Recortes en la producción, ajustes de plantilla y stock, negociaciones con los proveedores para retrasar los pagos... Son algunas de las medidas que empiezan a tomar las empresas ante la subida de los costes y la caída de la rentabilidad con una inflación que parece incontrolable. Las empresas asumen que las tensiones en los precios energéticos se mantendrán "al menos hasta la próxima primavera", según Cepyme, y se movilizan para poder afrontar este contexto, en el mejor de los escenarios, medio año más.
Las perspectivas de los empresarios sobre la crisis energética, que repercute en su tesorería, no son positivas. Cada vez son más los que temen que ésta se alargue más allá de 2022 y contemplan una recesión en la segunda mitad del año. De hecho, los cálculos de la patronal de la pequeña y mediana empresa ya apuntan a que la situación no se normalizará, como pronto, hasta el segundo trimestre de 2023.
Desde Cepyme aseguran que las compañías no están transmitiendo la totalidad del aumento de costes al precio final que paga el consumidor, lo que repercute en sus márgenes y, por consiguiente, en la operativa habitual de los negocios. En este sentido, admiten que el riesgo de impago o de retrasos para hacer frente a las obligaciones en los próximos meses" ha crecido y "un número creciente de empresas está negociando con sus proveedores una ampliación de los plazos".
La subida de los precios de la energía y otras materias primas, y su impacto en el resto de bienes y servicios, han descontrolado la inflación a nivel mundial; obligando a los bancos centrales a intervenir con subidas de tipos. Las empresas lamentan que los mayores costes de financiación y condiciones más duras para acceder al crédito empeoran aún más la situación de las empresas, especialmente las de menor tamaño, que salieron de la pandemia sobreendeudadas con 130.000 millones concedidos sólo a través de préstamos ICO, según los cálculos de Cepyme.
Una situación "insostenible"
Con tal cantidad de "obstáculos", fuentes empresariales tachan la situación de "insostenible" y proyectan caídas en la actividad como la que ya ocurrió en julio en la industria. Uno de los principales termómetros, el empleo, ya mandó la primera señal en julio, cuando la afiliación cayó por primera vez en este mes desde que hay registros. El paro también creció en 3.230 personas por primera vez en un mes de julio desde 2008, con el inicio de la crisis financiera.
Además, aunque las empresas intentan no repercutir los costes al cliente, lo cierto es que el descontrol de los precios de bienes energéticos, materias primas e insumos a raíz de la guerra está encareciendo los productos de la industria española, con precios ahora un 43% más altos que hace un año, y desplomando la competitividad de España frente al resto de la Unión Europea (UE) a niveles no vistos en los últimos siete años.
Con todo, la actividad de la industria registró en julio la primera contracción desde mayo de 2020 (cuando se sufrían los primeros estragos de la pandemia) como consecuencia del impacto sobre la demanda de la inflación y de la incertidumbre económica. La falta de nuevos pedidos tuvo un impacto negativo en la producción, que también mostró la primera contracción desde enero de 2021.
En este contexto, la duración de la crisis de precios es clave. Y como las empresas, los servicios de estudios tampoco prevén que la situación mejore en el corto plazo. A mediados de julio, BBVA Research adelantaba una desaceleración económica "importante" en España, con dos trimestres en negativo (lo que podría suponer que España entrase en una recesión técnica), mientras que Funcas advertía ya de que las subidas anuales de precios no bajarán del 7% hasta marzo de 2023.
