La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha endurecido el tono de su respuesta al desafío de Artur Mas recordando que el Ejecutivo dispone de "instrumentos suficientes jurídicos y judiciales" para frenar la convocatoria de un referéndum de autodeterminación que, hipotéticamente, se celebraría al próxima semana y, además "está dispuesto a usarlos". Durnate la rueda de presna que sigue a la reunión del Consejo de Ministros ha recordado que la convocatoria de una consulta sin autorización del Gobierno "sería inconstitucional, lo que conllevaría la suspensión automática de la decisión de convocar la consulta. Es decir, se va directamente al Tribunal Constitucional y se suspende la convocatoria con que solo lo pida el Gobierno".
Y no solo sería inconstitucional por no contar con autorización, sino, también, por excluir del censo a todos los españoles con derecho a voto. Ha explicado la vicepresidenta que la convocatoria que plantea Mas "tiene un procedimiento, que es la autorización por el Gobierno. Además, esa convocatoria afectaria al conjunto del pueblo español, porque son los españoles los que deciden sobre la organización territorial del Estado".
El endurecimiento de dicha respuesta es directamente proporcional a la escalada soberanista de Mas desde que se reunió con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la Moncloa el pasado día 20. En un principio, Moncloa optó por prudente silencio. La idea era no contribuir más al debate abierto por el president, pero éste, dejos de amilanarse, ha continuado su camino, primero, con la afirmación, el pasado miércoles, de que convocará un referéndum de autodeterminación haya o no haya autorización del Gobierno; hoy con una votación en el Parlamento catalán donde por 84 votos a favor (los de CiU, ERC y Solidaritat), 25 abstenciones (PSC) y 21 "noes" (PP y Ciutadans) se ha aprobado una resolución que pretende dar carta de naturaleza, aparicencia de legalidad, a la hipotética consulta.
Llegado el caso, se podría acusar a Mas de desobediencia y hasta de prevaricación en calidad de firmante del decreto de convocatoria
Al Ejecutivo no se le escapa que Mas puede aferrarse a la Ley Catalana de Consultas, de la etapa del tripartido (PSC-ERC-IC), que fue paradójicamente recurrida ante el TC por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta iniciativa legal fue suspendida tan sólo por cinco meses. Eso significa que está en vigor, aunque es cierto que el TC estableció una serie de cautelas de modo que la ley se circunscribiera a asuntos que afectaran a las competencias de la Generalitat. Para el resto se seguía necesitando de autorización del Estado, pero no cabe duda de que Artur Mas lo interpretará como algo que sólo afecta al ámbito catalán. En este punto, explicó Sáenz de Santamaría que el Estado podría pedir al Cosntitucional "dejar si efecto cualquier aplicación de esa ley".
También hay otras vías para intentar frenar a Mas, en cocnreto, la penal. En calidad de firmante del decreto de convocatoria, se le podría acusar de desobediencia y hasta prevaricación, y ser inhabilitado. No son instrumentos que haya citado la vicepresidenta, pero todo está sobre la mesa si persiste en su empeño.
