El Gobierno, los partidos políticos, los sindicatos y los medios de comunicación, son las instituciones que menos confianza generan entre los ciudadanos, frente a la Constitución o la Justicia, que se sitúan entre las mejor valoradas, según la IV Encuesta de Tendencias Sociales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En relación a la confianza en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, esta cae al mínimo, con casi la mitad de los encuestados concediéndole la puntaución má sbaja.
Según el estudio, realizado entre el 8 y el 14 de noviembre sobre una muestra de 3.801 entrevistas, una vez ocurrida la catástrofe de la DANA, el 42,7% de los españoles reconoce que su confianza en el Gobierno está en mínimos, y la puntúa con un 1 sobre 10, siendo 10 la nota de confianza máxima, y el 1 la mínima.
Un 41,9% de los encuestados da esa misma nota mínima de confianza a los partidos políticos, y un 38,7% a sindicatos y el 33,7% del Parlamento. Un 62,7% dan al Gobierno una nota de entre 1 y 4, y frente al 37% que lo aprueban.
Las instituciones mejor valoradas por los españoles
En el otro extremo, la Constitución, la Justicia, las organizaciones empresariales y el Tribunal Constitucional son las instituciones mejor valoradas aunque todas ellas con notas discretas.
Un 42,6% de los encuestados suspenden su confianza en la justicia con notas que oscilan entre el 1 y el 4, frente al 56,9% que la aprueban, con una calificación de entre 5 y 10.
Dentro de cinco años, el 51,3% de los encuestados cree que su nivel de confianza en los partidos políticos será aún "menor que ahora", un 39,5% piensa lo mismo del Gobierno y un 37,4% de los sindicatos.
Las redes, entre lo que más influye a los ciudadanos
La encuesta también dice que lo que más ha influido en los últimos años en las opiniones políticas de los españoles, como votar o no votar, es el candidato en cuestión, las redes sociales, la televisión y la opinión del entorno (familia, amigos y conocidos).
A la pregunta si el Estado debe intervenir en la vida económica, el 64,8% está a favor si bien cuando se interpela sobre cómo sería esa intervención, el 82,1% la limita a determinados sectores de interés público y fijando orientaciones generales.
