El nuevo Ejecutivo tiene la firme intención de que España deje de ser el único país europeo de más de un millón de habitantes que no posee una ley de transparencia y acceso a la información, una carencia democrática en la que nos acompañan tres naciones europeas más: Luxemburgo, Malta y Chipre. En total 90 países cuentan con legislaciones de este tipo. Algunas fuentes, hablan de que aunque esta norma no vaya a estar lista durante los 100 primeros días de la 'Era Rajoy', tal y como se afirmó durante la campaña electoral, sí que hay una intención de aprobarla durante el primer semestre del año antes del verano. En este sentido, ya ha habido movimientos en el Gobierno: La Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría afirmó durante su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados el pasado martes, que en un corto plazo de tiempo, presentará un proyecto de Ley de Transparencia, inspirado en la iniciativa mundial para un Gobierno Abierto (The Open Government Partnership) impulsada por Barack Obama y Dilma Rousseff. En esta línea afirmó que "la ley de transparencia no solo recogerá el estilo de un gobierno abierto sino también las obligaciones de un buen gobierno".
Días antes el secretario de estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón Manso, dentro de las reuniones que está manteniendo con sectores de la sociedad civil, tuvo un encuentro con Access Info Europe cuya directora, Helen Darbishire, ha valorado positivamente la voluntad del Ejecutivo popular. Darbishier ha destacado la "apertura" del Gobierno y su voluntad de seguir el modelo de Navarra, quien ha presentado un proyecto de ley de acceso a la información y abierto un plazo de consultas y aportaciones de la ciudadanía. Por lo que Darbishier espera "un proceso abierto" en el que participará la sociedad en los "próximos dos meses". Además la directora de Acces Info Europe ha añadido que han trasladado al secretario de Estado dos preocupaciones fundamentales sobre la futura legislación: Una referente al "reconocimiento de este derecho como fundamental", en la línea de lo afirmado por instancias internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, de ahí que pidan que la nueva norma sea tramitada como una Ley Orgánica. La segunda petición fue en la línea de "asegurar la buena aplicación" de la nueva legislación, a través de "un órgano garante". En esta línea la directora de esta organización, cuya sede principal esta en Madrid y que se financia con fondos de fundaciones privadas y de Unión Europea, cree que lo más acertado es "combinar la protección de datos con el derecho al acceso a la información" y propone para España, un "comisionado" que pueda aunar ambos aspectos.
La iniciativa navarra y el precedente de Zapatero
Navarra tomó la delantera al Gobierno de Rajoy, cuando el pasado 20 de enero hacía público el Anteproyecto de Ley de Transparencia, impulsado por el ejecutivo navarro de coalición de regionalistas y socialistas. El borrador se encuentra hasta el próximo 7 de febrero en periodo de aportaciones y sugerencias desde la ciudadanía, quienes pueden realizar sus propuestas a través de un formulario electrónico o de su inclusión en el apartado "sugerencias" de la web del Gobierno regional. Nacida con el objetivo de hacer "diáfana y accesible la acción del Gobierno y democratizar la relación entra la Administración y los ciudadanos", en palabras de su principal impulsor el vicepresidente y consejero de Presidencia Roberto Jiménez (acreditado miembro del equipo de Carmen Chacón en el PSOE).
El texto gira entorno a tres ejes: La instauración de una "nueva cultura de trabajo" que vaya orientada al ciudadano y este pueda saber lo que se está haciendo por él; el derecho ciudadano a la información desde la perspectiva de la publicidad activa (aquella que el Gobierno está obligado a hacer público sin que medie reclamación previa como los presupuestos, los gastos en campañas institucionales o las retribuciones de los miembros del Ejecutivo y altos cargos) y de la denominada "información no sujeta a publicidad activa" (en la que debe mediar petición previa) para lo que se implementará un procedimiento lo más ágil posible. El tercer eje del texto será la participación y colaboración de los ciudadanos a través de las redes sociales o de otras herramientas telemáticas. Además, entre otras novedades, los navarros podrán proponer una ley o un reglamento si reúnen más de 2.000 firmas teniendo el Gobierno la obligación de tramitarlas o rechazarlas motivadamente.
En suma, Rajoy viene a concluir lo que Zapatero no pudo culminar tras adelantar las elecciones generales al pasado mes de noviembre. En concreto, el ex presidente socialista llegó a aprobar el pasado 29 de julio de 2011 un anteproyecto de ley, que nunca llegó al Congreso de los Diputados. En la misma línea, el Partido Popular que estaba en la oposición presentó un mes antes su propia norma en forma de Proposición de ley. Ambas iniciativas decayeron con el fin de la IX Legislatura.
