La disolución de las Cortes no ha puesto fin a batalla protagonizada por PP y PSOE a lo largo de esta legislatura en el Congreso -cuando han ocupado el Gobierno y la oposición-. De hecho, la guerra parlamentaria de bloqueos, vetos e informes se ha agravado tras la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez de seguir aprobando decretos de contenido social durante la precampaña. Y además, ahora implica a la Junta Electoral Central (JEC).
El Partido Popular que dirige Pablo Casado amagó con recurrir los decretos el órgano encargado de velar por el cumplimiento estricto de la normativa electoral que prohíbe, por ejemplo, actos de inauguración o campañas institucionales para 'vender' los logros del mandato.
Pero ante las pocas posibilidades de que la JEC dicte nada sobre el derecho del Gobierno a aprobar decretos mientras no esté en funciones, los populares han pedido al órgano que prohíba las tradicionales ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros de los viernes, donde entienden que los socialistas colocarán mensajes "electoralistas" con la aprobación de decretos de "marcado contenido político y social".
El Ejecutivo, por su parte, tiene de plazo hasta este jueves a la una de la tarde para presentar sus alegaciones contra la queja elevada por los populares. Desde Moncloa señalan que han "actuado en todo momento de acuerdo con la ley" y no tienen duda de que "así lo determinará la Junta Electoral Central". Sin embargo, en el seno del Ejecutivo empiezan a replantearse la estrategia bautizada por algún ministro como "los viernes sociales".
Defienden, eso sí, que las ruedas de prensa que se celebran "son, desde el comienzo de la democracia, el canal oficial de comunicación del Gobierno con la opinión pública, a través del cual se transmiten y explican cada semana, también en períodos preelectorales, las medidas adoptadas por éste en el desempeño de su labor constitucional".
Sin embargo, antes de llevar los decretos ante el Tribunal Constitucional, los populares buscan una estrategia para boicotear la convalidación de los mismos en la Diputación Permanente de la Cámara Baja, el único órgano que sigue activo cuando las Cortes están disueltas.
La todavía presidenta Ana Pastor (PP) ha pedido un informe jurídico a los letrados para determinar si los eventuales decretos a convalidar pueden ser tramitados como proyectos de Ley. Es decir, el mecanismo que permite a los grupos políticos introducir enmiendas en el texto remitido por el Gobierno. El artículo 151.5 del Reglamento del Congreso recoge esta posibilidad, que ha sido rechazada en ocasiones anteriores donde se ha planteado en la Diputación Permanente.
En cualquier caso, la aprobación de decretos debería responder, según la Constitución, a criterios de extraordinaria y urgente necesidad. Pero lo que existe es una programación anunciada, siendo evidente que, por la naturaleza, efectos y alcance de la medida, puede ejercer una influencia sobre el voto de mucha mayor intensidad que en los casos de los actos descritos en el artículo 50 de la LOREG.
