Pedro Sánchez ha iniciado su enésimo giro en la relación de dependencia que mantiene el PSOE con los partidos independentistas catalanes. El presidente del Gobierno ha aparcado la reforma de los delitos de sedición y rebelión, que se comprometió a reformar este año, y ha enfriado la mesa de diálogo con la Generalitat. El Ejecutivo ha optado por jugar al despiste con la presencia de Sánchez en ese encuentro. La reunión está prevista para la tercera semana de septiembre. Y el presidente catalán, Pere Aragonés, da por supuesto que asistirá Sánchez.
El presidente arranca el curso político este miércoles en otro de esos actos marca de la casa ante el Ibex, agentes sociales y representantes de la sociedad civil, pero sin responder preguntas a los medios de comunicación. En él presentará los objetivos legislativos de este último trimestre del 2021, centrados en la llegada de los fondos europeos y la "recuperación económica".
Cataluña ha pasado a un segundo plano después de la concesión de los indultos a los líderes del proceso separatista antes del verano. El Gobierno ha relegado la modificación de los delitos de sedición y rebelión, a pesar de que se comprometió a reformar el Código Penal antes de que acabase este año.
Sánchez enfría la mesa de diálogo
Sánchez trata de poner distancia con el independentismo catalán, al que recurrió para sostener la legislatura tras el batacazo electoral del PSOE el 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Uno de los compromisos fue la reactivación de la mesa de diálogo con la Generalitat, en la que el separatismo busca un referéndum de autodeterminación.
La reunión de Sánchez y Aragonés en La Moncloa a finales de junio fue un espaldarazo a las aspiraciones independentistas. Además de la mesa de diálogo, las dos partes abrieron una negociación paralela para conseguir más transferencias del Estado y fortalecer el autogobierno catalán. Sánchez planteó como solución la recuperación de las partes eliminadas por el Tribunal Constitucional del Estatut de Cataluña.
Los indultos, estas cesiones y la victoria del PP en Madrid han provocado un importante retroceso del PSOE en las encuestas. El presidente ya emitió señales del giro que busca en su política catalana con la crisis de Gobierno que desató en julio. Sánchez degradó contra todo pronóstico a Miquel Iceta -de ministro de Política Territorial a titular Cultura-, y cesó al ministro de Justicia de los indultos, Juan Carlos Campo. Fue Campo también quién se comprometió públicamente a la reforma de la sedición y la rebelión. Además, sustituyó a Iván Redondo por Óscar López al frente de su Gabinete.
El Gobierno busca ahora enfriar las expectativas del foro con la Generalitat. La fecha prevista del encuentro es la tercera semana de septiembre, después de la Diada del 11 de septiembre. Mientras Pere Aragonés insiste en que contará con la presencia de Sánchez, el presidente juega al despiste.
La Constitución como límite
La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, no ha sido clara tras una pregunta directa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Rodríguez ha dicho que el compromiso del Gobierno con esta mesa y el "reencuentro" con Cataluña es claro. Pero ha dejado entrever que el presidente ya acudió a la primera reunión, que tuvo lugar antes de la pandemia del coronavirus y con Quim Torra como president en febrero del 2020.
Fuentes del Gobierno admiten a Vozpópuli que no se ha querido aclarar la posible asistencia de Sánchez de forma deliberada. De hecho, el Ejecutivo ha dado un toque público a Aragonés, que fijó el año 2030 como fecha límite para un plebiscito. Rodríguez ha respondido que no es la mejor manera de comenzar la negociación. "El camino no es indicar horizontes para la independencia", ha dicho la portavoz.
De hecho, el Gobierno ha vuelto a recuperar la Constitución como límite, a pesar de que la Generalitat dice que sus objetivos son la "autodeterminación y la amnistía". "Este no es el camino del diálogo, esto no es el lugar y la forma en que queremos transitar con Cataluña", ha afirmado Rodríguez. "Ninguna Constitución europea reconoce la desintegración de los territorios, tampoco lo hace la Constitución española".
