Este lunes, España implementará el Real Decreto que obliga a hoteles, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos a registrar hasta 42 datos personales de sus clientes y a compartirlos con las fuerzas de seguridad del Estado. Esta medida, denominada informalmente "Gran Hermano Turístico", ha generado una ola de críticas y preocupación en el sector turístico desde hace meses, que ve en ella una amenaza a la privacidad de los turistas, un aumento en las cargas administrativas y un impacto potencialmente negativo en la competitividad del país como destino turístico.
La medida ha llegado en un momento delicado, justo antes de las festividades de Navidad, cuando el turismo en España vive uno de sus picos más altos. Según Agustín Almodóbar, portavoz de Turismo del Partido Popular, “el sector está más unido que nunca frente a esta medida que parece diseñada para perjudicar el desempeño en una época crucial”.
El decreto, que ya ha sido pospuesto en varias ocasiones debido a las quejas del sector, exige que hoteles, agencias de viajes y otros actores turísticos recopilen datos que incluyen, entre otros, nombre completo, datos bancarios, relación de parentesco entre viajeros y métodos de pago. Las empresas deberán almacenar esta información durante tres años, lo que, según expertos en ciberseguridad, podría convertir "a los sistemas de estos negocios en un blanco atractivo para los hackers".
Preocupación por la privacidad y la carga administrativa
Los empresarios del sector turístico coinciden en que las medidas suponen un atentado contra la privacidad de los clientes. Tal y como explica Almodóbar, "algunos turistas podrían sentirse incómodos al proporcionar información sensible", lo que podría influir negativamente en la percepción internacional de España como destino turístico.
Además, las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, enfrentan una carga administrativa que podría ser insostenible. "Muchas agencias de viajes y hoteles independientes aún no tienen claro cómo implementar el sistema. La falta de una orden ministerial detallada ha dejado al sector a ciegas, con el temor de que errores en el cumplimiento puedan acarrear multas que oscilan entre los 601 y los 30.000 euros”.
Por otro lado, la duplicidad de datos es otro aspecto que preocupa. Almodóbar lo plantea: "Si un cliente reserva a través de una plataforma como Booking, ¿tendrá que proporcionar nuevamente la información al hotel?" Esta confusión añade más incertidumbre al proceso.
El sector turístico exige diálogo al Gobierno
El sector no está en contra de colaborar con las fuerzas de seguridad, pero denuncia la falta de comunicación con el Gobierno. Los hoteleros y las agencias de viajes aseguran haber pedido repetidamente una normativa clara y un diálogo abierto para abordar sus inquietudes, pero no han recibido respuesta. “Se ha ignorado completamente al Parlamento y al Senado, donde se aprobó paralizar la medida. Es un atropello democrático y un desprecio al sector que representa más del 12% del PIB del país”, comenta Almodóbar.
Los expertos advierten que la percepción de un control excesivo podría desincentivar a los turistas internacionales, quienes podrían optar por destinos donde no se les exija proporcionar datos personales tan detallados. De hecho, medios internacionales ya han empezado a hablar sobre esta medida, el “Gran Hermano español”, en referencia a la obra de George Orwell. Según Demetrio Domínguez, presidente de la Asociación Riojana de Hoteles, “pedir datos innecesarios como la relación de parentesco o detalles bancarios es un sinsentido. No aporta seguridad real y solo complica el registro”.
Además, el retraso en los procesos de check-in debido al volumen de datos que deben ser recopilados podría afectar la experiencia del viajero, especialmente en temporadas altas cuando los alojamientos están al máximo de su capacidad.
Desde el Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, se defiende la medida como necesaria para modernizar un sistema de registro obsoleto que data de 1959. Fuentes oficiales aseguran que ya se ha utilizado en una fase piloto con resultados positivos, como la detención de más de 18.500 personas buscadas por las autoridades.
El Gobierno insiste en que la normativa está avalada por la Agencia Española de Protección de Datos y que no tiene fines recaudatorios. Aseguran que los datos requeridos ya forman parte de las operaciones normales de las empresas turísticas y que la orden ministerial en proceso de redacción facilitará su implementación. Sin embargo, esta justificación no convence al sector, que señala que los datos exigidos van mucho más allá de lo que es razonable o necesario.
El riesgo de ciberseguridad
El requisito de almacenar los datos durante tres años ha encendido las alarmas en materia de ciberseguridad. Muchas empresas turísticas, especialmente las pequeñas, carecen de los recursos para garantizar la protección de grandes volúmenes de datos sensibles.
El sector teme que los sistemas sean vulnerables a ataques informáticos, poniendo en riesgo la información personal de millones de turistas. Esta preocupación no es menor en un contexto global donde las filtraciones de datos se han convertido en un problema frecuente.
La indignación ha llevado a una movilización sin precedentes en el sector turístico. Asociaciones hoteleras de todas las comunidades autónomas, junto con agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos, han anunciado que recurrirán el decreto ante los tribunales. También estudian llevar el caso ante la Unión Europea, argumentando que la normativa podría violar las leyes comunitarias de protección de datos.
“No estamos en contra de garantizar la seguridad, pero esto debe hacerse de forma dialogada, escuchando al sector y respetando los derechos de los turistas”, concluye Domínguez.
¿Qué pasará el lunes?
Con la entrada en vigor del decreto a tan solo unos días, el sector turístico enfrenta un desafío monumental. Muchas empresas aún no saben cómo cumplir con las exigencias, mientras el Gobierno descarta nuevas prórrogas.
Si la normativa genera los problemas que el sector anticipa, España podría enfrentarse no solo a una caída en su reputación como destino turístico, sino también a un embrollo legal y administrativo que podría haberse evitado con un enfoque más dialogado y menos impositivo.
Por ahora, lo único claro es que la implantación del “Gran Hermano Turístico” promete seguir siendo uno de los temas más polémicos de la temporada navideña y podría marcar un antes y un después en la relación entre el Gobierno y uno de los pilares económicos del país.
