas suscitadas sobre el estado del Plan, el Ministerio de Asuntos Económicos convocó a patronal y sindicatos en enero y se limitó a comentar que los desembolsos realizados hasta el 31 de diciembre de 2021 ascendían a 11.001 millones de euros, en línea con lo que ahora refleja la IGAE en su informe y que en cualquier caso apenas representa el 45% de lo presupuestado para ese año.
Preguntados desde finales de noviembre en Hacienda por cuál era la ejecución real hasta entonces, lo que ha llegado a las empresas, se remitían a las obligaciones reconocidas y se escudaban en que los datos de la IGAE van con decalaje. "Comparto que la ejecución no es la adecuada", reconoció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el debate de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos de 2022 en el Congreso, aunque aseguró que “la cifra de ejecución está alcanzando velocidad de crucero, que se acelerará en las próximas semanas”.
Asimismo, en la rueda de prensa celebrada este jueves para dar a conocer los datos de ejecución presupuestaria del año pasado, Montero no ha respondido a la pregunta de cuál ha sido la ejecución de los fondos europeos en términos de contabilidad nacional en 2021. Tan sólo ha dicho que hasta el 21 de enero de 2022, se han asignado a las comunidades autónomas 11.330 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), una cifra algo superior a la del informe de la IGAE (11.000 millones). Peguntados por por qué el informe de diciembre de 2021 no incluye los datos en contabilidad nacional desde Hacienda trasladaron ayer que "los fondos europeos son neutrales a efectos de déficit", y que a su juicio ya "se ofrece la información presupuestaria".
Acumulación de fondos europeos
El Gobierno ya informó de que de cerca del 10% del dinero autorizado en 2021 no se habría lanzado a través de convocatorias y respondía a subvenciones u otros procesos de adjudicación directa. De estos últimos, Cataluña ha resultado ser la más beneficiada, tal y como informó Vozpópuli. Moncloa detalló incluso que unos 650 millones se repartieron al margen de los criterios acordados con las CCAA en las conferencias sectoriales.
En este primer semestre el Gobierno pretende movilizar 38.500 millones, pero unos 2.600 millones son remanentes que se quedaron sin autorizar en 2021 y 14.435 millones autorizados el pasado año pero de los que aún no se han cerrado o lanzado las convocatorias. Es decir, que el 43% de los fondos europeos que el Gobierno quiere repartir en el primer semestre del año se arrastran de 2021.
Gracias a la modificación del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, el Gobierno puede hacer uso en ejercicios anteriores de los fondos que autorizó pero no gastó y, según el Ejecutivo, también de los que no llegó a autorizar.
Los expertos creen que parte de los 26.900 millones de fondos europeos presupuestados para 2022 volverán a quedarse sin gastar este año, precisamente, porque el Gobierno tiene que hacer uso de los remanentes que se arrastra de 2021. Un efecto denominado 'bola de nieve' y que ha traído a colación la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ante lo acaecido a finales del año pasado.
España debe cumplir las inversiones comprometidas con Bruselas para seguir desbloqueando tramos de dinero
Además de los retrasos en el lanzamiento de convocatorias y reparto del dinero, las empresas se enfrentan a varios problemas en la solicitud de los fondos europeos. Por un lado, los cortos plazos con los que las administraciones públicas están sacando estas convocatorias, impidiendo también que se ejecute todo el dinero en tiempo y forma. Por otro, la exigencia de financiar de su bolsillo más de la mitad del presupuesto de los proyectos o los ajustados plazos para presentarse a las convocatorias.
Además, las empresas compiten con el sector público en la mayor parte de los fondos europeos de los que pueden beneficiarse de manera directa. En concreto, el sector privado podrán optar directamente a convocatorias por valor de 16.320 millones en este primer semestre del año, pero el 52% de esos fondos UE también están abiertos a otros organismos de carácter público, según estimaciones de Llorente y Cuenca (LLYC) sobre el calendario de convocatorias del primer semestre de 2022 difundido por el Gobierno a mediados de febrero.
España debe cumplir las inversiones comprometidas con la Comisión Europea para seguir desbloqueando tramos del dinero europeo (los próximos, de 12.000 millones y 6.000 millones). Los primeros pagos estaban asociados, sobre todo, a reformas que debía llevar a cabo el Gobierno; pero en los próximos hitos y objetivos las comunidades autónomas deberán garantizar que el dinero llega realmente a la economía. Para conseguirlo, el Gobierno permitirá absorber más fondos UE a aquellas CCAA que más rápido ejecuten el dinero que se les ha asignado.
Un impacto económico menor
De ellas también dependerá el impacto que los fondos europeos tengan en la economía, un asunto sobre el que de momento tampoco hay consenso. BBVA Research calcula que este año aportarán entre medio punto y un punto más al crecimiento, dependiendo del momento en que se realice y el tipo de proyectos. El Banco de España (BdE) ya avanzó en diciembre que rebajaba el impacto en 2022 del 2,4% estimado en junio al 1,3%, es decir, 1,1 puntos menos.
Al ser preguntado por este asunto, el Gobierno remite a su última actualización del Programa de Estabilidad, enviado a Bruselas en abril de 2021, en el que contempla una aportación promedio de 2 puntos de PIB en el periodo 2021-2023. Sin embargo, según las últimas previsiones de los expertos, no se cumplió en 2021 (cuando los Next Generation apenas aportaron 0,3 puntos al crecimiento de la economía, según el BdE) y tampoco se alcanzará este año.
La AIReF avanzó hace unas semanas su intención de revisar a la baja el impacto que preveía que tendrían los fondos europeos en la economía española este año. Su presidenta, Cristina Herrero, explicó que el "importante" impacto estimado para 2022, que rondaba los 2,5 puntos por el gasto añadido del dinero que no se usó en 2021, será inferior al no cumplirse los elementos que iban a propiciarlo, como un contexto internacional favorable, los bajos tipos de interés, y una inflación reducida.
