Las mujeres solo suponen el 7,2% de la población reclusa de nuestro país. Aun así, a Unidas Podemos le parece imprescindible generalizar en todas las actuaciones penitenciarias la perspectiva de género y el lenguaje inclusivo, tal y como defienden en una proposición no de ley (PNL) registrada en la Comisión de Interior. Lo hace en un momento especialmente complicado para las instituciones penitenciarias desde el punto de vista sanitario, tal y como denuncia el sindicato médico CESM Prisiones, y tras anunciar que votará en contra de la propuesta del PP para endurecer las penas de los asesinos que ocultan el cadáver de sus víctimas y que se niegan a advertir de su paradero.
Casi un 60% de las plazas de los médicos de prisiones están sin cubrir, "hay interinos sin titulación, se firman contratos de dudosa legalidad, hay guardias sin cubrir, centros en los que solamente se atienden urgencias, profesionales en precario, quemados, desmotivados y mal pagados", denuncian desde el sindicato. Mientras el sector adolece desde años con este problema, que estallará más pronto que tarde, en el partido morado ponen el foco en el "empoderamiento feminista y el fomento del respeto a la diversidad afectivo-sexual mediante programas para las personas privadas de libertad".
Podemos busca instar al Gobierno a "generalizar en todas las actuaciones penitenciarias la perspectiva de género, el lenguaje inclusivo y los planes de formación para el personal penitenciario". Según los últimos datos del Ministerio del Interior, la población reclusa en nuestro país se sitúa en las 55.180 personas, de las cuales, 51.165 son hombres y 4.015 mujeres. Es decir, que el 93% de los reclusos españoles son hombres.
Podemos quiere "programas para el empoderamiento y autoconocimiento" de las mujeres presas
En cuanto a estas 4.015 mujeres en prisión, Unidas Podemos busca que el Ministerio del Interior cree "programas específicos para el empoderamiento y el autoconocimiento en las mujeres privadas de libertad". "Sólo en 2021 se contabilizaron 44 mujeres víctimas de violencia machista", lamenta Podemos en su PNL. "Según el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2020, hay un total de 4.277 hombres en prisión por delitos y faltas de violencia de género", añade.
Podemos también se refiere a la población LGTBI y pide "crear programas específicos para el fomento del respeto a la diversidad afectivo-sexual y a los colectivos LGTBI" en las cárceles españolas. "Según datos de 2020 de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA), en España el 42% de las personas LGTBI se han sentido discriminadas en el último año".
Falta de médicos y salud mental
Mientras Podemos se centra en estas reivindicaciones, el sistema penitenciario padece un grave problema: la falta de personal médico. Pedro A. Martínez, responsable de CESM Prisiones, señala que hay alrededor de 210 médicos activos en las prisiones españolas. Esto hace una media de 262 prisioneros por médico, con el añadido de que la población reclusa está, en gran parte, asociada a problemas de adicciones o salud mental.
Preguntado sobre cuáles son los problemas más acuciantes de nuestro sistema penitenciario, Martínez no cita en ningún momento "la perspectiva de género" o la necesidad de impulsar el "lenguaje inclusivo": "Los problemas acuciantes de las prisiones son las drogas, la salud mental y la falta de sanitarios para tratarlos".
Más de un 70% de los reclusos tiene antecedentes de toxicomanía
El panorama en los centros penitenciarios, según los datos que aporta Martínez, es desolador; la infección por VIH es diez veces superior a la media nacional; existe más de un 70% de personas con antecedentes de toxicomanía, agotamiento pandémico, y una escalada de pacientes con problemas de salud mental. Sobre este último punto, Martínez apunta que "según numerosos estudios, más del 85% de los pacientes ha presentado problemas de salud mental a lo largo de su vida, más del 50% los presenta en la actualidad, y pueden ser incluso más si añadimos los casos de trastornos por uso de sustancias, de ellas casi un 8% con trastorno mental grave y muchos sin diagnosticar por falta de personal".
Afrontar esta demanda con solo el 40% del personal requerido es una tarea casi imposible. El sindicato médico denuncia que la Administración General del Estado lleva 19 años incumpliendo la ley al negarse a igualar las retribuciones de estos médicos con las de Atención Primaria. Precisamente, el bajo salario de estos facultativos es el que impide que se cubran todas las plazas, y haya una escasez cada vez mayor de sanitarios en las prisiones españolas.
