El juez del caso Villarejo ha cursado ya una petición al Consejo de Ministros para que permita al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez declarar en la pieza que investiga el presunto espionaje a Bárcenas sin las limitaciones que le impone la legislación de secretos oficiales. Según informan fuentes jurídicas, el magistrado ha pedido al Ejecutivo en un escrito firmado este miércoles levantar ese veto antes de citarle de nuevo en la llamada pieza Kitchen.
Este trámite parte de una petición del propio exnúmero dos de Interior, que el pasado mes de marzo le pidió al juez por escrito poder declarar sin cortapisas en este caso. Eso a pesar de que él niega la existencia de una trama policial para requisarle al extesorero del PP información comprometedora para el partido sin control judicial. Eso es lo que se investiga en este caso en el que el Juzgado y la Fiscalía creen que se usaron fondos reservados para pagar, entre otras cosas, los servicios prestados al chófer de Luis Bárcenas.
Francisco Martínez es hasta ahora el único político investigado en la macrocausa sobre las actividades del polémico comisario José Villarejo, en prisión provisional desde 2017 acusado de diversos delitos. Martínez se acogió a su derecho a no declarar tras una primera citación en enero. Entre las leyes sobre las que pide la dispensa para prestar testimonio sobre información que está legalmente clasificada alude, de forma literal, al artículo 5.1 de la Ley 11/2002 que regula la actividad del espionaje español.
Una declaración clave
Este punto establece, en concreto, que las actividades del CNI y sus fuentes de información están clasificadas "con el grado de secreto, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora de los secretos oficiales". Francisco Martinez fue entre 2012 y 2016 el número dos del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. De lo que declare ante el juez dependerá que el caso siga escalando en las presuntas responsabilidades de aquel Ministerio, sin descartar que el propio Fernández Díaz acabe imputado, según fuentes de la investigación.
En marzo pasado, el juez envió a la casa de Martínez a la Policía, que se incautó de un acta notarial en la que este excargo de Interior había registrado mensajes que se intercambió con el exministro Jorge Fernández Díaz. Lo previsible es que el Consejo de Ministros otorgue esa autorización como ha venido haciendo en los casos de otros investigados en la causa que han solicitado la misma dispensa.
Este movimiento del juez se produce después de que el 26 de junio pidiese opinión a la Abogacía del Estado, a la que le abrió además las puertas de la pieza Kitchen para personarse al entender que el Estado resultó perjudicado por el mal uso de los fondos reservados. El magistrado quiso conocer el parecer de los servicios jurídicos del Estado respecto a la petición del exsecretario de poder declarar sin limitaciones. Las fuentes jurídicas consultadas informan que la Abogacía del Estado ya ha contestado al Juzgado.
