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Hace poco menos de dos semanas, la Secretaría de Estado para la Cultura decidió separar Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas y redistribuirla en dos bloques: el Libro, que pasa a formar parte de la nueva Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, y Archivos y bibliotecas, que pasarían a manos, directamente, de Bellas Artes y Bienes Culturales.
Considerando los asuntos pendientes que en el ámbito de la administración existen en materia bibliotecaria, estas acciones siembran la inquietud entre administraciones locales y usuarios, que observan con alarma la situación así como algunas medidas ya adoptadas.
Actualmente, la red nacional, autonómica y municipal de bibliotecas atraviesa dos problemas importantes: la morosidad en el sistema de financiación del canon por préstamo, al cual muchas administraciones no pueden hacer frente; la poca adquisición de nuevos volúmenes para fomentar la lectura y los obstáculos en el sistema de dotación de revistas, muchas de ellas publicaciones especializadas .
Tras una sentencia condenatoria al Reino de España del Tribunal de Justicia Europeo, en 2007, se reconoció en la Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas una remuneración que corresponde a los autores cuyas obras se prestan en bibliotecas, museos, archivos, fonotecas, filmotecas y centros similares.
Deben abonarla las instituciones titulares de las bibliotecas y otros centros que hagan préstamos de obras protegidas. Quedan eximidos de la obligación de remuneración los titulares de bibliotecas públicas de municipios de menos de 5.000 habitantes y los de las bibliotecas integradas en el sistema educativo. Se sobreentiende que el pago de los 0,2 euros por ejemplar prestad lo asumen los titulares de las bibliotecas, ya sean municipios o comunidades autónomas.
Los encargados de gestionar esa cantidad de dinero son las agencias gestión de derechos de autor. En España, la entidad que desde entonces se encarga de la recaudación es el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), el cual, a efectos de este reportaje, no han querido facilitar datos recientes sobre la deuda acumulada.
El impago asciende a más de tres millones de euros en los últimos tres años. Hasta el momento, el Ministerio de Cultura, ahora Secretaría, ha pagado los derechos de las 52 bibliotecas de las que es titular. La situación cambia con respecto a las comunidades autónomas, pues son ellas las que deben de afrontar los compromisos.
Sólo Aragón, Madrid, Navarra y Murcia, abonaron la tasa correspondiente a sus bibliotecas. Andalucía y Castilla y León, que en un principio se habían comprometido a pagarla, no lo hicieron, al aducir que no son ellas las titulares de las bibliotecas regionales sino sus ayuntamientos.
La no regulación de la Ley –existe un borrador de reglamento para la Ley de la Lectura, pero no uno definitivo- dificulta la situación en términos prácticos y obstruye planes a futuro. Por ejemplo, cómo podrán prestare libros electrónicos si no hay dinero para el pago de su licencia.
Es en ese apartado, el de la insuficiencia de los fondos además, donde radica buena parte de la parálisis del sector. El Ministerio de Cultura ha decidido rebajar la compra de libros, así como la no renovación de las suscripciones a las revistas, lo cual merma aún más el catálogo que usuarios y visitantes podrían utilizar.
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Actualmente, la red Nacional, autonómica y municipal de bibliotecas atraviesa dos problemas importantes: la morosidad en el sistema de financiación del canon por préstamo, al cual muchas administraciones no pueden hacer frente; la poca adquisición de nuevos volúmenes para fomentar la lectura y los obstáculos en el sistema de dotación de revistas, muchas de ellas publicaciones especializadas .
Tras una sentencia condenatoria al Reino de España del Tribunal de Justicia Europeo, en 2007, se reconoció en la Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas una remuneración que corresponde a los autores cuyas obras se prestan en bibliotecas, museos, archivos, fonotecas, filmotecas y centros similares.
Deben abonarla las instituciones titulares de las bibliotecas y otros centros que hagan préstamos de obras protegidas. Quedan eximidos de la obligación de remuneración los titulares de bibliotecas públicas de municipios de menos de 5.000 habitantes y los de las bibliotecas integradas en el sistema educativo. Se sobreentiende que el pago de los 0,2 euros por ejemplar prestad lo asumen los titulares de las bibliotecas, ya sean municipios o comunidades autónomas.
Los encargados de gestionar esa cantidad de dinero son las agencias gestión de derechos de autor. En España, la entidad que desde entonces se encarga de la recaudación es el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), el cual, a efectos de este reportaje, no han querido facilitar datos recientes sobre la deuda acumulada.
El impago asciende a más de tres millones de euros en los últimos tres años. Hasta el momento, el Ministerio de Cultura, ahora Secretaría, ha pagado los derechos de las 52 bibliotecas de las que es titular. La situación cambia con respecto a las comunidades autónomas, pues son ellas las que deben de afrontar los compromisos.
Sólo Aragón, Madrid, Navarra y Murcia, abonaron la tasa correspondiente a sus bibliotecas. Andalucía y Castilla y León, que en un principio se habían comprometido a pagarla, no lo hicieron, al aducir que no son ellas las titulares de las bibliotecas regionales sino sus ayuntamientos.
La no regulación de la Ley –existe un borrador de reglamento para la Ley de la Lectura, pero no uno definitivo- dificulta la situación en términos prácticos y obstruye planes a futuro. Por ejemplo, cómo podrán prestare libros electrónicos si no hay dinero para el pago de su licencia.
Es en ese apartado, el de la insuficiencia de los fondos además, donde radica buena parte de la parálisis del sector. El Ministerio de Cultura ha decidido rebajar la compra de libros, así como la no renovación de las suscripciones a las revistas, lo cual merma aún más el catálogo que usuarios y visitantes podrían utilizar.
