La Fiscalía francesa quiere que España le proporcione algunas aclaraciones antes de pronunciarse sobre una de las dos euroórdenes contra el exdirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera.
En la euroorden vinculada a la causa de financiación de ETA a través de las "herriko taberna", el fiscal de la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París reclama precisiones sobre fechas de hechos que supuestamente implican a Josu Ternera y sobre la pena susceptible de que se le aplique en caso de condena.
De acuerdo con los documentos en manos de la sala de instrucción, esa pena sería de "al menos nueve años", sin fijar un máximo.
Por otro lado, el fiscal se mostró partidario de que la sala acepte la segunda euroorden, en la que Urrutikoetxea está acusado de crímenes de lesa humanidad como miembro de la cúpula que decidía atentados entre 2004 y 2007.
También pidió que se le entregue a España por las dos demandas de extradición que pesan sobre él, una por su presunta implicación en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987, en el que hubo 11 muertos y 73 heridos, y otra por el asesinato en 1980 de Luis Hergueta, directivo de Michelin en Vitoria.
La defensa del que fuera dirigente etarra, por su parte, reclamó la nulidad de las dos euroórdenes y que queden sin efecto las demandas de extradición, porque en este último caso estima que los hechos reprochados a su cliente están prescritos.
"Razones políticas"
Los dos abogados, Laurent Pasquet-Marinacce y Laure Heinich, insistieron en que detrás de los requerimientos españoles lo único que hay son "razones políticas".
Según Heinich, "España lo quiere por lo que representa". Para Pasquet-Marinacce, Urrutikoetxea "es el principal artífice del fin de la lucha armada" de ETA y España quiere tenerlo como "trofeo".
Si no se acepta la nulidad, los letrados querrían como mínimo que España deba aportar un complemento de información en los cuatro procedimientos antes del dictamen de la sala.
Urrutikoetxea, que está encarcelado en Francia desde su captura en los Alpes el pasado mayo, sólo intervino en la audiencia para dar su identidad y confirmar que no quiere ser entregado a España.
Las juezas de la sala de instrucción convocaron dos nuevas audiencias, una el 18 de diciembre sobre las dos euroórdenes y otra el 8 de enero sobre las demandas de extradición.
Teóricamente en esas dos fechas podrían anunciar ya si las aceptan o no, pero dadas las posturas de la Fiscalía y de la defensa es probable que pidan a España aportar más precisiones. El proceso, en ese caso, se prolongará meses ya que una vez agotado el procedimiento en esa instancia se puede recurrir al Tribunal Supremo.
