La Audiencia Provincial de Madrid avala la investigación contra Begoña Gómez. Los magistrados han desestimado este motivo concreto del recurso de la Fiscalía, que se opuso a la apertura de diligencias, y respaldan al juez instructor, que abrió diligencias a raíz de una denuncia de Manos Limpias por presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
En su auto, los magistrados de la Sección número 23 de la Audiencia Provincial de Madrid explican que la incoación de una querella o denuncia no conduce "de manera forzosa o ineludible" a la incoación de un procedimiento penal, sino que precisa de una valoración jurídica", ahora bien, también apelan a la doctrina del Tribunal Supremo según la cual para admitir una querella basta "la verosimilitud".
La Fiscalía recurrió el auto de incoación de diligencias que acordó el titular del Juzgado de Instrucción número 41 a mediados de abril al considerar que la denuncia de Manos Limpias -que se limitaba a aglutinar informaciones publicadas en prensa sobre los negocios de Begoña Gómez- no cumplía con los requisitos necesarios para proceder a su admisión.
"Lagunas de impunidad"
Por ello recurrió su auto en tiempo récord y lo hizo, además, directamente en apelación, para que el asunto fuera a manos de la Audiencia Provincial de Madrid sin dilaciones. Por su parte, el juez -que en apenas semanas de instrucción ya ha mostrado discrepancias de calado con el fiscal del caso- ha seguido adelante con las pesquisas y está pendiente de tomar declaración a testigos clave de la causa.
"La pretensión del Ministerio Fiscal de impedir toda investigación amparándose en una taxativa interpretación típica, en este delicado campo es inusual, y podría llevar a crear lagunas de impunidad en toda actividad delictiva donde la delimitación del comportamiento penalmente relevante no siempre es fácil de establecer y donde la obtención de fuentes de prueba es compleja", señalan.
Tras la deliberación del recurso, en la que se ha abstenido la exministra del PSOE Pilar Llop tal y como ha podido saber este medio, la Audiencia de Madrid concluye también que el juez debe practicar las diligencias necesarias. "De lo hasta ahora dicho se concluye que la investigación, por el momento, deberá limitarse a los hechos sobre los que existe base objetiva debiendo el instructor dar las órdenes oportunas a la fuerza policial investigadora", exponen.
Contra el secreto de sumario
En relación a la queja de la Fiscalía sobre el secreto de sumario que declaró el instructor al comienzo de las pesquisas, la Audiencia de Madrid precisa que esta medida limita el derecho de defensa pero no implica indefensión. No obstante, determinan que consideran "innecesario" que se acordara esta medida dado que el juez no explicó "la finalidad" que justificara el secreto.
Así pues, la Audiencia da la razón en este punto a la Fiscalía y estima parcialmente su recurso, obligando al juez a levantar el secreto que acordó en su auto del pasado 16 de abril. Con todo, esta medida ya no es necesaria puesto que Peinado decidió acordarla a principios de semana tras filtrarse en prensa el informe de la UCO de la Guardia Civil que descarta, por el momento, indicios de la comisión de delito por parte de Begoña Gómez.
Con este pronunciamiento el magistrado obtiene el aval de la instancia superior para impulsar una causa que pone el foco en los contratos que Carlos Barrabés, en UTE con The Valley, obtuvo de la Administración pública en plena pandemia. El juez trata de dilucidar si el consultor aragonés -que se impuso al resto de ofertas al ser el más valorado en la fase subjetiva- se benefició de las cartas de apoyo que redactó Begoña Gómez para adjudicarse estos contratos que gestiona el Gobierno que preside su marido.
El juez incoó diligencias el 16 de abril y le otorgó entonces la condición procesal de "investigada", lo que propició su personación en la causa de la mano del exfiscal y exministro del PSOE, Antonio Camacho. Hasta la fecha Peinado ha tomado declaración a los periodistas de El Confidencial y de Es.Diario que publicaron las informaciones relativas a los negocios de Begoña Gómez y también ha citado para los próximos 6 y 7 de junio a Barrabés, un socio suyo y cuatro altos cargos de Red.es.
Este organismo -dependiente en el momento de los hechos del Ministerio de Economía de Nadia Calviño- fue el que licitó los dos contratos que se adjudicó Barrabés en plena pandemia por poco más de 10 millones de euros. Del mismo modo el juez también ha solicitado a la Guardia Civil que recabe los contratos que este empresario se ha adjudicado en los últimos años tanto del Consejo Superior de Deportes (CSD) como de Red.es y del Ayuntamiento de Madrid.
Antipopulista
Qué importantes son los contrapoderes. Por eso la obse.sión del autó.crata de controlarlo todo, para hacer lo que quiera y que no haya consecuencias. Ya ni siquiera la fiscalía esconde que está coloni.zada por el Sanchismo, tendría que estar para garantizar la igualdad de todos los españoles, pero está para garantizar la impunidad de Sánchez y su familia. Lam.entable.
Alfon
En cualquier país democrático, solamente con que la fiscalía fuese la que ha metido el recurso para que no se investigue a la mujer del presidente, significaría la dimisión entera del gobierno. Nuestra democracia es joven, necesitamos urgentemente mejorarla.
Mercurio
Ese fiscal ¿no será, por casualidad, el mismo que defendía a la Infanta Cristina?
Vergilius
No caerá la breva. esta gente siempre se libra.
Saga
Se ve que a esta HDLGP de Begoño le gusta más el dinero gratis que al HDLGP de Sanchinflas, es lo que ocurre cuando 2 repugnantes personajes se juntan….2 mentirosos compulsivos!!!!
gwy
Enhorabuena. Por desgracia a la otra víctima de la cacería, Rita Barberá, consiguieron matarla antes de que también defendiera su inocencia. Qué contraste con la Presidenta del Gobierno / Reina Bego I
esperanzado2023
me gustaría que leyera esta noticia y la comentara el SEÑOR ALGORRI, ya que era raudo para comentar todo lo de Ayuso ahora quisiera leer sus comentarios sobre el escándalo de tráfico de Begoña Gómez.
CAYMAN
En cualquier país, cuando la Justicia deja de ser "ciega", convierte al estado en una banda de malhechores. ¿ Podría estar pasando esto en España?