La Fiscalía de Cartagena y la Guardia Civil investigan desde el pasado verano las causas objetivas de la degradación del Mar Menor, que tanta alarma social provocó a causa de la muerte de peces en lugares concretos de la laguna murciana. Los investigadores contemplan la multifactorialidad de la contaminación, pero están poniendo especial énfasis en las aguas residuales provenientes del deficiente estado del alcantarillado de los municipios ribereños, la falta de conexión de urbanizaciones a la red de saneamiento y la falta de redimensionamiento de las depuradoras. Es decir, una supuesta dejación y abandono por parte de las Administraciones locales, competentes en estas materias.
Vozpópuli ha tenido acceso a los requerimientos de la Fiscalía a científicos e ingenieros independientes que analizan datos de la laguna para que les haga llegar sus informes y conclusiones. En este sentido, la fiscal jefe de Área de Cartagena pidió estas investigaciones el pasado 21 de junio en un escrito remitido a la Fundación Ingenio, colectivo civil que representa al 85 por ciento de los agricultores del entorno del Mar Menor, unos 10.000, y que trabaja para activar análisis científicos que pongan sobre la mesa las causas de la contaminación del Mar Menor.
En paralelo, y en coordinación con la Fiscalía, la Unidad Central Operativa Medioambiental de la Guardia Civil (Ucoma) también ha requerido la colaboración de este grupo de investigadores. Ha solicitado los informes e incluso los agentes han visitado de forma conjunta los puntos en los que se han detectado emisiones ilegales de aguas residuales, aliviaderos de depuradoras y otros puntos de interés. Los agentes han pedido también que se les haga llegar los informes actualizados que mes a mes actualizan los científicos con la toma de nuevos datos. De hecho, hace apenas un mes un oficial de la Benemérita visitó con sus agentes los puntos que les señalaron los investigadores.
Causas de la 'Sopa verde'
En poder de la Fiscalía y la Guardia Civil obran cuatro informes, que se actualizan con las nuevas mediciones: dos elaborados por Agroingenieros por el Mar Menor, colectivo de 250 ingenieros del Campo de Cartagena, y otro por el doctor Jesús Cisneros, oceanógrafo de la Universidad de Las Palmas experto en contaminación de aguas costeras y colaborador en proyectos internacionales de enorme calado, como el saneamiento de la laguna de Venecia. El cuarto documento es un anexo reciente a los trabajos de Agroingenieros. Esta vez está hecho con datos tomados en tierra y aporta incluso fotos de aliviaderos tirando aguas residuales al Mar Menor.
Los informes apuntan a varias causas para la degradación del Mar Menor: la presión urbanística (los municipios triplican su población en los meses vacacionales); los residuos procedentes de la actividad minera de La Unión y Cartagena; la falta de redimensionamiento de las estaciones depuradoras y deficiente estado de la red de alcantarillado de los municipios ribereños; las DANAs, cuya contención depende de la realización de infraestructuras hidráulicas; las playas artificiales; el ensanche y dragado del canal del Estacio; los puertos deportivos y diques (hay uno cada 10 km), y, por último, las actividades agrícolas (aportan como nutriente al nitrato, cuyo principal estocaje se encuentra en el acuífero cuaternario) y ganaderas (aporta nutrientes y materia orgánica) en la cuenca vertiente.
De todos estos factores, se concluye que la mala situación del alcantarillado es determinante en la degradación ambiental que desde el año 2016 sufre el Mar Menor, dado que las aguas residuales procedentes de la actividad humana contienen los elementos químicos imprescindibles (fósforo, amonio y materia orgánica) para el crecimiento del fitoplancton, que da lugar a las crisis distróficas y a los episodios de mortandad de peces por hipoxia y/o anoxia. El fósforo es el elemento limitante del buen estado lagunar.
La falta de redimensionamiento de las estaciones depuradoras, el deficiente estado de la red de alcantarillado de los municipios ribereños y la existencia de urbanizaciones y núcleos de población sin conectar a la red de saneamiento suponen una supuesta falta de celo o dejación por parte de las Administraciones locales, que son las competentes en esta materia. De hecho, según los informes, de un total de 1.200 km de tuberías, tan sólo el 1% está reparado.
