La Sala Segunda del Tribunal Supremo decidirá a partir de este martes si hace caso a la defensa de Iñaki Urdangarin y rebaja o anula la pena de 6 años y tres meses por la que fue condenado en febrero de 2017 por la Audiencia Provincial de Islas Baleares, o por el contrario la mantiene o incluso la eleva hasta los 10 años, tal y como reclamó la fiscal del Alto Tribunal encargada del 'caso Nóos', Ángeles Garrido Lorenzo.
Fuentes del procedimiento han asegurado a Vozpópuli que si la defensa de Urdangarin consigue que el Tribunal Supremo rebaje cuatro meses la pena del cuñado del rey, la misma se situaría por debajo de los 6 años, cifra a partir de la cual los condenados suelen ingresar en prisión a la espera de una decisión del Tribunal Constitucional sobre los posibles recursos.
Por debajo de esos 6 años, los recurrentes podrían permanecer en libertad a la espera de que los magistrados del Constitucional decidan sobre si se han vulnerado los derechos constitucionales de los condenados en las sentencias de la Audiencia Provincial de Islas Baleares y del Tribunal Supremo.
Cinco delitos
En concreto, Urdangarin fue condenado por la Audiencia de Palma por un delito continuado de prevaricación (2 años y 8 meses), por fraude a la administración (7 meses), tráfico de influencias (1 año), y dos delitos contra la Hacienda Pública (un año de cárcel por cada delito). Por el contrario, le absolvió de los delitos de tráfico de influencias, falsificación de documento mercantil, malversación y fraude.
Por eso, si el Supremo anulara alguno de los delitos, o si incluso rebajara cuatro meses cualquiera de las penas individualizadas, Urdangarin podría eludir, aunque sólo fuera de forma temporal, un ingreso en prisión, que de todas formas tendría que dictaminar el tribunal sentenciador, en este caso la Audiencia Provincial de Islas Baleares.
Motor del delito
La fiscal del Supremo, que en la vista justificó su petición de elevar la pena de Urdangarin y de Diego Torres porque ambos fueron "el motor" del delito, explicó a los magistrados que estos dos acusados fueron las personas de las que partió la "iniciativa" para cometer los delitos, y que además fueron los "instigadores de la corrupción que se produjo en los funcionarios públicos".
El ministerio público también reclamó un aumento de la pena de 4 años para Diego Torres, que fue objeto de una condena de ocho años de cárcel por la Audiencia de Palma.
Sin embargo, la absolución de Cristina de Borbón no es posible modificarla, ya que ni la Fiscalía ni las acusaciones lo reclamaron en la vista pública celebrada en marzo en el Tribunal Supremo. Sí podría elevarse la pena civil, que deberá abonar de forma solidaria junto a su marido.
