El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha fijado para el primer Pleno de febrero -está previsto que se celebre los días 7, 8 y 9- el debate sobre el recurso presentado por el PP contra la ley del aborto aprobada en 2010 durante el Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Esta decisión se produce en plena polémica por la aplicación de un protocolo antiaborto impulsado por Vox en Castilla y León.
Según ha informado el órgano de garantías, el tribunal abordará la ley de la eutanasia el próximo 21, 22 y 23 de febrero, mientras que el 7,8 y 9 de marzo estudiará la Ley Orgánica de Educación de 2020, conocida como la Lomloe.
Desde el TC han destacado que la intención de Conde-Pumpido es "acelerar la resolución de los asuntos, tanto los que tienen más antigüedad como aquellos que revisten una mayor repercusión social y política".
Una es el recurso del PP contra la Ley del aborto que data de 2010. El expresidente Pedro González Trevijano se comprometió al inicio de su mandato a finales de 2021 a llevar a pleno la ponencia que recayó en aquel momento en el conservador Enrique Arnaldo, tercer ponente de la patata caliente del tribunal. Sin éxito.
La imposibilidad de llegar a un acuerdo justificó que ningún presidente elevara a pleno este recurso, pero fuentes jurídicas consultadas por EFE señalan que "esta cuestión ya no puede esperar más" por responsabilidad y por el trasfondo social, moral y hasta religioso que toca este asunto.
Esta decisión de Conde-Pumpido llega en plena controversia después de que este lunes el sistema de salud de Castilla y León (Sacyl) haya estrenado su nuevo protocolo para mujeres embarazadas, encaminado a reducir las interrupciones voluntarias de embarazos en la comunidad, y que ha estado rodeado de polémica y contradicciones desde su anuncio el pasado jueves por parte del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox).
Vox ha lanzado un órdago al 'popular' condicionando el futuro del Ejecutivo regional a que se cumpla el pacto sobre el aborto.
Derivación a salud mental de las mujeres "que lo requieran", una cuarta ecografía en el primer trimestre de embarazo para que los progenitores puedan escuchar el latido fetal y una ecografía en 4D antes de interrumpirlo son los tres principales servicios que ofertará la región a las mujeres embarazadas, incluidas las que manifiesten su voluntad de abortar.
Vox amenaza con dinamitar el Gobierno de Castilla y León
Unas medidas que han generado polémica desde su anuncio el pasado jueves y que llevaron el domingo al Gobierno a remitir un requerimiento a la Consejería de Sanidad para que se abstuviera de ponerlo en marcha.
El Consejo de Ministros ha aprobado declarar "incompetente" a la Junta presidida por Alfonso Fernández Mañueco si actúa contra la Ley del aborto.
Como respuesta, la Junta de Castilla y León alegó a través de un comunicado que tiene "plena autonomía" para implementarlo e instó al Ejecutivo a abstenerse de dirigir requerimientos "vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía". Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado declarar "incompetente" a la Junta presidida por Alfonso Fernández Mañueco si actúa contra la Ley del aborto.
Por su parte, Vox ha lanzado un órdago al 'popular' condicionando el futuro del Ejecutivo regional a que se cumpla dicha medida.
Otras tareas de Conde-Pumpido en el TC
Otro asunto pendiente es el de la Ley de eutanasia, que entró en vigor en junio de 2021, que recurrieron por partida doble el PP, que defiende la falta de consenso político y social así como la infracción del derecho a la vida, y Vox que considera que la norma es "una derrota de la civilización" y la victoria de la cultura de la muerte.
Así, una década después, el Constitucional abre una etapa con una mayoría progresista que tiene sobre la mesa las dos últimas reformas del CGPJ, la ley catalana que elimina el 25% de castellano en las aulas y asuntos de gran trascendencia social como los mencionados eutanasia y ley del aborto.
PP y Vox también impugnaron la reforma educativa de la Lomloe o 'ley Celaá' que, en opinión de los recurrentes, no garantiza que el español sea lengua vehicular en todo el país, una cuestión que específicamente resolverá el tribunal cuando revise la ley catalana que evita la aplicación del 25% del castellano en las aulas de esta región.
Escala
No entiendo tanto rollo, si ya esta todo aprobado de acuerdo con la voluntad del gobierno comunista
Andres633
Lo veo difícil. Estas "posiciones" las mantiene en la más estricta intimidad.
Therese Poulain
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