Las dificultades que encuentra el Gobierno para dar una salida razonable y pactada al conflicto catalán proceden, en parte, de la falta de recursos para responder a las demandas permanentes de una comunidad cuya deuda supera los 50.000 millones de euros y a la que en los últimos dos años se han prestado casi 25.000 a través del Fondo de Liquidez y del plan de pago a proveedores. Pero también operan problemas políticos de una gran envergadura, como revela la información que ha ido reuniendo Mariano Rajoy en los últimos meses en las reuniones reservadas que ha mantenido por separado con los once presidentes autonómicos de su partido, a los que ha citado este lunes para mostrarles la visión que tiene el Gobierno de la situación justo cuando está a punto de superarse el ecuador de la legislatura.
Este lunes, Rajoy informará en Madrid a sus presidentes autonómicos de cómo ve la situación en el ecuador de la legislatura
En estas reuniones, la mayoría de los barones le han trasladado a Rajoy su preocupación ante la posibilidad de que intente solucionar el desafío soberanista en Cataluña haciendo concesiones a la Generalitat que no puedan compartir el resto de las comunidades autónomas. “Si esto se produjera, le hemos dicho al presidente que se abrirían graves grietas dentro del PP y se rompería la cohesión interna sobre el modelo territorial”, afirma uno de los presidentes regionales a los que más respeta Rajoy, consciente de que la única que ha intando recientemente quebrar este criterio es la responsable del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho.
El reto catalán ha estado en todas las conversaciones del presidente con los barones regionales y de ellas puede concluirse también que existe una oposición radical a un cambio de la Constitución que permita, en teoría, un encaje más cómodo y a la medida de Cataluña en España. Fuentes del PP lo expresan de esta forma: “La tercera vía no existe y un cambio constitucional carece de sentido porque España ya funciona como uno de los modelos federales más avanzados”.
Los barones del PP no admiten que se cambie la Constitución ni tampoco que se le de a Cataluña el concierto económico
Esta es una reflexión ampliamente compartida dentro del PP y en el Gobierno y parte de la premisa de que todo el desarrollo del proceso autonómico se ha realizado en España con el consenso de los dos grandes partidos hasta que el Gabinete que presidió Zapatero se adentró por su cuenta y riesgo en la reforma del Estatuto catalán. Este paso significó un grave error, como se reconoce ahora también en el PSOE, y recuerda al desastre del constitucionalismo del siglo XIX, caracterizado por cambios al son del partido gobernante.
Los barones del PP coinciden también en que España tiene uno de los Estados más descentralizados del mundo, por lo que carece de sentido seguir reivindicando nuevas competencias. De hecho, las 17 comunidades pesan proporcionalmente en el gasto público casi dos veces más que los länder alemanes o los estados federales estadounidenses. Esta situación ha llevado a muchos de sus presidentes a reconsiderar el reparto competencial y a cuestionar, incluso, la conveniencia de que el Estado recupere áreas como, por ejemplo, la de la Justicia.
En el PP y en el Gobierno se comparte la opinión de que España funciona ya como un modelo federal y tiene uno de los Estados más descentralizados del mundo
Con este esquema trabaja el Gobierno y también las comunidades que gobierna el PP, donde se ve ahora inviable que puedan hacerse cambios que beneficien en exclusiva solo a Cataluña. “Darle el concierto económico tal vez se hubiera podido hacer en 1978, cuando se aprobó la Constitución, pero ahora sería un disparate, algo inadmisible por el resto de las comunidades”, argumenta un presidente autonómico que cree resumir el sentir de sus homólogos en el resto de las regiones.
