En ocasiones, la montaña va hacia Mahoma y no al revés. Algo así sucede con el fenómeno Eurovegas: poco a poco, las condiciones para que el magnate del ocio Sheldon G. Adelson acople su macrocomplejo en Madrid se van despejando. El jueves fue el Gobierno quien dio un espaldarazo al proyecto, y eso que el equipo de Rajoy, a diferencia del Ejecutivo madrileño, nunca ha demostrado en público demasiado entusiasmo por Eurovegas. El Consejo de Ministros aprobó que los ayuntamientos puedan bonificar en adelante hasta el 95% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en el caso de edificios “en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento de empleo”. Y Adelson ha prometido muchos, muchísimos empleos: más de 250.000 puestos de trabajo nada menos. Anteayer, la sombra de Eurovegas planeó sobre el Edificio Portavoz, en Moncloa.
Se trata de la enésima victoria de la carrera de Adelson, un empresario ultraconservador de Boston que logró reflotar su imperio del juego en Las Vegas con inversiones espectaculares y polémicas en las remotas Macao (China) y Singapur. Una victoria rotunda: Adelson lanzó un arriesgado órdago al PP, y el PP ha cedido parcialmente. El magnate estadounidense reclamaba, cuentan fuentes conocedoras de la negociación, una amnistía fiscal de 10 años para cualquier tipo de tributo municipal o autonómico; de momento, ha arrancado de Rajoy un ahorro importante con relación al IBI, siempre y cuando el Ayuntamiento de turno le quiera bonificar. Y nada hace presagiar que el alcalde de la localidad con más opciones de que le toque la quiniela, el alcorconero David Pérez García, aguirrista hasta la médula, no lo hará.
Las negociaciones, encarnadas por Jaime García-Legaz, encararon el dilema de complacer a Adelson o perder la inversión de 15.000 millones.
¿Cuándo decidió Rajoy doblar un poquito el espinazo ante Adelson? Probablemente este mes, aunque imposible precisar si fue antes del 7 de septiembre, cuando Las Vegas Sands, propiedad del magnate, confirmó su elección por Madrid. Las negociaciones gubernamentales, delegadas en la figura del secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, tuvieron que encarar el dilema de contentar a un acaudalado que promete una generosa inversión de, como mínimo, 15.000 millones de euros si se complace alguna de sus peticiones. Y la fórmula del IBI anunciada el jueves pasa por ser un guiño en toda regla.
Aunque todo son cábalas, es fácil imaginar que el IBI aplicado sobre seis casinos, 12 resorts, un palacio de convenciones gigante o varios campos de golf no iba a ser moco de pavo. Hasta ahora, y a no ser que súbitamente Ignacio González cambie de aviso, el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha mostrado proclive a conceder a Adelson todo cuanto pide. González, como Aguirre hace un par de semanas, tiene un poderoso aliado en la batalla por Eurovegas: María Dolores de Cospedal, la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, que ha visto en el proyecto un filón de puestos de trabajo capaz de aliviar la situación de su comunidad, asfixiada por el paro y los recortes.
En Génova impera el silencio ante el fiasco que resultaría un proyecto amnistiado que luego acabase en una bomba de humo, con el añadido de tener que rivalizar con otros complejos a futuro como Barcelona World de Artur Mas y Enrique Bañuelos, y el Paramount Park de Ramón Valcárcel y el ínclito Jesús Samper. También hay miedo a que Adelson frene su inversión en seco o, por el contrario, pida demasiado, tan malacostumbrado como le tienen los países donde se sustenta su imperio del azar.
