La UCO ha analizado varios miles de correos electrónicos incautados en la Diputación de Badajoz para investigar si se cometió alguna irregularidad con el contrato al hermano de Pedro Sánchez. Sin embargo, no ha podido acceder a las cuentas personales que algunos de los investigados emplearon para asuntos profesionales. Es el caso del presidente del ente, Miguel Gallardo, que tiró de dos cuentas ajenas al organismo para comentar cuestiones relacionadas con la creación de la plaza de David Sánchez, como es la relativa a la modificación del presupuesto para el año 2017.
En su informe recién aportado al juzgado, la Guardia Civil explica que se han estudiado las cuentas de David Sánchez, del presidente de la Diputación y de otros siete altos cargos del organismo desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2022. Los agentes pusieron el foco en todo lo relativo a la creación del puesto de coordinador de actividades de Conservatorio que se adjudicó al hermano del líder del PSOE en julio de 2017. De estas evidencias se desprende que se modificaron las partidas para incluir esta plaza, pese a que los conservatorios no la consideraban necesaria y pese a que tres días antes de cambiar los presupuestos Gallardo apuntó en un correo que el gasto dedicado a personal era excesivo.
El oficio, que descarta indicios de un incremento patrimonial injustificado, matiza que hay ciertos documentos relacionados con esta causa a los que no ha podido acceder porque figuran en cuentas de correo ajenas a las que se solicitó incautar. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, autorizó el análisis primero de nueve cuentas de correo corporativas y, después, de otras cinco más tras apuntar la UCO que podrían haberse llevado "actos preparatorios" para crear y adjudicar este puesto de trabajo al hermano del líder del PSOE. En concreto, autorizó todas las que incluyen el dominio @dip-badajoz.es.
"Cuestión destacable"
Del estudio de las mismas la UCO advirtió que el presidente de la Diputación de Badajoz apenas empleó en ese intervalo de tiempo su cuenta oficial, sino que se comunicaba desde otra relativa a la alcaldía de Villanueva de la Serena (cargo que ocupó desde junio de 2003 hasta marzo de este año) y de una tercera de gmail. En un primer oficio remitido a finales de septiembre a la juez, la UCO explicó que no se había podido acceder a estas cuentas, motivo por el cual la instructora autorizó, en una segunda tanda, la intervención del correo sobre la alcaldía de Villanueva de la Serena.
"Del análisis de las distintas cuentas de correo electrónico aprehendidas en el marco de la presente investigación, se han detectado otras cuentas de correo vinculadas a Miguel Ángel Gallardo con las que habría establecido comunicaciones, cuestión destacable teniendo en cuenta que, entre los años 2016-2020 no se ha detectado apenas actividad en la cuenta que está siendo analizada", expuso la UCO. Los agentes llaman la atención que en la cuenta oficial de la Diputación de su presidente "no se registran correos" en los años 2018 y 2019; esto es, en la primera legislatura de su mandato.
Por todo ello, y tras conseguir la luz verde de la juez, volcaron el contenido de la cuenta que usaba mientras fue alcalde de Villanueva de la Serena. Para ello se ordenó la entrada y registro del Ayuntamiento el pasado 24 de septiembre y se acordó que se requisaran todas las comunicaciones intercambiadas con este dominio entre el 1 de agosto de 2016 y el 31 de julio de 2017.Tras conseguir autorización para acceder a los servidores de la empresa que gestiona este dominio, la UCO pudo confirmar que encontraron 695 'mails'. Aunque del año 2016 no hallaron nada llamativo, en 2017 sí identificaron comunicaciones que han añadido a este informe.
En concreto, el 3 de mayo de ese año recibió un mail que se corresponde con una cadena de correos electrónicos precedentes. En ellos la entonces directora de Recursos Humanos de la Diputación, Juana Cintas, solicitó a otro empleado de este área información relativa a los tiempos estimados para la convocatoria de un puesto directivo. Este trabajador le explicó que en mayo se podría estar aprobando el decreto de convocatoria del cargo y en junio ya tomaría posesión del mismo. "Si no hay excluidos, no hay plazo de reclamaciones y el plazo total se puede acortar en unos cinco días", expuso. Dicho mensaje se lo trasladó Cintas al presidente de la Diputación.
Correos personales no accesibles
Al margen de ello, el cargo público ahora imputado utilizó también su cuenta personal de gmail en conversaciones con la entonces directora del área de Cultura, Elisa Moriano. Una de ellas se remonta al 5 de octubre de 2016 y es la relativa al personal que se solicitaba para el área de cultura. Los agentes en ese caso sí pueden identificar el contenido de la conversación porque la alto cargo le escribe desde su cuenta oficial. "No puedo abrir el archivo adjunto mándamelo en pdf pero me parece q pedís mucho personal", respondió el presidente de la Diputación a la solicitud. La UCO destaca que, pese a las reticencias mostradas, cuatro días después se cambió de criterio y se introdujo las bases para crear la plaza que se adjudicó el hermano de Sánchez.
Cabe destacar al respecto que esta plaza se impulsó pese a que los propios directores de los conservatorios precisaron que tenían otras prioridades necesarias antes que la puesta en marcha de este puesto mientras que, el sindicato CSIF denunció que saliera esta vacante como un puesto de alta dirección, dado que este mismo cargo lo ejerció un funcionario ya jubilado y era del subgrupo A2.
La incautación de estos miles de correos corporativos puso en pie de guerra a los investigados, los cuáles recurrieron la medida alegando que se vulneraban derechos fundamentales con el acceso a sus comunicaciones. Sin embargo, la juez la mantuvo al considerar que era una diligencia proporcionada y necesaria para el fin de la investigación; mismo criterio que compartió la Audiencia Provincial de Badajoz al resolver el recurso del cargo socialista en la Diputación de Badajoz, Francisco Martos Ortiz. En este caso los magistrados explicaron que el límite temporal estaba perfectamente delimitado, puesto que va desde la creación de la plaza hasta su adjudicación, y respaldó el criterio de la instructora, negando vulneración alguna de derechos.
