La Generalitat de Cataluña continúa contabilizando como ingresos en sus presupuestos las pensiones de 233 menores huérfanos tutelados, por una cuantía total de 2,4 millones, según los datos ofrecidos por el consejero de Trabajo, Chakir el Homrani (ERC). Esta forma de hacer fue denunciada por el Síndic de Greuges en 2015, pero aún no se ha detenido.
La Generalitat ha llevado a cabo este sistema desde al menos ocho años, con los Gobiernos de Artur Mas (CiU y JxSí), Carles Puigdemont y Quim Torra (JxCat y ERC), según ha asegurado Noemí de la Calle, diputada de Ciudadanos, a preguntas de El Liberal. "La ley se aprobó en 2010, en la última parte del Govern de José Montilla y su tripartito, pero no se incluyó como ingresos hasta 2012", ya con Artur Mas en el poder.
De los 233 niños, un 25% están acogidos por familias ajenas a ellos, mientras que el 35% están con familiares y un 40% están en instituciones. "Somos conscientes de la anomalía de nuestro sistema", ha asegurado Chakir el Homrani esta semana en el Parlamento a preguntas de Ciudadanos. "Estamos trabajando en un decreto que nos permita modificar esta situación e integrar esta pensión en el patrimonio privado del menor", ha considerado.
La Generalitat minimiza el número de menores afectados
A diferencia de otras comunidades autónomas, donde se abre su propia cuenta corriente a cada niño huérfano y tutelado, Cataluña justifica el ingreso para cubrir los gastos derivados de la manutención y cuidado del menor, obviando la gratuidad del servicio. El consejero de ERC está estudiando la fórmula para poder ser el administrador legal del dinero y una vez dejada la tutela devolver el dinero a los menores. "Esta cifra supone aproximadamente el 2,4% sobre el total de menores tutelados", han tratado de justificar desde la Consejería de Trabajo en una respuesta por escrito a El Liberal. El número total de estos niños es de 9.387 en Cataluña.
"Los Presupuestos no cumplen con la ley de la Infancia", le espetó la diputada de Ciudadanos Noemi de la Calle al consejero de ERC en la comisión parlamentaria de los Presupuestos de este año. El Homrani guardó silencio ante la afirmación. "La mayoría de los menores tutelados deben estar con familias de acogida en vez de centros", señalaba De la Calle. "Estos presupuestos perpetúan este sistema", zanjó.
De la Calle también ha recordado las investigaciones judiciales sobre el negocio de las adjudicaciones de los centros de acogida de menores tutelados por la Generalitat. En concreto, la investigación sobre el exdirector de la DGAIA, Ricard Calvo.
Los centros de menores cobran por niño trece veces más que las familias de acogida. En concreto, mantener a un menor tutelado en una institución cuesta a la Generalitat 4.000 euros por cada uno de los niños, mientras que las familias de acogida tan solo perciben 300.
La polémica normativa y sus cambios
La diputada se refiere a la disposición adicional séptima aprobada seis meses antes del fin del último mandato socialista del tripartito. "El importe de las prestaciones o pensiones de las que son beneficiarios los niños o los adolescentes que están bajo medidas de tutela o guarda a cargo de la entidad tutelar queda afectado a subvenir los gastos derivados de la atención del servicio público que reciben", rezaba la normativa en 2010, pese a ser un servicio gratuito.
Cinco años después de la aprobación, el Síndic de Greuges -defensor del pueblo catalán- emitía un durísimo informe sobre esta normativa (pág. 22). Rafael Ribó consideraba que la "afectación de las pensiones de la Seguridad Social discrimina a los chicos que son titulares respecto del resto de menores tutelados por la "Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), que, con independencia de su capacidad económica o eventual nivel de ingresos, no deben contribuir al mantenimiento del coste del servicio".
"La decisión de afectar las pensiones de los chicos y chicas para costear los gastos que genera su atención
les impone la obligación de contribuir a mantener del coste de un servicio que la Cartera de Servicios Sociales define como gratuito", aseguraba entonces el Síndic.
Años más tarde, la Generalitat de Carles Puigdemont modificó esta disposición. El Govern establecía que los menores tutelados debían disponer los importes de las prestaciones y pensiones una vez fueran extutelados, pero para ello puso como condición la aprobación de un reglamento legislativo, que nunca se ha presentado desde entonces.
