En una UE que aspira a avanzar en la integración económica, hay un país cada vez más fragmentado. Hablamos de España y su mercado interior, condenado a una asfixia de normas que emana, más que de Bruselas, de sus propias administraciones. La imposición de los convenios laborales autonómicos sobre los nacionales es el ejemplo más reciente del empeño gubernamental por poner trabas a la actividad empresarial. Una tendencia -o vicio- que se ha intensificado en los últimos lustros, coincidiendo, paradógicamente, con el desarrollo de la unión monetaria en la Eurozona.
El cambio del marco laboral con los convenios es un ejemplo simbólico y evidencia que los pasos se dan por razones más políticas -es una cesión al PNV- que prácticas. La ausencia de una visión de estado, a largo plazo y coordinada entre todas las administraciones, ha colado en la estadística datos tan inquietantes como el que sigue: en España se han aprobado 206.777 normas entre 1995 y 2020. La actualización de esta cifra -aún no disponible- empeorará aún más el balance, ya que los tres últimos años de mandato de Pedro Sánchez se han caracterizado, precisamente, por la aprobación de nuevas trabas fiscales, laborales y regulatorias.
Las 206.777 normas acumuladas hasta 2020 forman parte del recuento elaborado por los economistas Juan S. Mora e Isabel Soler. El análisis está publicado en un documento de trabajo del Banco de España con el título: 'La regulación sectorial en España. Resultados cuantitativos'. Del informe se desprende que el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos han aprobado casi 8.000 normas al año en los últimos cinco lustros.
Antes de aprobarse la Constitución, en nuestro país veían la luz menos de 3.000 anuales. El desarrollo de las autonomías propició, como es lógico, una mayor actividad normativa. Lo que sorprende a economistas y empresarios, sin embargo, es que esa actividad haya alcanzado un grado tan 'febril'. Y no sólo porque la media anual triplique a la existente antes de 1978, sino porque la aprobación de normas sigue creciendo más y más. Dos ejemplos: en 2020, se aprobaron 12.250 nuevas normas; y en 2021, otras 2021. Aunque los totales están inflados a causa de los ajustes obligados por la pandemia, suman más de 4.000 en comparación con la media.
La tentación regulatoria está desbocada en algunas comunidades autónomas. El 70% de las normas generadas en el plazo que abarca el estudio tienen el sello de los Gobiernos regionales. El 15% corresponde a la administración central y el resto a los ayuntamientos. Lo llamativo es que la profusión normativa se ha acentuado recientemente. Son los últimos años los que empujan la media hacia arriba y no los primeros, como podría parecer (por la puesta en marcha de los gobiernos autonómicos). Otro botón de muestra: en 2020, la hiperactividad de las CCAA elevó casi al 80% la aprobación de normas, frente al 15,7 % de la Administración Central y el 5 % de las locales.
Cataluña lidera la 'fiebre' de normas
A la cabeza de la fiebre normativa se sitúa, con mucha diferencia, Cataluña, con una media anual de 772 y un 'pico' de 1.825 registrado en un año concreto. Sólo la supera Castilla-La Mancha en los niveles máximos, que llegó a aprobar en una ocasión 1.917. Tras Cataluña se sitúan Andalucía, Castilla y León y Galicia. Madrid, cuya economía es comparable en términos de PIB, está en el otro extremo, con una media anual de 390,5, casi la mitad. Los autores del informe del Banco de España advierten que "una mayor complejidad regulatoria tiene un efecto negativo sobre la tasa de empleo y un impacto negativo sobre el valor añadido“.
"El problema es cuando la regulación se vuelve anticompetitiva y pone en riesgo a nuestras empresas respecto a otros países europeos", recordaba este jueves en Madrid el presidente de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), José María Bonmati. El sector de la distribución es uno de los que soporta mayor carga normativa en España. No extraña que todas las patronales estén sumando fuerzas para luchar contra la hiperregulación.
Esta semana, sus líderes se reunieron en la capital para advertir de las consecuencias que acarreará la nueva regulación de los envases y el reciclado de los mismos. Otra traba más, que lleva el sello del Ministerio de Transición Ecológica y que indigna particularmente a los empresarios por dos razones. La primera es que la ministra del ramo no se ha dignado a dialogar con las compañías afectadas (de El Corte Inglés a Mercadona, pasando por Ikea o Dia). La segunda es que el Gobierno va muy por delante de Bruselas en la regulación de los envases (la UE da de margen hasta 2030, pero España exigirá los cambios ya en 2025).
Los empresarios afectados admiten que hay ministerios más sensibles con las barreras que implica el exceso de regulación. Ponen dos ejemplos: uno es el de Agricultura, liderado por Luis Planas; y el otro de Industria, cuya cartera está en manos de Jordi Hereu. En el otro extremo está el de Transición Ecológica, en manos de Teresa Ribera, a quienes muchos empresarios critican por su predisposición negativa al diálogo.
"¿Qué sentido tiene adelantarse cinco años a la normativa europea? ¿Queremos ser los primeros a costa de romper el mercado único?", se preguntaba esta semana la presidenta de ANGED, Matilde García Duarte, que representa los intereses de los gigantes de la distribución.
ANGED forma parte de CEOE, la patronal que lidera Antonio Garamendi y que alertó recientemente sobre el mismo problema. En un informe difundido en mayo aseguraba que el Gobierno central aprobó 683 normas en 2023, prácticamente dos al día. CEOE aporta un dato muy ilustrativo: el número de páginas publicadas por los Boletines Oficiales de ámbito estatal y autonómico alcanzó los 1.275.465 el año pasado. "Para que una persona pudiera estar complemente actualizada sobre las novedades legislativas publicadas el año pasado tendría que leer cerca de 3.494 páginas al día", recuerdan desde la patronal.
La cifra es anecdótica, pero también esclarecedora. Permite visualizar el milagro diario que supone para miles y miles de empresarios sacar adelante cada día su negocio en España.
jgarejula2
En este tema, cuya importancia es enorme y mucho mayor de lo que el ciudadano medio piensa, confluyen varios factores a modo de tormenta perfecta. El primero es la elefantiasis de la Administración Pública, consecuencia de la invasión de afiliados y militantes de sindicatos y partidos durante decenios. Cuanta más gente, más trámites que justifiquen la "necesidad" de seguir contratando/colocando a enchufados que, además, son por lo general muy incapaces. Y más trámites significa más regulación. Un segundo factor es la presencia masiva de licenciados en Derecho en la política. Tienen asumido que si no dejan su huella en forma de ley, norma o reglamento es que han fracasado. A estos dos factores señalados se le añade el proverbio de que cuanto más corrupto y decadente es un régimen, más y más absurdas leyes vomita. Por último, la tendencia socialista-comunista, y España lo es hoy, a regular todos los detalles de la vida diaria de las personas a imitación de la organización de un campo de concentración en el que se detallan las horas de la comida, del baño, la ropa, las tareas, las relaciones interpersonales..., hasta las ideas.
brandon
Lo Llaman Socialcomunismo.. ¿que Esperabais?
velociraptor
Han acabado con la mitad d los pequeños negocios familiares y van a acabar con la otra mitad, por la avaricia confiscatoria comunista. Hoy en día mantener un pequeño negocio con este gobierno es simplemente imposible. Todo son impuestos y mil normas, que no podrás cumplir, sin dejar d atender lo importante, tu negocio y sus trabajadores, ya lo de conciliar es d otro país, en España imposible
ANAC
"Cuanto más corrupto es el Estado, más numerosas son las leyes". Tácito.
Meduelelacaradesertanguapa
Totalmente de acuerdo
CondeMor
Triste pero certero. Un abrazo kaixo