La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha informado este viernes -víspera de Nochebuena- sobre su investigación acerca de los polémicos cambios que se produjeron en el Consejo de Administración de Indra el pasado verano, que implicaron la destitución de varios consejeros independientes, que disentían sobre la línea de gestión marcada por los directivos de la compañía, encabezados por Marc Murtra, su presidente, un hombre cercano al PSC a quien situó el Gobierno en el cargo.
El regulador considera acreditado que los accionistas SAPA, Amber Capital y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales actuaron de forma coordinada en los momentos previos a la Junta de Accionistas en las que se destituyó a los citados vocales. No obstante, descarta la existencia de una acción concertada, al no haber encontrado los suficientes indicios al respecto.
Esta decisión la ha adoptado por unanimidad el organismo presidido por Rodrigo Buenaventura y en cuyo consejo se encuentra Mariano Bacigalupo, es decir, el marido de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Llama la atención porque en la nota emitida por al CNMV se reconoce que la forma en la que fueron destituidos Alberto Terol, Enrique de Leyva, Carmen Aquerreta y Ana de Pro se encuentra "totalmente alejada de los estándares que se esperan de una sociedad cotizada". Aun así, no considera que contravenga la normativa vigente.
Hay que recordar que estos ceses se produjeron después de que el presidente de Amber Capital, Joseph Oughourlian (a la vez, primer accionista de Prisa), introdujera un punto fuera del orden del día que incluía dicha petición.
Sin sanciones
El regulador incide en la nota en que mantendrá la vigilancia sobre la compañía "a la luz de posibles nuevos hechos derivados de futuros cambios accionariales, de gobernanza y de toma de decisiones en Indra". En este sentido, llama la atención la forma en la que se refiere indirectamente a Marc Murtra como el representante del Gobierno en la compañía.
Esta decisión tiene una enorme relevancia para los promotores de esta maniobra -entre ellos, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales-, toda vez que les libra de la obligación de lanzar una Oferta Pública de Adquisición por la compañía. También les exonera de posibles sanciones por estos hechos, que sucedieron el pasado 23 de junio y generaron una polémica de la que se hizo eco la oposición parlamentaria.
De hecho, el propio Rodrigo Buenaventura se ha ofrecido a comparecer de forma voluntaria en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados para explicar y justificar su decisión.
Pepepelotas
No han de parar hasta que no se carguen a Indra, pero esto le puede salir muy caro a Sanchez e incluso lo podría sentar en el banquillo. No se puede permitir que entren en una empresa para meter a sus socios y que se la carguen, que cuide este aspirante a Maduro no termine entre rejas. Lo que no se puede es confiar el recuento electoral a esta empresa que tenia un prestigio y era un referente mundial y este tipo se la va a cargar. todo lo que toca lo hunde.
Yomismo
Si la CNMV evita sancionar a Indra aún habiendo cometido un delito, habrás que sancionar, de alguna manera a la CNMV.